Maestros en retiro, otra vez tomarán ISSSTECALI. “Kiko” no les pagó y lo mismo hizo con personal del Poder Judicial

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A 20 días de levantar un plantón de ocho días en protesta por la falta de pago de la nómina de maestros jubilados y pensionados de Baja California, el gremio regresará este jueves 29 de noviembre a la calle porque, una vez más, el gobierno del estado afirma no tener dinero para cubrir el pago puntual de aproximadamente 250 millones de pesos.

4 Vientos / Foto principal: Frontera

28 de noviembre del 2018.- La directiva de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dio el visto bueno para que al menos siete mil trabajadores en retiro del magisterio adheridos a la central obrera, tomen otra vez las instalaciones administrativas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del gobierno estatal, municipios y paraestatales (ISSSTECALI) en los cinco municipios de Baja California.

En esta ocasión los profesores en activo no se sumarán a la protesta ya que la disposición de la Secretaria General de la Sección,  María Luisa Gutiérrez Santoyo, es de que ellos se mantengan en las aulas, a la expectativa de los acontecimientos.

El acto de protesta comenzará a las 8 horas y concluirá seis horas después (las dos de la tarde). Se desconoce si a la manifestación se unirán los maestros del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE) y del Sindicato Independiente Estatal de los Trabajadores de la Educación (SIETE), con lo que el número de inconformes en el estado aumentaría a ocho mil 200 profesores.

Los maestros jubilados y pensionados no son los únicos a quienes el gobierno de Baja California no les cubre sus sueldos.

Este día, todos los secretarios de acuerdos, secretarios actuarios, auxiliares administrativos y empleados de juzgados civiles y penales del Poder Judicial de Baja California, rebelaron en un comunicado que no se le pagó su salario el pasado 23 de noviembre.

Eso sucedió, manifestaron los denunciantes, sin que se les diera una explicación, “lo que constituye un acto arbitrario por la instancia que corresponda”.

Foto: La Jornada BC

También denuncian una serie de irregularidades laborales que incluyen jornadas excesivas de trabajo sin pago de horas extras, el no aumento a su salario desde 2016, el desembolso de recursos personales para comprar equipo administrativo elemental para hacer sus labores, y una pérdida constante en su poder adquisitivo y calidad de vida.

El documento, cuya responsabilidad se acredita la licenciada Patricia Mayans, dice textualmente lo siguiente:

“Desde hace más de una década se nos han transgredido los derechos humanos y fundamentales laborales a los Secretarios de Acuerdos y Secretarios Actuarios que laboramos en el Poder Judicial de Baja California, pese a que nuestras labores van incrementando a pasos agigantados, año tras año, teniendo que trabajar horas extras no pagadas, contando incluso con menos juzgados; también nos vemos en la necesidad de comprar, de nuestro propio bolsillo, las hojas en donde imprimir nuestro trabajo, papel sanitario, agua potable para beber, gasolina, casetas, estacionamientos, agendas, entre otros.

“De igual forma, no han sido aumentados nuestros salarios de manera justa y equitativa, sino por el contrario, se han disminuido desde el año dos mil dieciséis, ya que los Secretarios de Acuerdos ganamos un 4.01% menos y los Secretarios Actuarios ganamos un 4.21% menos; no siendo los salarios percibidos los que aparecen en el portal de transparencia, pues en éste no se publica el salario base y las deducciones que se efectúan; lo que ha ocasionado que hayamos perdido el poder adquisitivo, perjudicándonos gravemente y a nuestras familias; no tratándonos con dignidad, pese a que contamos con diversos grados académicos como son licenciaturas, maestrías y doctorados que en base a sacrificios y préstamos hemos tenido que cubrir.

“Se ha llegado al grado de que el pasado viernes 23 de noviembre de 2018, en que se nos debió haber cubierto nuestros salarios, esto no fue así, sin tener una explicación al respecto, lo que constituye un acto arbitrario por la instancia que corresponda.

“Exigimos que de forma inmediata se resuelvan nuestros reclamos y se apruebe el presupuesto suficiente para que se nos confiera un salario justo que nos permita vivir con la dignidad que nuestro cargo merece y sobre todo se garanticen nuestros futuros pagos catorcena, compensación y prestaciones (prima vacacional y aguinaldo), pues de nuestro trabajo depende la paz de la sociedad, ya que en nosotros recae el auxilio en la impartición de justicia”.

La crisis administrativa también alcanzó a todo el personal del poder judicial del estado (Foto: La Crónica).


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