Matrimonio gay

En el amparo 691/2012, el juez Décimo de Distrito en el estado de Chihuahua, José Juan Múzquiz Gómez, falló en favor de los quejosos que buscaron la protección de la justicia federal para que el Registro Civil de Chihuahua proceda a celebrar su unión matrimonial. Todo un triunfo judicial para abatir de una parte la discriminación homofóbica y darle, por otra, plena vigencia a la nueva visión derechohumanista de la Constitución General de la República.

Jaime García Chávez*/ A los Cuatro Vientos

En realidad estamos en presencia de una visión de los derechos que se abre paso día con día en todo el mundo y en nuestro país. En el lado contrario encontramos a la reacción política, a la derecha, a la iglesia católica ultramontana, siempre pendiente de las bragas y las sábanas para sobrevivir. Esta santa alianza nunca acabará de entender que la dignidad y los derechos de la persona están muy por encima del prejuicio y el fanatismo y que hay dos ámbitos que deben respetarse escrupulosamente: el del Estado con sus normas de aplicación inexcusable y el de las convicciones personales y religiosas, que asumidas en ese ámbito individual no tienen por qué obligar a todos a un comportamiento porque tal o cual “verdad” o “dogma” lo disponga.

 El fallo protector en el amparo no pudo llegar más oportunamente: para los quejosos que no tienen por qué continuar padeciendo la negativa a celebrar legal e institucionalmente estas uniones; también porque viene a desmentir, aunque no sea su propósito, la consagración que hace unos meses realizó César Duarte del estado de Chihuahua y en el ámbito de la iglesia católica. Cuando este funcionario, violando el Estado laico, lo entregó a la iglesia, en los hechos marcó la pauta para la intolerancia con el matrimonio gay, y por tanto, su probable afán de recurrir al fallo protector para que una instancia superior establezca como cosa juzgada lo que corresponde y que no será otra cosa que confirmar la sentencia del juez de distrito. La justicia federal tiene el encargo de proteger la constitucionalidad, la legalidad y la convencionalidad que rigen a este país como normas del más alto rango y si los derechos humanos son muy claros en esta materia, la aceptación suprema de que nadie puede ser discriminado por sus preferencias u orientaciones sexuales, hacen previsible por dónde caminará la justicia, a contrapelo de los fanatismos y las convicciones de los funcionarios públicos.

La Suprema Corte de Justicia autorizó uno de los tres matrimonios entre personas del mismo sexo que vienen reclamando su legalidad en Oaxaca desde el 2011.

Erra el camino Mario Trevizo Salazar, titular de la Cooooonsejería Jurídica del Estado, cuando dice que este es un asunto de minorías y cuando se saca de la manga el as de que el 90 por ciento de los ciudadanos de Chihuahua está en contra de los matrimonios homosexuales. ¿Conocerá este funcionario el nuevo mapa religioso y las encuestas serias que se hacen e involucran este tipo de temas? Por lo que dice, lo dudo. Lo que sí creo es que está como agente gubernamental en la disyuntiva de seguir alentando los fanatismos y los prejuicios, o decirle a su jefe que llegó la hora de abrirse al derecho humano, afecte o no a una minoría o a una mayoría, al derecho humano a ejercitar la orientación sexual que se prefiera y a tener un estado civil con todas las prerrogativas que se derivan de esto. Que se olvide de la consagración, más cuando hasta en la iglesia católica se está aceptando para el ejercicio del sacerdocio a hombres viudos, con hijos y presumiblemente que una vez renunciaron al celibato, porque a decir verdad la carne aparte de ser débil es deliciosa. Lo exigimos: salgan del mundo de las cavernas, no nos vengan con la cantaleta de que el 90 por ciento, de que los matrimonios son para la procreación, de que así lo quiere el PAN, el PRI y los obispos. Entiendan que el gobierno de ese país que Monsiváis llamó Genitalia está en manos de los hombres y las mujeres, de sus individualidades y autonomías personales y que nadie debe osar decirles cómo deben ser, cómo deben realizarlas. El mundo gay existe, es digno, merece alternativas, ya se las ganó, ¿por qué impedirles el matrimonio?

Hace años propuse en el Congreso del Estado el establecimiento de los Pactos Civiles de Solidaridad. Veía en esa institución una transición promovida con moderación para atender esa parte de la agenda derechohumanista. PRI y PAN pusieron el grito en el cielo, en su cielo común, y dijeron que “no” por dos ocasiones. Entonces les dije que estaban derrotados y que tarde que temprano lo que no querían hacer por discriminadores, tendrían que hacerlo por los diversos caminos que abre la Constitución en materia de reconocimiento del estado civil de las personas, pero sobre todo por fallos protectores como el que en buena hora dictó el juez José Juan Muzquiz Gómez.

Si el estado de Chihuahua opta por seguir litigando el asunto –dicen estar estudiando esa posibilidad– sólo harán el ridículo en esta materia. Contra la Constitución nada tienen qué hacer, salvo exhibir argumentos de litigante covachuelista o el rostro descarnado de sus fanatismos, intolerancias y frustraciones. ¿Cuándo se convencerán que a ellos mismos en sus vidas personales y familiares les conviene esto? Como yo no creo que haya una vida posterior a la muerte, ni mucho menos rendición de cuentas el día del Juicio Final, si así fuera deben asumir que hay muchos que ante la divinidad tendrían que decir. “¡Oh, Dios, tú me hiciste así, tú me diste libre arbitrio, tú me diste mi cuerpo, yo lo orienté y ahora me quieres enviar al fuego eterno!”. No sabía que eras un chipilicuatre cabronoide, como dicen en España. ¡Queeeeémame!

Fuente: http://jaimegarciachavez.mx/articulos.html#.Uhw4ChvI300

*Jaime García Chávez. Abogado, político, escritor y periodista chihuahuense.