Migrantes en BC: Los abusos, el servilismo, la desinformación y el sometimiento de los albergues civiles

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Es oficial, definitivo y contrario a lo que dijo en Baja California, a mediados de junio, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. No habrá de momento soporte federal para los 35 albergues que operan diversas organizaciones de la sociedad civil.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: Caravana migrante llega a Tijuana (Animal Político).

Ensenada, B.C., 2 de agosto del 2019.- Lo confirmó en Mexicali el jueves 1 de agosto el delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien precisó que la causa para negar la ayuda a los refugios es que algunos de ellos desviaron apoyos del gobierno.

Como ha sucedido en diversas ocasiones en que se acusa de corrupción a las organizaciones de la sociedad civil que reciben ayuda de la federación, el funcionario no dio los nombres de los presuntos criminales, pero al menos dio las gracias a los albergues que atienden por años lo que el gobierno dejó de hacer.

“Por eso (la presunta corrupción de algunos refugios civiles) se eliminó la totalidad de los apoyos, pero agradezco a estas organizaciones por haber atendido este fenómeno que corresponde al gobierno federal enfrentar”, dijo en la capital del estado.

La declaración del superdelegado se dio una semana después de que el Colectivo de Monitoreo y Observación Migratoria que integran 6 organizaciones civiles binacionales que trabajan en el tema de los desplazamientos de personas, presentó los resultados de su primera inspección al estado que guarda en la frontera bajacaliforniana el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, las medidas de fortalecimiento de control migratorio del gobierno de México, y el anuncio del despliegue de la Guardia Nacional (GN) en Tijuana.

Trump ordena, gobierno mexicano se somete (Foto: AP).

Por mis pistolas

También se sumó la oposición del Consejo de Seguridad Escolar de la Tercera Etapa del Río Tijuana, a la instalación de un mega albergue oficial en el Bazar Insurgentes para 4 mil migrantes retornados y asilados, porque no se le proporcionó información básica oportuna de cómo y por qué funcionará ese refugio.

Roberto Haro, representante del consejo que representa a 25 instituciones educativas públicas y privadas, y al menos a 15 mil estudiantes que diariamente transitan en las cercanías del bazar, uno de dos mega albergues que el gobierno federal instalará en Tijuana, manifestó la negativa del grupo a la instalación del hospedaje en el almacén.

Las escuelas tienen un pliego petitorio que incluye la solicitud de información concerniente a la temporalidad del albergue, el nombre de los responsables de la alimentación y la recolección de la basura, y las condiciones básicas de operatividad.

“No conocemos qué acciones adoptarán para garantizar la seguridad tanto de la comunidad estudiantil como de los migrantes, quiénes son las autoridades responsables del inmueble y si cuentan con los permisos correspondientes para instalarse, ya que hasta el momento son documentos que no han exhibido”, dijo Roberto Haro en rueda de prensa el jueves 1 de agosto.

A este cuestionamiento Ruiz Uribe aceptó que la habilitación del refugio no tiene el consentimiento del Consejo de Seguridad Escolar y éste no fue consultado previamente sobre el tema.

También informó tres cosas:

1.- Que la posibilidad de instalar el resguardo en el bazar en el transcurso de los dos próximos meses, es “muy alta”; 2.- que su operación no representará riesgos sanitarios o de seguridad pública para la población de la zona; 3.- que el gobierno federal ya valora otras opciones, por lo que en breve confirmará el nombre y la ubicación del resguardo.

En el último tema dijo que una de las alternativas que analiza la federación es rentar naves industriales en la ciudad fronteriza, lo que contrasta con su negativa de no dar ningún tipo de apoyo a los 35 albergues civiles que operan en la entidad y que tienen al menos 8 meses solicitando el auxilio del gobierno para seguir trabajando en una situación de aumento de la migración de todo tipo.

En Tijuana, Alejandro Encinas hizo anuncio… Hasta hoy, sólo eso: anuncios (Foto: Segob)

Dimes y diretes

El 17 de junio, durante una visita de trabajo a Tijuana en donde participó en el Foro de Personas Desaparecidas que organizó la Asociación Unidos por los Desaparecidos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Baja California, Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración reveló que todos los albergues para migrantes que trabajan en el país serían revisados por gobierno federal para determinar el presupuesto que se les asignaría una vez que sean depurados.

Afirmó también que los recursos económicos que se proporcionarían a los albergues comenzarían a fluir a los centros sociales de apoyo a los migrantes a partir de esa semana, pero no dio cifras ni fechas específicas para el arranque del programa de soporte a las organizaciones civiles.

