Marina del Pilar va contra Ejecutivo y Legislativo federal en la Controversia Constitucional por el caso Bonilla-Next Energy

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La gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda no pelea directamente en contra del ex mandatario Jaime Bonilla Valdez, el poder legislativo del estado o la empresa transnacional Next Energy en la Controversia Constitucional que sobre el tema de la Central Solar BC” presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

Jaime Bonilla viendo su obra… desde el Senado de la República (Foto: Twitter).

 

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Foto destacada: El presidente López Obrador prometió todo el apoyo de su gobierno a Marina del Pilar Ávila. Lo dijo ante el controversial y rencoroso ex mandatario Jaime Bonilla. Llegó el tiempo de comprobarlo… con hechos (Periódico El Mexicano).

 

Ensenada, B.C., México, viernes 20 de mayo del 2022.- En realidad su disputa es en contra del Poder Ejecutivo federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, representado en el juicio constitucional por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su titular, Rogelio Ramírez de la O, y en contra del Congreso de la Unión encarnado por las cámaras de Diputados y Senadores.

La primera entidad fue acusada ante el máximo tribunal del país por negarse a cancelar la Inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, del contrato que el gobierno de Bonilla firmó con la representación mexicana de la transnacional británica Next Energy Capital Group, para construir en Mexicali la central fotovoltaica “Central Solar BC” con un costo para el erario estatal de 12 mil millones de pesos, a través de un fideicomiso con el Grupo Afirme / Villacero del “magnate del acero” Julio César Villarreal.

Y a los legisladores federales porque son los autores del Reglamento del Registro Público Único, en donde solo dejaron dos opciones para cancelar la inscripción de deuda, las cuales no se cumplen en el caso del “Contrato Plurianual de Compra-Venta de Energía mediante suministro eléctrico para el desarrollo de una Central Eléctrica Fotovoltaica en Baja California.”

Ello se describe claramente en el expediente 70/2022 que aún hoy analiza el pleno de la SCJN y que se reporta en el “Índice de Controversias Constitucionales pendientes de resolver –por la Suprema Corte- al 20 de mayo de 2022”, lista en el que se ubica en el número 14 a solucionar.

Al narrar el “acto recurrido” por el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California en contra del Poder Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, la máxima Corte informa que el 11 de febrero de este año el Secretario de Hacienda del Estado de Baja California, Marco Antonio Moreno Mexia, pidió a la Secretaría federal de Hacienda la cancelación de la Inscripción en el Registro Público Único del contrato plurianual bonillista.

 

Un eufórico Jaime Bonilla comparte, partiendo plaza, con niños de Baja California (Foto: El Heraldo).

 

La solicitud la hizo el funcionario estatal para el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California y/o sus Entidades Paraestatales (Comisiones Estatales de Servicios Públicos), ya que el contrato, tal y como se acordó, “pone en riesgo el normal desarrollo de la administración pública estatal, impactando en los servicios públicos y programas que debe llevar a cabo en beneficio de la colectividad”.

Diez días después –el 21 de febrero-, la Directora de Deuda Pública de Entidades y Municipios, de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Subsecretaría de Ingresos –adherida a Secretaría de Hacienda y Crédito Público-, contestó a Moreno Mexia:

 

“Para cancelar una inscripción, el Solicitante Autorizado del ente público deberá acreditar los requisitos establecidos en el artículo 47 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, entre los cuales se encuentra presentar el documento suscrito por el representante legal del prestador del servicio o inversionista proveedor –Next Energy de México, S.A. de C.V-, en el que se especifique que la obligación ha sido liquidada o bien no fue dispuesta (hacerla disponible), incluyendo los datos principales que identifiquen la operación, lo que dice la emisora se omite señalar en el aludido oficio de petición, esto es, que la obligación ha sido liquidada o bien no fue dispuesta.”

 

Aquí cabe destacar que las acciones jurídicas y administrativas que el gobierno de Ávila Olmeda emprendió en los hechos en contra del proceso de licitación, la concesión, el contrato y el fideicomiso del caso Next Energy México, ocurrieron una vez que el fideicomiso de Banca Afirme recibió de la Secretaría federal de Hacienda, en los primeros días de enero del 2022 y tomados de las partidas presupuestales federales mensuales de Baja California, los primeros 123 millones de pesos en pago disponible a la subsidiaria de la transnacional británica.

La respuesta de la Secretaría de Hacienda disparó en el gobierno de Ávila Olmeda la necesidad de presentar la Controversia Constitucional que sustentó con el siguiente argumento:

 

La Controversia Constitucional en espera de resolución en la Suprema Corte (Captura de pantalla).

 

“Lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, restringe las opciones para que la Entidad actora pueda solicitar la cancelación del Registro de Inscripción de Financiamiento con la afectación de participaciones federales como fuente de pago, sólo cuando se actualicen dos hipótesis, a pesar de que se actualizan infinidad de casos.

