Madres, sostén de la lucha por los desaparecidos en América Latina

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Las desapariciones forzadas traen terribles consecuencias en la vida de las familias, particularmente en madres que hacen visible este delito; su dolor y entereza son punto de partida para riesgosas investigaciones por cuenta propia, ante la negligencia de autoridades omisas y, en ocasiones, cómplices de los criminales.

Lorena Rosas/ La Jornada/ A los Cuatro Vientos

Algunas madres murieron, desgastadas por el sufrimiento, sin encontrar a sus hijos.

Valeria Moscoso Urzúa, coordinadora de Atención Psicosocial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, asegura que el amor materno es la fuerza que ha permitido avances en el tema de las desapariciones forzadas. En la expectativa de encontrar a la persona desaparecida con vida, una madre nunca baja los brazos en esta lucha, cuando otros familiares se resignan a mediano plazo.

“En toda Latinoamérica, las madres sostienen la lucha por los desaparecidos. Es a través de ese vínculo de amor que las mujeres soportan cosas terribles, como hacer excavaciones en busca de restos humanos, escuchar historias de terror o de tortura que pudieron acontecer a su hijo, tolerar amenazas de instancias oficiales y hasta carearse con los sospechosos”, aseguró la especialista en atención psicosocial a víctimas.

Las autoridades consideran que, transcurrido cierto tiempo, los familiares deberían asumir la muerte en vez de una desaparición de su ser querido (“ya supérenlo”, dicen), pero resulta violento exigir a una madre que dé por muerto a un hijo o una hija, cuando ni siquiera tiene noción de qué sucedió, agregó Moscoso.

– “Y es justo cuando surge esta fuerza, que no viene de la ira o deseo de venganza, sino del amor materno que hace a las mujeres incansables en la búsqueda de sus hijos”.

Autoridades omisas

“Yo no me rendiré, tengo que encontrar a mi hijo”, dijo Irma Leyva. Ella ha realizado investigaciones con recursos propios, buscando a Diego Alonso Hernández Leyva, líder en Mexicali de la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría de Justicia del Estado, desaparecido en enero del 2007.

Otros compañeros de Diego fueron asesinados, solo él desapareció y si hubiese muerto, sus restos no han sido encontrados.

 

Irema Leyva, madre de desaparecido (Foto: cortesía de Lorena Rosas)

Irema Leyva, madre de desaparecido (Foto: cortesía de Lorena Rosas)

– “Tres meses después, a media noche recibí una llamada, me dijeron que junto al cerco de mi casa encontraría un video. Lo miré y el dolor fue insoportable. Decía cómo y quiénes levantaron a Diego y quién ordenó su ejecución: el más señalado fue el ex procurador Antonio Martínez Luna, y los agentes ministeriales que participaron en su desaparición”, comentó la intrépida mujer.

Ramón Velázquez, excomandante de la Policía Ministerial del Estado, explica en el video cómo Diego fue desaparecido y sepultado en la Colonia Ahumadita. Revela nombres y narra detalles de otros asesinatos de policías ministeriales. Días después, encontraron el cuerpo torturado de Ramón Velázquez en un auto, afuera de la casa de su novia, en la colonia Cuauhtémoc.

“A toda la familia nos afectó la desaparición de Diego. A mi esposo le dio una embolia. Y como madre es doblemente doloroso, se sufre por el hijo desaparecido y por el sistema judicial que tenemos. No hay investigación real. No hay justicia”, lamenta Leyva.

Estos ocho años, Irma ha gestionado audiencias ante todas las autoridades. Y ha indagado por cuenta propia, incluso a los sospechosos de haber participado en la desaparición de su hijo. Más aún, contrató unos hombres para excavar en predios señalados en el video, en busca de restos mortales diluidos en ácido.

Por las implicaciones del caso, que involucra a funcionarios y elementos de corporaciones policíacas -algunos ya asesinados-, las autoridades encargadas de la investigación han sido omisas. En la búsqueda de su hijo, la madre sufrió violencia institucional y malos tratos del entonces procurador Rommel Moreno Manjarrez, quien condicionó la atención a integrantes de la Asociación Esperanza por los Desaparecidos, a la exclusión de Irma Leyva en las reuniones.