Vamos a hacer una revisión integral de todos los albergues que operan en el país, no solamente en la frontera porque los albergues para la población migrante los tenemos en todos los estados de la República; y va a haber unas especificaciones, pero una atención particular a la frontera Norte”, declaró el funcionario.

Pero el jueves 1 de agosto, en Mexicali, el superdelegado Ruiz Uribe emitió declaraciones contradictorias con lo dicho con el Subsecretario Encinas, e incluso confusas para los periodistas locales.

Algunos medios como El Sol de Tijuana, Uniradio Informa, El Imparcial y La Voz de la Frontera destacaron que el funcionario afirmó que la federación ya no entregaría recursos a los albergues civiles –“nada de nada”, dijeron algunos acreditando el dicho a Ruiz Uribe-, pero otros como Zeta y AFN Noticias establecieron que sí se darían los apoyos, aunque ello aparentemente ocurriría más adelante.

Ruiz Uribe igualmente manifestó dudas respecto a que la red de albergues civiles pudiera estar rebasada por la presencia de los migrantes, pero estableció que el gobierno federal creará un albergue permanente en Mexicali, como lo intenta hacer en Tijuana, para atender a los solicitantes de asilo en los Estados Unidos y regresados a México en tanto esperan ser atendidos por las autoridades migratorias norteamericanas.

Respecto al movimiento de migrantes y solicitantes de asilo en la entidad, el ex perredista declaró que, a Mexicali, donde aún no se tiene definido el lugar donde se instalará el mega albergue oficial porque su situación migratoria “no es crítica”, retornan entre 60 a 80 personas diarias.

Y sobre la peligrosidad de las personas en tránsito migratorio, consideró:

“Déjenme decirles, los números no mienten; no vemos a centroamericanos en las calles delinquiendo; más bien creo que ellos son los que se sienten inseguros por los índices de que aún tenemos aquí en Baja California.”

Y reveló que no todos se quieren ir a vivir a un albergue.

“Los hemos medido estadísticamente. Unos, como tienen cita -del programa de asilo- hasta diciembre, están regresando de su lugar de origen para (luego) regresar.” 

En ese contexto, adelantó que en Baja California se pondrá en marcha una logística especial para evitar contingencias como las que se presentaron en las caravanas centroamericanas

“Estará muy marcada cada una de las tareas: el Seguro Social estará a cargo de la asistencia médica; la Guardia Nacional nos apoyará en la seguridad del inmueble y los alrededores; la permanencia de los migrantes será temporal y muchos de ellos seguramente encontrarán trabajo.”

Migrantes tendrán todo: la promesa (Foto: Reuters).

Los serviles

Es precisamente esta clara colaboración del gobierno de México para atender y detener el flujo migratorio a petición expresa de los Estados Unidos, la que reactivó de manera urgente el trabajo de monitoreo de los derechos humanos en Tijuana y, en su caso, denunciar actos u omisiones de las distintas autoridades.

El 21 de julio, el Colectivo de Monitoreo y Observación Migratoria que forman Aldeas Infantiles S.O.S., México; American Friends Service Committe (AFSC), Oficina Regional para América Latina y el Caribe; Asylum Accces, México (AAMX); Espacio Migrante; Families Belong Together, México; y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, emitió siete Observaciones y tres Recomendaciones para Baja California.

En las primeras destacan su preocupación, alarma e incertidumbre por las facultades de revisión migratoria que la Ley de la Guardia Nacional les otorga a sus elementos, en virtud de que se desconoce su formación y capacitación en materia de derechos humanos.

También por el agravamiento de los actos de hostigamiento a los migrantes en la medida en que la política migratoria se intensifica, así como por el clima de mayor enemistad en la opinión pública que apoya la visión de contención migratoria que se está implementando en Baja California y el resto del país.

“Nos preocupa la discriminación y el perfilamiento racial en las verificaciones migratorios en Tijuana (…) Y es preocupante la sistemática violación al derecho de asilo que se desprende de los operativos de revisión migratoria.”

La ira xenofóbica en Tijuana (Facebook).

Los abusos

Citaron ejemplos. En la Central de Autobuses de Tijuana, en los días 7 y 15 de julio, se observó la presencia de elementos del Ejército, la Marina y Agentes de Migración en operativos de revisión indiscriminada tanto a los pasajeros que estaban en el interior de los autobuses, como a quienes se encontraban en sala de espera.

Otro hecho documentado fue el sábado 29 de junio en la zona de Playas de Tijuana. Tres personas que transitaban en la calle -dos mexicanos y un haitiano- fueron abordados por dos agentes migratorios en compañía del Ejercito. Solo al caribeño se le solicito documentación. Presentó un oficio de salida vencido por lo que fue detenido y enviado a la Estación Migratoria de Tijuana por tres días.