 

“No obstante, se podría privilegiar en la norma la protección al interés público, ya que en el caso la obligación garantizada impide a la Entidad contar con los recursos suficientes para hacer frente a las obligaciones que constitucional y legalmente tiene encomendadas, lo que pone en riesgo el normal desarrollo de la administración pública estatal, impactando en los servicios públicos y programas que debe llevar a cabo en beneficio de la colectividad, lo que evidencia la invasión de la Federación a la esfera competencial del Estado de Baja California.”

 

De igual manera, la SCJN destaca que el Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, al no establecer un mecanismo para que los estados puedan eliminar del Registro Único las Participaciones Federales, violenta el Artículo 17 de la Carta Magna federal e incide en la esfera competencial de los Estados “al limitar el acceso a las participaciones federales una vez que son inscritas en dicho registro”.

Además, concluye la Suprema Corte en el informe preliminar del estado que guarda el expediente 70/2022, la omisión descrita en la Ley de Coordinación Fiscal estatal limita sólo a dos hipótesis la cancelación de la deuda en el Registro derivadas del artículo 47 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamiento:

“A) cuando se acredite que la obligación ha sido liquidada, B) o bien no fue dispuesta.”

 

Una vez más, Bonilla mete en aprietos al presidente López Obrador (Imagen: tjcomunicacion.com).

 

En los primeros días de marzo, el presidente López Obrador dijo en su charla matutina que la empresa no tenía permisos de la federación, y que si no existía una planta industrial entonces no podía existir una denuncia en contra de los involucrados en el caso -entre ellos Jaime Bonilla-, ni tampoco una exigencia de pago y/o indemnización por parte Next Energy.

Al respecto, el secretario estatal de Hacienda dijo:

 

“El Presidente no está enterado a detalle de la estructuración del proyecto y  todas las irregularidades. Quizás esta sea la más importante: se firmó un contrato y un fideicomiso que obliga a realizar el pago de una inversión, teórica, no realizada”.

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila se limitó a decir a la prensa local:

“Yo no escuche al Presidente decir que no procedía la denuncia. Él comentaba sobre que se le habían negado los permisos a nivel federal. El asunto es que independientemente de que se entregarán permisos o no, se obligaba al Gobierno del Estado a pagar un fideicomiso.”

Nada informó de que la Controversia Constitucional que su gobierno presentó ante la SCJN, es en contra el poder ejecutivo que preside López Obrador, y en contra del poder legislativo de la federación

 

El fiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez anunció que un tribunal penal citará en breve a más de 10 funcionarios de la administración pasada, entre ellos Jaime Bonilla (Foto: El Imparcial).

 

En espera de que los 11 ministros de la Suprema Corte resuelvan la controversia, el gobierno de Marina del Pilar Ávila logró que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa otorgara una suspensión definitiva de la entrega de participaciones federales al fideicomiso.

Igualmente, ayer jueves 19 de mayo, el fiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez anunció que el poder judicial del estado citará en breve a más de 10 funcionarios de la administración pasada, entre ellos Jaime Bonilla, a que acudan a una audiencia de imputación por los delitos de peculado,  abuso de autoridad, coalición de servidores público, peculado impropio, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito del servicio público, falsedad ante las autoridades “y lo que resulte”, mismos que formuló la Fiscalía General del Estado.

En ese acto, anterior a la audiencia de vinculación a proceso, un juez penal proporcionará a los ex funcionarios estatales información precisa de los delitos que la fiscalía les atribuye, a fin de que preparen su defensa legal ya que se trata de acusaciones graves que podrían generar ordenes de aprehensión en su contra.

Asimismo, el Consejero Jurídico del ejecutivo estatal, Juan José Pon, notificó que se puso en marcha una estrategia jurídica y legal ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y la SHCP, para proteger las partidas presupuestales de Baja California y de las comisiones estatales del agua.

Por su parte, Next Energy de México solicitó en Tampico, Tamaulipas, un amparo en contra de la cancelación del fideicomiso y del proyecto “Central Solar BC”, petición a la cual se sumó la representación legal de Banca Afirme quien hasta hoy ha evitado devolver los 123 millones de pesos que Hacienda descontó a las contribuciones federales de Baja California.

Además, la empresa recibió hace tres semanas la notificación de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), respecto a que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Central Solar BC “no aplicó”, por contener decenas de imprecisiones, omisiones y defectos técnicos que ponen en grave riesgo el medio donde se quiere instalar.

La dependencia federal, sin embargo, informó a la compañía que puede presentar un nuevo manifiesto que le permita abrir la posibilidad de obtener a futuro el permiso ambiental condicionado para su proyecto.

 


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