La desaparición forzada de Diego, se considera caso emblemático de impunidad por 17 estudiantes de la materia de Amparo, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en Mexicali.   

María Elena Recio, jueza Primero de Distrito que llevó el juicio de garantías 113/2014, logró que la Procuraduría General de la República (PGR) le remitiera copia certificada del expediente -varios tomos, casi 4 mil páginas- que no contiene una investigación dirigida específicamente a saber qué sucedió a Hernández Leyva.

La Jueza requirió al gobernador Francisco Vega, para que informara sobre las diligencias efectuadas para localizar a Diego. Citó a declarar a dos ex procuradores, Rommel Moreno y Antonio Martínez Luna, pero ambos ex funcionarios, además de Héctor Grijalva, ex titular de la Fiscalía contra Desapariciones y ahora subsecretario del Sistema Penitenciario, negaron conocer más datos y el caso fue cerrado.

ZAPATOS DESAPARECIDOS

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, Irma Leyva buscó la protección de la justicia federal. Su abogado Daniel Solorio promovió el juicio 577/2013, y ya obtuvo la sentencia del VI Tribunal Colegiado de Circuito de Mexicali, que revoca el acuerdo de la jueza Recio y ordena continuar la investigación sobre la desaparición forzada de Diego Hernández.

El trauma

La desaparición de un familiar es traumática. La familia necesita recuperar el buen nombre de esa persona, dijo Carolina Robledo, especialista en investigaciones sociales de la UABC.

– “Hemos identificado daños físicos y emocionales en las madres. La angustia ante la impunidad es insufrible, junto al maltrato y la re-victimización que se refleja en mujeres con estado de crisis permanente”.

Es un trauma sostenido en el tiempo que tiene consecuencias en la salud de las mujeres, agregó. Muchas refieren problemas de memoria y concentración, sufren diabetes y diversas enfermedades asociadas a la desaparición del ser querido.

Cristina Palacios de Hodoyán, en la búsqueda incesante de su hijo Alejandro, fundó la Asociación Ciudadana Contra la Impunidad y logró avances en el trabajo con autoridades de justicia. Cristina dejó un legado de lucha. Murió el 1 de marzo de 2013 a los 72 años, víctima de cáncer pulmonar.

Durante 16 años, después de la desaparición de su hijo en 1997, Cristina clamó ayuda a las autoridades, incluido al entonces secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, sin encontrar apoyo de ninguna instancia de procuración de justicia. Al final, mantuvo la búsqueda de los restos de su hijo entre casi 300 víctimas disueltas en ácido por “El Pozolero”, y murió sin certeza alguna en la investigación.

Depresión mortal

Jesús Francisco Balderrama, albañil de 31 años, en abril de 2011 trabajaba cuidando un domicilio en el poblado de Guadalupe Victoria, municipio de Mexicali, cuando irrumpió un comando de ocho agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que lo encerró en un cuarto para someterlo a crueles torturas, mientras investigaban un caso. Ese día, el joven desapareció.

María Esther Sánchez, madre del albañil, semanas después sufrió un derrame cerebral. Su hija Isla Balderrama, comentó: “Mi mamá decía ¿a dónde voy a llorarle a mi hijo?, esos policías que tanto dañaron a mi familia siguen libres”.

DESAPARECIDOS PANCARTA

María vivió un año inmóvil en una silla de ruedas, sin poder hablar. Jamás tuvo apoyo psicológico, jurídico ni moral. Murió en agosto de 2012.

El caso de Jesús (expediente 0202-2011-11912) fue clasificado como abuso de autoridad y no como desaparición forzada. Su hermana Isla exige justicia. Son ya cuatro años de esa tortura, narrada por testigos que mencionan nombres de policías que participaron en la desaparición del albañil, sin que exista seguimiento de la investigación.

*Texto publicado originalmente en: La Jornada: Madres, sostén de la lucha por los desaparecidos en América Latina


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