Los imprescindibles contra el atraco de arena: La modificación del ciclo hidrológico de BC a cambio de 20 mil mdp (Parte 3 de 4)
A contracorriente de la enorme corrupción, impunidad y negligencia con la que se maneja el gobierno de México en el tema del saqueo de arena, y la avaricia interminable, enfermiza de las empresas y personas que la practican, un grupo de investigadores y académicos bajacalifornianos proponen y aplican, desde hace al menos 25 años, la filosofía del uso sostenible del recurso que en nuestros días propone al mundo el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Edición: Olga Aragón
Foto destacada: El recurso de todos que sólo algunos aprovechan. Al resto de la población se nos escapa de las manos en su uso ambiental y sustentable (Facebook).
Ensenada, B.C., México, miércoles 15 de marzo 2023.- El doctor en Desarrollo de Recursos Alfonso Andrés Cortez Lara, y el maestro en Desarrollo Regional José Zavala Álvarez, ambos investigadores en El Colegio de la Frontera Norte (Colef), Mexicali, son miembros distinguidos de ese movimiento.
En entrevistas por separado, los expertos coincidieron en señalar que la alta demanda de arena y grava, además de ser un factor de crisis ambiental y climática transfronteriza, es hoy “un gran causante” de contaminación.
Al mismo tiempo “provoca inundaciones, el agotamiento de los acuíferos y hasta contribuye a empeorar las sequías”, acentuó Cortez Lara.
Por su parte, José Zavala destacó que “el saqueo de arena” abatió el agua subterránea de los arroyos bajo explotación, lo que aumentó, tan solo en el sector agrícola y rural, la inutilización de pozos, el incremento en los costos de bombeo y el deterioro de la calidad y cantidad del recurso hídrico.
El maestro Alberto Tapia Landeros, otro ambientalista distinguido, egresado del Instituto de Investigaciones Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), dijo en entrevista previa a su muerte por Covid en agosto del 2021, que existe una capa muy ligera de arena que contiene los nutrientes necesarios para alimentar a la flora y fauna riparia colindante con los arroyos, así como semillas y huevecillos de insectos y reptiles, por lo que la destrucción de ese espacio provoca “un gran desequilibrio ecológico”.
Asimismo, expertas como Adriana Álvarez Andrade y Alicia Ravelo García, investigadoras de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), publicaron el estudio “Propuesta técnica para la evaluación del impacto ambiental de la extracción de pétreos en Baja California: El caso del arroyo Las Palmas” (www.researchgate.net/publication/327971872_Propuesta_tecnica_para_la_evaluacion_del_impacto_ambiental_de_la_extraccion_de_petreos_en_Baja_California_El_caso_del_arroyo_Las_Palmas).
En él, las investigadoras identifican las ocho principales consecuencias de la extracción intensiva de arena y agregados en el arroyo Las Palmas, con efectos que se extienden a Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada.
Así las enumeraron:
En Baja California no hay quien los pare (Facebook).
1.-Impactos en los sitios de extracción y ecosistemas relacionados con flora y fauna riparia y de diversos cuerpos de agua en la región costera del estado.
2. Pérdidas de sedimento tanto en el interior de la península como en la costa, a través de la erosión.
3. Cambios en la función hidrológica de los arroyos afectados en lo concerniente a los flujos de agua, regulación de inundaciones y corrientes marinas.
También la caída en el suministro de agua para todos los usuarios del recurso a consecuencia de la disminución del nivel freático y la contaminación.
Igualmente sumaron los daños evidentes a la infraestructura pública como puentes, terraplenes fluviales y construcciones costeras; la afectación al clima directamente a través de las emisiones del transporte, e indirectamente a través de la producción de cemento, lo que afecta los microclimas por la modificación del ciclo hidrológico.
Del mismo modo, destacaron los cambios al paisaje mediante la erosión costera, los cambios en estructuras deltaicas, canteras y contaminación de ríos; así como un aumento en el número de eventos climáticos extremos -inundación, sequía y marejada ciclónica- provocado por la disminución de la protección natural contra ellos.
Más adelante, Álvarez y Ravelo pasan de la enumeración de los daños que provocó la sobreexplotación de los bancos de arena en el arroyo Las Palmas, en Tecate, usando para ello una hipótesis fundamentada con métodos científicos comprobables, a la presentación de una propuesta: que el congreso de Baja California instituya una norma técnica ecológica para la extracción de pétreos en la entidad.
Esta es la historia de su idea:
En Chile, contrario a lo que sucede en México, la arena del desierto de Atacama se utiliza como un medio más de expresión artística (Facebook).