Después de argumentar que actualmente se encontraba en espera de realizar su petición de asilo a Estados Unidos, el detenido logró que Migración renovara el oficio de salida por 20 días más, los cuales son insuficientes por el largo periodo de espera en su trámite.

“Esta acción en particular nos preocupa por el perfilamiento racial con el que se dio el abordaje”, planteó en su reporte el colectivo.

No fue una historia única. Mencionan la verificación migratoria hacia cuatro personas centroamericanas que caminaban sobre la zona norte de la ciudad de Tijuana y, sin motivo aparente, fueron abordados por el personal del Instituto Nacional de Migración en compañía del Ejercito, quienes en la vía publica les pidieron sus identificaciones y permisos de estancia legal en México.

“Afortunadamente ellos contaban con sus tarjetas (visas) por razones humanitarias.”

También los agentes de Migración, el ejército y la marina la han emprendido en contra de los albergues y quienes los habitan. Narraron algunos casos.

Varios elementos del Ejército mexicano, junto con el Instituto Nacional de Migración (INAMI), tuvieron presencia en repetidas ocasiones en los alrededores del albergue Espacio Migrante, resaltando que el día viernes 28 de junio, unidades del Ejército y Migración se estacionaron durante 40 minutos frente al albergue, bajándose de sus unidades e inspeccionando el área, asomándose hacia el interior del lugar para finalmente retirarse.

Esta situación se repitió al día siguiente. En esa ocasión fue la unidad del INAMI la que se mantuvo con las puertas abiertas durante 10 minutos.

Si bien estas acciones no fueron visitas de verificación migratoria, la presencia de estos elementos impacta directamente en las familias albergadas, creando incertidumbre e inseguridad, provocando en los migrantes y sus familias temor de salir del albergue y ser cuestionados sobre su identidad y nacionalidad”, indican las organizaciones denunciantes.

Otros incidentes similares se registraron durante la semana del 24 al 28 de junio en el albergue Movimiento Juventud 2000, de la ciudad de Tijuana.

Directivos de la posada señalaron que agentes de migración y militares realizan rondines constantes y se quedan afuera del sitio por largos periodos de tiempo, coincidiendo en que estas acciones conjuntas “generan temor entre los albergados y preocupa que sea una práctica de intimidación que se normalice y agudice cuando más elementos de la Guardia Nacional se desplieguen en la ciudad.”

Marinos, versión verificadores de identidad (Foto: Síntesis TV)

Urge diálogo con la Guardia Nacional

Es por esto que urgieron al gobierno federal a implementar una estrategia de atención integral al problema migratorio que garantice la seguridad y la aplicación de medidas básicas para la población que retorna bajo Protocolos de Protección al Migrante, con especial énfasis en las familias y la niñez.

Y hacen un llamado urgente al diálogo con el mando a cargo de la Guardia Nacional en Baja California, para conocer el papel que desempeñarán respecto al contexto migratorio actual y tener conocimiento de su protocolo de actuación y sus objetivos.

En este sentido, el Comisario de la Segunda Coordinación Territorial de la Guardia Nacional que abarca los estados de Baja California Sur, Sonora y Baja California, General Edgar Segura Ruiz, precisó el 1 de agosto:

“Yo tengo tres misiones: la primera es básicamente el rescate humanitario, que es a nivel nacional, el segundo es de proximidad, y el tercero es atender los delitos federales que precisamente en las mesas de Seguridad es donde nos hacen conocimiento de que es lo que más les urge y cuál es el problema principal que tiene la comunidad.”

En concreto sobre el tema de las personas en calidad de desplazados, el militar subrayó que la Guardia Nacional se dedica básicamente al rescate de los migrantes.

“Si los encontramos abandonados, los ayudamos; si detectamos a un traficante de migrantes, en coordinación con el Ejército, la Armada e INAMI es detenido y llevado a las autoridades competentes.”

Y estableció que en la ciudad de Tijuana la guardia tiene 300, cifra variable porque, con el apoyo del Ejército y la Armada, “cada día estamos reclutando, además de que se suman más voluntarios del Ejército a la Guardia Nacional”.

Aprovechó para desmentir al gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, quien a través de un boletín estableció el martes 30 de julio que las actuales autoridades estatales y municipales estaban dejando “toda la carga” de la seguridad pública a la Guardia Nacional.

“No, no, no. Permanentemente, día a día, hay coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales (…) Estamos trabajando con las policías estatal y municipal, además del apoyo de las fuerzas armadas”, estableció para eliminar malentendidos y tergiversaciones con fines políticos.


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