Marcha atrás a la autonomía del IFAI
Al participar en el 7o. Foro Nacional de Análisis: La Reforma Constitucional en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México, celebrado en Guadalajara, Jalisco, este fin de semana, he advertido sobre el proceso de regresión que en la Cámara de Diputados enfrenta la minuta que el Senado le envió en diciembre del año pasado, y cuyo eje esencial fue el fortalecimiento del IFAI al dotarlo de autonomía plena, convertirlo en órgano nacional para conocer recursos locales, darle definitividad a sus decisiones, y ampliar los sujetos obligados del derecho de acceso extendiéndolo a cualquier persona física o moral que maneje recursos públicos, entre ellos a los partidos políticos y sindicatos.
Javier Corral Jurado*
Mientras que en el Senado de la República se aprobó por unanimidad estos avances, ahora en la Cámara de Diputados se pretende desconocerlos y rebajar su alcance.
A diferencia de lo que algunos han señalado, no creo que la reforma constitucional esté en medio de una rivalidad entre cámaras, o entre dos visiones priístas. No creo en esa tesis, porque considero que entre los coordinadores parlamentarios del PRI, como por ejemplo sí sucede en el PAN, haya una rivalidad política o personal. En términos reales entre el coordinador de los senadores priístas, Emilio Gamboa y de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, hay una larga trayectoria de acción política conjunta, juegan en el mismo equipo, son como se dice “partners”. Tampoco creo que el PRI actúe de manera independiente al Presidente de la República y al Secretario de Gobernación, por más que quieran ejercer su propio poder Gamboa y Manlio.
En el doble manejo del PRI veo mucho más una marcha atrás en la voluntad política expresada para entrar a fondo al tema de anticorrupción, de transparencia y al tema de rendición de cuentas, incluido el tema de regular el gasto público en materia de publicidad a medios de comunicación. Creo que estamos ante un recule del Gobierno federal, del Presidente de la República y de su partido en lo que fueron expresiones muy contundentes de hacia dónde querían ir en estas asignaturas.
¿A qué voluntad política me refiero? A la que se expresó tras las elecciones de julio del año pasado cuando el Presidente Electo asumió, sin haberlo comprometido en la campaña, tres propuestas muy importantes; de la noche a la mañana Peña Nieto se envolvió en un discurso por la auténtica rendición de cuentas, el combate a la corrupción y un nuevo impulso a la transparencia y el acceso a la información pública. Ofreció llevar al Congreso las iniciativas correspondientes. Todavía no estaba a la vista el Pacto por México.
El presidente dijo que era muy importante regular incluso el el tema de la publicidad, el gasto público de los gobiernos en materia de contratación de medios de comunicación.
También dijo que era la hora de ir a fondo a combatir el mal endémico de la corrupción en el país y propuso un órgano nacional anticorrupción, asentó que había llegado el momento de darle autonomía al IFAI y de consolidar al Instituto y al acceso a la información en México, ello implicaba la definitividad de sus decisiones.
La que primero se concretó, fue la iniciativa constitucional para fortalecer al IFAI y la presentó la senadora del PRI, Arely Gómez a nombre de esta bancada y del Presidente Electo en el mes de septiembre de 2012. Luego presentó la de combate a la corrupción a finales del año pasado, y hasta ahora no ha enviado la que pretende regular la contratación de publicidad oficial en medios, aunque toda vez que apareció el Pacto por México, este tema se integró como el corolario del largo listado de compromisos, exactamente en el número 95.
Los alcances de la iniciativa presentada en septiembre para fortalecer el IFAI se quedaron cortos cuando se dio a conocer el Pacto. En los numerales 83 y 84 quedó asentada una visión mayor, pues se dijo que “se impulsará una reforma constitucional para hacer del IFAI un organismo constitucional autónomo, con facultades ante todos los poderes públicos federales, facultades de revisión de las resoluciones de los órganos locales y de atracción de casos de relevancia nacional”; también se estableció el compromiso para “la creación y la homologación de organismos estatales autónomos, colegiados y especializados en materia de transparencia y acceso a la información pública”.