En 2017, durante el Primer Congreso Estatal de Protección al Ambiente, las especialistas recomendaron a los diputados locales, entonces mayoría panista, que partiendo del análisis de expertos en hidrología se establecieran las condiciones para la localización de yacimientos de materiales pétreos aptos a la extracción sostenible.
La propuesta incluía la creación y aplicación de los parámetros de diseño y explotación del recurso, así como las medidas de regeneración ambiental una vez concluida la vigencia del permiso de extracción.
El exhorto, que hasta hoy no tiene respuesta, quedó plasmado en el siguiente documento: (www.researchgate.net/publication/313313952_PROPUESTA_DE_NORMA_TECNICA_ECOLOGICA_PARA_LA_EXTRACCION_DE_PETREOS_EN_BAJA_CALIFORNIA_CASO_DE_ESTUDIO_ARROYO_LAS_PALMAS).
La invitación de las científicas cobra enorme relevancia para esta investigación periodística.
Al revisar los expedientes que a este medio entregó el titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) –Daniel Quezada Daniel-, se halló que existen diversos criterios oficiales para evaluar el impacto que provocan o inducen los proyectos de explotación de arena en su entorno ambiental.
Entre ellos la falta de una norma estatal para proteger y desarrollar de manera sostenible los bancos de material pétreo en los ríos, arroyos y playas de Baja California.
La carencia de esa norma legislativa y ecológica en Baja California motiva una interesante polémica entre los juicios que aplica la dependencia federal y su contraparte estatal para resolver la suerte de los expedientes.
El común de la gente deja en su sitio la arena que hasta en los zapatos entra (Facebook).
El resultado de ese forcejeo innecesario entre la Dirección federal General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, y el área estatal de Protección al Ambiente, es que un 100 por ciento de las controversias se resolvieron a favor de los permisionarios y concesionarios particulares, en lo cual se profundizará en la cuarta y última parte de este trabajo periodístico.
De momento se debe indicar que la Semarnat y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) argumentan que a favor de la protección y reparación del daño que los permisos y concesiones pudieran ocasionar al ambiente, se implementan decenas de acciones condicionantes que los beneficiados deben aplicar con rigor para evitar la cancelación de sus derechos de aprovechamiento de arena.
Pero tal y como se menciona en la segunda entrega del reportaje, ni la Semarnat –a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)- ni la Conagua tienen inspectores suficientes para verificar que las condicionantes se cumplen en los 140 permisos y concesiones de aprovechamiento de arena que se entregaron a particulares y ejidos.
Al respecto, el doctor Luis Eduardo Calderón Aguilera, investigador del Departamento de Ecología Marina del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), y ganador en junio de 2021 del prestigiado Premio nacional al Mérito Ecológico, informó al diario La Jornada que la política de austeridad impuesta por el actual gobierno federal redujo hace dos años el número de inspectores de la Profepa en Baja California.
“En los mejores momentos de la procuraduría en el estado -afirmó el especialista- había 16; ahora sólo hay tres”, a lo que se debe sumar el cierre de las oficinas de la Profepa en Tijuana y Ensenada.
“Se tiene garantizado que el retiro de personal no desencadenará la impunidad ni el aumento de recurrencia de ilícitos ambientales, ya que se reorganizará la oficina de representación (en Mexicali) y se prevé mantener el presupuesto y los recursos suficientes para seguir atendiendo las actividades sustantivas de la PROFEPA (…) como son visitas de inspección y atención a las denuncias, cambios de uso de suelo, ilícitos forestales, tráfico de especies de vida silvestre, recursos marinos, ecosistemas costeros e impacto ambiental”, afirmó la dependencia, a manera de justificación, en un comunicado del 4 de octubre de 2021.
Correspondió a María Inés Pérez, abogada de la asociación civil Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), contestar al gobierno federal:
“El reducir la capacidad de atención de la autoridad ambiental (en Baja California) dificulta el cumplimiento de su función de incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental (…) Consideramos que la buena administración de los recursos económicos no debe comprometer el cumplimiento de los derechos humanos, en este caso particular nuestro derecho a un medio ambiente sano (…) No es posible considerar como ahorro la disminución de la capacidad de las instituciones encargadas de velar y proteger el medio ambiente.“
Cemda, con el aval de 45 mil personas, presentó a finales del 2021 una solicitud de amparo en contra del recorte de personal y el cierre de oficinas de la procuraduría ambiental en Baja California.
Hasta el 15 de marzo de 2023 la solicitud no tenía sentencia definitiva en el poder judicial de la federación.
(Continuará)
PARTE 2 DEL REPORTAJE:
PARTE 1 DEL REPORTAJE: