Los cucapá van por su tercera gran felicidad contemporánea: Mónica González ya es motivo de alegría
Hija de Onésimo González Sainz, quien fuera jefe de la etnia cucapá del valle de Mexicali por 53 años, Mónica González Portillo logró entrar a la lista de 10 mujeres indígenas que aspiran a presidir el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), cargo que podría utilizar precisamente para terminar con la segregación ancestral y crónica que aplica el gobierno y gran parte de la sociedad civil al pueblo yumano.
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos
Ensenada, B.C., México, 13 de agosto del 2020.- Hace dos días se reunió con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en las oficinas del Jefe de Estado en Palacio Nacional, Ciudad de México. La acompañaron otras dos aspirantes: Olga Santillán Rodríguez, tepehuana del sur de Durango, y Claudia Morales Reza, wixárika de Jalisco.
De ellas, que buscan reemplazar a Mónica Maccise Duayhe en la Conapred, el mandatario se refirió como “auténticas representantes del orgullo, la grandeza y el México profundo”.
En el caso de la mujer cucapá, nativa y residente de la comunidad Kiliwa, su nominación y las palabras de López Obrador revisten especial importancia porque fortalecen el reconocimiento a su etnia, tradicionalmente discriminada y perseguida por ejercer su derecho al alimento pesquero tradicional –la curvina golfina-, así como desplazada de sus tierras habituales en la región de Mexicali.
Este cambio de actitud del gobierno hacia los cucapá no es una dádiva del gobierno a la comunidad yumana. Por más de 50 años ésta ha luchado por obtener respeto a sus tierras, a sus autoridades, a sus usos y costumbres.
Antes de la selección de Mónica González como finalista al cargo en la comisión antidiscriminación, los cucapá sólo habían disfrutado un par de felicidades que, rememorando la famosa frase de Winston Churchill al hacerse cargo nuevamente del cargo de Primer Ministro británico en el contexto del inicio de la Segunda Guerra Mundial, les costaron “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor” en la historia contemporánea -la del siglo XXI-.
El 11 de agosto, Mónica González Portillo (primera a la derecha) platicó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador como una de las 10 aspirantes a ocupar la dirección general de la Conapred (Foto: Presidencia de la República)
La primera de ellas ocurrió en los primeros días de febrero del 2002.
Se trata de una fecha muy alejada de 1937, año en que el gobierno del General Lázaro Cárdenas les concedió un predio de dos mil 160 hectáreas –una insignificancia para el terreno que ellos dominaban antes de la llegada de los europeos a lo que hoy conocemos como la Península de Baja California-, o de 1973 en que se les titularon 143 mil 78 hectáreas de suelo pedregoso y árido en el valle de Mexicali.
En ese tiempo, a iniciativa y queja de la propia Mónica González Portillo y otros miembros de la comunidad nativa, los descendientes yumanos obtuvieron de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la Recomendación 08/2002 que se giró al gobierno de Vicente Fox Quezada y que favoreció los derechos de pesca tradicional y la dotación de diversos apoyos sociales, económicos y políticos a la etnia.
Ganaron gracias al apoyo que les brindaron –entre otros- la periodista mexicalense Lorena Rosas; Mario Álvarez Ledesma, entonces Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Rodolfo Stavenhagen Gruenbaum, sociólogo y antropólogo defensor de los derechos de los pueblos indígenas, galardonado en 1997 con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en México; y el sacerdote católico Miguel Concha, quien se desempeñaba como miembro del Consejo Consultivo de la CNDH, además de ser cofundador y presidente del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, y miembro de distintos consejos y asociaciones de ese rubro en México como el Consejo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
De acuerdo con Lorena Rosas, que ha dado seguimiento a la problemática de los cucapá desde 1995, antes de que obtuvieran la Recomendación que se dirigió al licenciado Víctor Lichtinguer Waisman, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a Javier Usabiaga Arroyo, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ambos del gobierno que presidió Vicente Fox, se dio una complicada batalla legal que incluyó el reconocimiento de los derechos a la existencia y a la alimentación ancestral de la etnia yumana, así como la exigencia al gobierno federal de que acabara con la discriminación en que sumió al pueblo indígena nativo por décadas.
La comunicadora narró que pasaron al menos seis años de constante persecución y represalias a los rebeldes, que entre otras y otros incluía a Mónica Gónzalez, así como la negativa de la CNDH -en dos ocasiones- de aceptar e investigar la queja de los nativos.