Lo anterior permitió que en el Senado de la República, al fundirse en un dictamen las tres principales iniciativas presentadas en el tema por el PRI, PAN y PRD, además de verificarse una amplia consulta especializada, la reforma tomara una hondura mayor y fuera aprobada por unanimidad.
Estas tres voluntades ya no están presentes en la Cámara de Diputados. Hay incluso un intento de contrarreforma a cargo del PRI, en el que observo una marcha atrás del Presidente de la República, que ha modificado su voluntad política, tanto en materia de anticorrupción, como en el tema de publicidad, y en éste de acceso a la información pública y fortalecimiento del IFAI.
El PRI pretende eliminar a los partidos políticos y sindicatos como sujetos obligados y los deja al IFE. Se señala que “…son sujetos obligados: … Los partidos políticos en los términos que determine la legislación electoral”.
Abre la posibilidad de que el Gobierno Federal vía Consejería Jurídica, los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores así como órganos autónomos puedan interponer recursos de revisión a las resoluciones del IFAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior contrario a los criterios de la Corte respecto a la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del IFAI, en su tesis aislada XIV/2012. “… los sujetos obligados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental deben dar cumplimiento incondicional a las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública al resolver recursos de revisión, sin que sea válida la utilización de recursos jurídicos, como la interposición de un juicio de nulidad, o de facto, como la simple negativa de entregar información, para eludir dicho cumplimiento…”. Amparo en revisión 168/2011. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
Plantea una regresión en el método de elección de comisionados, nuevamente se vuelve al esquema en el que son propuestos por el Ejecutivo quien enviaría una terna al Senado. Pretenden que sea la Cámara de Diputados quien designe al Presidente del IFAI. Eliminan la figura del Consejo Consultivo.
Buscan la remoción total de los actuales comisionados del IFAI. Sobre este asunto en la minuta del Senado, en los artículos transitorios de la reforma, se determinó que los actuales comisionados permanecerían en su cargo hasta concluir su período, y sólo se incluyó la elección de dos nuevos, para entonces el PRI dijo acompañar el sentido de esta propuesta, sin embargo junto con el Partido Verde Ecologista de México pusieron en marcha una operación de desprestigio en contra del órgano garante, así como de sus integrantes, a partir de las acusaciones realizadas por Ángel Trinidad Zaldívar y la conducta presuntamente irregular de una de sus comisionadas ha surgido la intentona de reemplazarlos a todos.
Desde hace ya unos meses se ha creado un ambiente para justificar este cambio y conformar un órgano más a modo del Presidente.
No sólo lo que acontece en la cámara de Diputados lo confirma, sino porque antes de concluir el periodo ordinario de sesiones el PRI presentó un proyecto de dictamen en el Senado sobre el organismo anti-corrupción, una auténtica burla.
Considero que estos retrocesos que se quieren incorporar en Cámara de Diputados hablan de una debilidad del Pacto por México; un Pacto que sólo quiere procesar reformas frente a poderes fácticos, pero no quiere reformas que también acoten a los poderes formales del Estado, porque lo que hasta ahora ha estado en medio de la concurrencia del PRI es una reconstrucción del poder presidencial y del poder del Estado a partir de hacerse cancha o espacio entre los poderes fácticos.
El Pacto no puede sólo procesar reformas para abrirle cancha al Presidente de la República frente a los poderes fácticos, frente al sindicalismo o corporativismo sindical en materia educativa o frente a los poderes fácticos de la televisión, la radio o las telecomunicaciones; el Pacto también tiene que colocar centralmente reformas que coloquen como sujeto esencial al propio gobierno federal, al poder del Presidente de la República y al de los Gobernadores de los estados.
Por eso el PAN ha condicionado su permanencia en el Pacto no sólo a que sea ejemplarmente sancionado el manejo electoral de los programas de Sedesol en el Estado de Veracruz, sino al procesamiento inmediato de las reformas que también toquen al poder formal; reforma política, reforma electoral, respetar los alcances logrados en el Senado en materia de transparencia y acceso a la información, un auténtico sistema de combate a la corrupción basado en el ejercicio de la acción penal para una fiscalía autónoma y, por supuesto, un procesamiento distinto y mucho mejor de la legislación en materia de deuda para los estados y municipios.