Los resultados del Censo Escolar y sus implicaciones éticas.
Desde hace tiempo, los ciudadanos mexicanos estamos inquietos por la cultura del dispendio que lleva al país a un despilfarro que se comete con los dineros del erario público de todos los poderes y niveles de gobierno. Más alarmados todavía cuando escuchamos que las finanzas del gobierno están en dificultades pues hay menos producción de petróleo y que ahora está el precio del barril en su nivel más bajo; que se prevé menos turismo, menor actividad económica y a pesar de los cambios a formatos electrónicos se pronostica una menor recaudación.
Jorge Domínguez González/ A los Cuatro Vientos
Con una diferencia abismal con la cultura de los países del norte de Europa en los cuáles algunas empresas privadas transparentan la información de sus ingresos, en contraste los mexicanos hacemos frente a la cultura de la opacidad y poca transparencia que presentan las autoridades en diferentes grados según sea la entidad y municipio de donde queramos conocer información para señalar “con pelos en la mano” la corrupción arraigada de la cual somos partícipes, -salvo honrosas excepciones-. Existen estados del país que se niegan a entregar a los ciudadanos la información solicitada, son las más opacas; otras entregan parcialmente a los ciudadanos la información requerida. Sólo Sonora y Zacatecas entregan la información pedida de manera exhaustiva y ordenada.
En fin, esta semana que concluye para mi, la mayoría de los docentes en servicio y para muchos padres de familia, nos alegró que se dé por concluido el indispensable Censo Educativo… existen otros a los quienes les preocupa… como diría mi agüelita “por algo será”.
El Martes 1° de Abril del presente, Emilio Chuayffet, Secretario de Educación Pública en México, acompañado de Eduardo Sojo, titular del INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) informó, al fin aunque con retraso, los resultados del Censo Escolar fueron dados a conocer que: “En México se censaron 90.6 % de los planteles y que existen 1 millón 949 mil 105 trabajadores de la educación; de ellos se generan 1 millón 128 mil 319 plazas de maestros que son ocupadas por 978 mil 118 personas que laboran como profesores frente a grupo y de éstos 30 mil 195 gozan de comisión o licencia y 39 mil 222 no son conocidos en el centro de trabajo dónde están adscritos según el mentado Censo Educativo presentado por el INEGI y la SEP”.
Entiendo que 1 millón 949 mil 105 trabajadores de la educación que, si quitamos 978 mil 118 personas que laboran frente a grupo, 30 mil 195 que gozan comisión o licencia y 39 mil 222 personal a quienes el pueblo identifica como “posibles aviadores”, entonces existen 901 mil 570 como trabajadores administrativos o de servicio, o sea, casi por cada trabajador frente a grupo existe un trabajador administrativo o de servicio. Habríamos de conocer dónde están estas plazas. A mi juicio, contando con una “estimación de alumnos de 25 millones 777 mil 384”. Se abre la posibilidad de que el tamaño de los grupos se reduzca a de 26 a 13 alumnos y se obtengan grupos del tamaño similar a los de los que ocupan los primeros lugares en el mundo en logros académicos como Finlandia, en dónde la correspondencia entre trabajador frente a grupo y trabajador administrativo o de servicio no es de 1 a 1. Me parece exagerado por decir lo menos al respecto.
A mi entender, en el estado de Chihuahua los ciudadanos tenemos derecho a saber de manera desagregada del total nacional del mismo Censo Educativo y por subsistemas (estatal y federalizado): el total de trabajadores de la educación, el número de quienes trabajan frente a grupo, esclarecer de manera clara el número, motivo y lapso de quienes tienen licencia y comisión y el sustento legal para tal situación y sobre todo los nombres y duración que corresponden a Chihuahua del total nacional de los 39 mil 222 personas de profesores que “están perdidos” o a los que se identifican como “posibles aviadores”.
Mientras no haya claridad al respecto, la imagen y reputación de los profesores chihuahuenses, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua y de las secciones 8ª (profesores federalizados) y 42 (profesores estatales) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación serán blanco de las generalizaciones populares por razón de la opacidad.
A la par, no hemos de olvidar la moral que sustentamos por tradición histórica los mexicanos en general y los docentes en particular, a la par de los valores y prácticas que ello ha conllevado y que tienen diversas manifestaciones pero que también han incidido sobreponiéndose y en demérito de la ética y los códigos deontológicos chihuahuenses los cuáles, a mi entender, para los docentes se encuentran en los principios del SNTE y para los gobernantes en los programas de desarrollo previamente debatidos, con otras fuerzas políticas, en sus campañas electorales.
En el mismo evento, del 1° de Abril, en el cual se dieron a conocer los primeros resultados del Censo Educativo, se anunció la constitución del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGE), de donde saldrá la Nómina Única, después de la compaginación y consolidación de datos entre los estados y la federación para encontrar errores y sancionarlos. Sin embargo, no hay que olvidar que desde el encuentro entre el mundo de los habitantes de este lugar y los del otro lado del mar hemos internalizado, nosotros –la mayoría-, aquello de “la ley se acata pero no se cumple” y su natural derivación en el juicio de “una cosa es que ser corrupto, otra que sea tonto y deje pruebas de ello”.
En entendido de que un sindicato es la organización de los trabajadores para la defensa de sus intereses generales que, en el caso de los profesores es el SNTE. En mi opinión, corresponde a los cuerpos colegiados de las dos secciones sindicales de los profesores de educación básica establecer de manera pública y sin ambigüedades los criterios para defender a quienes, por un motivo u otro, puedan ser sancionados.
“Defendamos el ecosistema del Río Casas Grandes”
*Jorge Domínguez González. Pensionado de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. De la 1a, Generación de Egresados del COLEF.