Luz y sombra de la API-Ensenada en materia ambiental
En medio de acusaciones de que promueve la destrucción de una de las más importantes áreas verdes del municipio y viola disposiciones ambientales en una zona residencial de El Sauzal, la Administración Portuaria Integral (API) de Ensenada anunció que obtuvo de la Organización de Estados Americanos (OEA) el Premio Marítimo de las Américas 2015, en la categoría Responsabilidad Social-Empresarial en Puertos.
Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos
Ensenada, B. C., a 9 de febrero de 2016.- El director general de la Administración, Héctor Bautista Mejía, manifestó que el objetivo del premio, que cuenta con el aval de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA, es “reconocer las prácticas exitosas que demuestran la excelencia, sostenibilidad e innovación en puertos”.
Declaró: “El Puerto de Ensenada desempeña un papel importante. Impulsa competitividad, desarrollo, garantizando su funcionamiento eficaz y al mismo tiempo contribuye a disminuir los impactos negativos con el medio ambiente, siendo un puerto amigable”.
Respecto al proceso de asignación del premio, Bautista destacó que fue muy competitivo ya que se presentó el doble de postulaciones público-privadas que en ediciones anteriores.
La API de Ensenada obtuvo una alta puntuación porque sus prácticas ganadoras resultaron medibles y de impacto sostenible para el desarrollo de un sector portuario seguro, competitivo y sostenible en las Américas”.
El año pasado el puerto de Ensenada recibió la certificación PERS de la Organización Europea de Puertos Marítimos, a través de la fundación ECO, que le valió para ser nombrando como el Primer Puerto Verde de México.
Sin embargo, residentes de El Sauzal, San Antonio de las Minas y la ciudad de Ensenada tienen una opinión muy diferente respecto a las prácticas ambientales y sustentables de la API en los últimos meses.
Residentes del poblado El Sauzal, en donde la API gobierna el recinto portuario especializado en pesca, denunciaron hace siete meses que la Administración Portuaria, conjuntamente con el Gobierno de Ensenada, opera patios de estacionamiento para camiones de carga que movilizan mercancías en el puerto de Ensenada. Esto en zonas residenciales y sin estudios previos de impacto ambiental.
Olga Peinemann, directora de una organización civil que en El Sauzal denunció las presuntas actividades contaminantes de la API, dijo que la empresa portuaria sistemáticamente se niega a reubicar el patio de estacionamiento de los camiones alegando que no tiene terrenos para hacerlo.
Asimismo Gabriel Camacho Jiménez, activista ambiental y Ciudadano Distinguido de Ensenada en Materia Ecológica 2013, reveló que la Dirección municipal de Control Urbano se niega obedecer disposiciones legales de la federación para cerrar definitivamente el patio de la API en El Sauzal, por lo que es cómplice de la Administración Portuaria en la contaminación de las zonas habitacionales.
Al respecto, el licenciado Héctor Bautista manifestó que la empresa está por abrir dos patios de almacenamiento de carga y transporte dentro del recinto portuario local, con lo que espera resolver el problema de los aproximadamente 200 residentes de El Sauzal que se quejan de ruidos excesivos las 24 horas, contaminación atmosférica con monóxido de carbono, basura de todo tipo y proliferación de plagas nocivas para la salud.
La API también acumuló la acusación de aliarse con las empresas CONSEER, S.A. de C.V. y Sistemas de Ingeniería, Construcción y Urbanización, S.A., de C.V., para destruir miles de metros cuadrados de bosque de encino en el paraje conocido como Las Pilitas, en la parte norte y alta del Cañón de Doña Petra que da a la entrada del valle de San Antonio de las Minas, puerta de entrada sur a la acreditada Ruta del Vino del valle de Guadalupe.
En el sitio, manifestó Eduardo Soltero, uno de 14 copropietarios del Rancho La Cruz en San Antonio de las Minas, la API aprobó la explotación de un banco de roca que no está contemplado en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que la Administración Portuaria presentó a la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) para desarrollar el proyecto “Ampliación del Rompeolas del Puerto de Ensenada”.
Ese lugar, dijo el ranchero, pertenece al ingeniero Juan Rosendo Granados, amigo de Héctor Bautista y familiar del director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Ensenada, Arturo Granados González.
Con la copia del MIA relativo al proyecto de la API en su poder, Soltero afirmó que el banco de roca en el Rancho Sierra de Ulloa, propiedad de Juan Rosendo, no está propuesto a explotación en el manifiesto ambiental pero es el que finalmente aprobó la API para la extracción de roca para el rompeolas.
Dijo que Rosendo Granados presuntamente obtuvo un permiso verbal de Elba Isabel Hera Montes para ampliar el camino vecinal que va al banco pétreo a un ancho de 13.5 pies (4.15 metros) cuando la medida que tenía era de nueve (2.80 metros). Esto para que lograran pasar los camiones-góndola que llevarían las piedras al puerto de Ensenada, distante 25 kilómetros al sur.
Hera Montes es la viuda de Jesús Félix Beltrán Peña, propietario del Rancho La Cruz hasta que murió de manera violenta en marzo de 2004 en las inmediaciones de San Antonio de Las Minas, en donde tenía otras propiedades
En espera del resultado de un juicio civil testamentario, Isabel Hera vendió en los últimos cuatro años al menos 14 fracciones del rancho, por lo que hoy es copropietaria del predio y por eso debió consultar con sus copropietarios la petición de Rosendo Granados y no tomar una decisión unilateral.
– “Sin permisos de ningún tipo, la maquinaria de Sistemas de Ingeniería, Construcción y Urbanización destruyeron decenas de encinos de 200 años de antigüedad, y decenas más de retoños de ese y otros árboles nativos que en conjunto dan sustento a un ecosistema en donde existen especies animales en peligro de extinción”, apuntó Soltero.
La Asociación de Colonos del Fraccionamiento particular Las Lomas, que anunció el cierre selectivo del camino de acceso al sitio para evitar que los camiones de los contratistas ingresen para continuar la destrucción del bosque, de aproximadamente 200 hectáreas de extensión y que actualmente quedó protegido cuando inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) suspendieron temporalmente el trabajo de la constructora, reveló respecto a la destrucción del ecosistema:
De acuerdo con el estudio faunístico realizado por Guevara-Carrizales y colaboradores, en esa área se registraron una especie de ave, dos mamíferos y cuatro reptiles que de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM)-059-SEMARNAT-2001, se encuentran en alguna categoría”.
El licenciado Andrés Jiménez, presidente de la Asociación, manifestó que el Cañón de Doña Petra, y más el bosque de encinos, tiene especial importancia como refugio de la vida silvestre.
– “Pero en este momento algunas personas con intereses económicos ajenos a toda idea de conservación del medio natural, pretenden afectar el ambiente de ésta valiosa área ecológica, iniciando la destrucción de varios árboles tipo encino, pinos y vegetación endémica de gran importancia para el ecosistema, lo cual afecta las poblaciones de fauna también única de la región”.
Confirmó que la organización civil hará valer la condición privada del fraccionamiento e impedirá el paso a los camiones de las empresas que licitó la API para destruir el bosque. Esto en la única entrada y salida posible para dar accesibilidad al banco de roca de Rosendo Granados.
– “Y los 14 copropietarios del Rancho La Cruz, que no fuimos informados del permiso verbal de la señora Isabel Hera, y que estamos en contra de este ecocidio, vamos a impedir también por todos los medios que las constructoras regresen al bosque para terminar de destruirlo”, apuntó a su vez Eduardo Soltero.
Hasta las 21:00 horas del martes 9 de febrero, el licenciado Héctor Bautista no fija una posición respecto a los hechos en San Antonio de las Minas, pero sí anunció la obtención del premio ambientalista para el puerto de Ensenada de La OEA.