Eso fue así hasta que el y trabajo incansable, constante y comprometido del pueblo yumano y sus acompañantes derechohumanistas, logró que la CNDH emitiera la Recomendación que hoy tiene un cumplimiento de más del 60% en sus cuatro encomiendas.
En los últimos 20 años los pescadores han sido objeto de represalias por ejercer su derecho a la pesca ancestral. Marinos, Policías Federales y grupos delincuenciales ligados al narcotráfico son sus principales enemigos (Foto: Zapateando).
La primera de ellas, que se dirigió al titular de la Semarnat (dependencia federal que acumuló tres de los cuatro encargos humanistas de la Comosión Nacional que entonces presidía el Doctor José Luis Soberanes Fernández), ordena textualmente:
“Se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se actualice el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, con el objeto de que se modifiquen los lineamientos y políticas contenidos en dicho programa para que se atiendan las necesidades económicas y culturales de la comunidad indígena cucapá y, por ende, su derecho a realizar actividades de pesca en la reserva, y de ser posible, de acuerdo con los estudios que se efectúen, fijar una nueva delimitación de la zona núcleo de la misma y sus subzonas, estableciendo los criterios objetivos necesarios para preservar el equilibrio del ecosistema de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento. Para la actualización del Programa deberán realizarse los estudios necesarios y dar la participación que corresponda a los indígenas cucapá y a los demás agentes sociales inmersos en la problemática de la Reserva de la Biosfera, así como al Instituto Nacional de la Pesca, en el ámbito de su competencia.”
Lorena Rosas narró que para la elaboración de esa primera recomendación jugó un papel fundamental el estudio que realizó el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) a petición del Instituto Nacional Indigenista (hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas).
La investigación se agrupó en torno a la situación en en ese momento guardaba la pesca comercial y artesanal de curvina golfina en la porción Norte del Mar de Cortez, con el resultado de que el pueblo cucapá sólo capturaba el 3.94% del total de la pesquería.
“Se confirmó -manifestó la periodista- que los pescadores del Norte de Sonora, y San Felipe y Puertecitos, Baja California, eran los que capturaban más del 95 por ciento de la especie con fines comerciales. No podía ser de otra forma ya que los cucapá son conservadores de la especie, la capturan, con hermosos rituales ancestrales, sólo para alimentarse y vender sus excedentes con los cuales invertir en otras de sus actividades tradicionales”.
Hoy, después de la Recomendación 08/2002, los cucapá tienen altibajos en su actividad pesquera y no han estado exentos de sufrir contratiempos con elementos de la Marina y la Policía Federal que aprovechan la veda pesquera posterior al programa de salvamento de la vaquita marina y la totoaba que en 2015 decretó el gobierno de Enrique Peña Nieto, para amenazar y detener a algunos de los indígenas nativos.
Mónica y parte de su familia, el día que asumió el cargo en la delegación Baja California del INPI (Facebook)
Pero eso no ha sido un argumento de peso para que los cucapá dejaran de celebrar su segunda gran felicidad: el nombramiento de Mónica González Portillo -cofundadora en Baja California de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste de la cual forma parte el actual delegado estatal de la CNDH Raúl Ramírez Baena-, como delegada en Baja California del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en enero del 2019.
De las acciones que ha realizado al frente de una institución que forma parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, organismo que depende directamente de la Presidencia de la República, los medios en Baja California enumeran:
1.- La firma del convenio IMSS-Bienestar en materia de salud móvil para las comunidades indígenas nativas y migrantes en el estado, principalmente en Maneadero, El Zorrillo, Oaxaca, La Juquilla y Las Flores, en el municipio de Ensenada.
2.- El seguimiento a los trámites necesarios para el cumplimiento de la Ley Indígena que se publicó en el Diario Oficial de Baja California en 2007, donde se habla sobre los derechos de los pueblos indios, y la creación de una secretaría estatal -“operada por indígenas para indígenas”- con recursos de la federación y el estado.
Es así que ahora, en el contexto de esta franca posibilidad de que los nativos cucapá vivan en los próximos días una tercera gran alegría contemporánea, Mónica González Portillo, también una reconocida promotora cultural de su pueblo, enfrenta los últimos escalones para convertirse en la nueva titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
En estas horas de agosto con pandemia, conoceremos si la felicidad estalla plena en Mexicali y el resto del estado.