Lo que faltaba: Conacyt al servicio de Sempra Energy. El Inecol le hace un manifiesto ambiental de corte neoliberal

La transnacional californiana Sempra Energy fortaleció su alianza con el gobierno federal mexicano mediante la contratación del Instituto de Ecología (Inecol), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para la elaboración del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de su proyecto “Cimarron Wind”, con el cual el consorcio energético pretende generar 330 megavatios (MW) de electricidad eólica –mil 25.8 gigawatts (GWh) anuales-que exportará en su totalidad a los Estados Unidos.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Foto destacada: Los aerogeneradores de Sempra en La Rumorosa, ¿ahora en más de mil hectáreas de la Sierra de Juárez? (Julieta Martínez / La Jornada, B.C.).

Ensenada, B.C., México, sábado 22 de octubre 2022.- El proyecto, en evaluación de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Semarnat desde el pasado 14 de octubre, lo presenta el Instituto casi en calidad de estratégico para México al incluirlo en apego a los programas especiales contra el Cambio Climático y el de Aprovechamiento de Energías Renovables elaborados en el gobierno federal que presidió Enrique Peña Nieto.

Se construirá –afirman los científicos mexicanos al servicio de Sempra- en una porción del terreno de 294 mil hectáreas que en la Sierra de Juárez (Tecate y Ensenada) concesionó a la transnacional otro de sus aliados políticos en México: el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Se trata de un predio arrendado a particulares de casi 17 mil hectáreas de extensión, de las cuáles mil 35 servirán para instalar 68 aerogeneradores del tipo que Sempra, a través de su subsidiaria Energía Sierra Juárez S. de R.L. de C.V., opera en un parque eólico que instaló en la sierra La Rumorosa, colindante con los municipios de Tecate y Mexicali.

Esa infraestructura provocó, en marzo de 2020, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, de gira por Baja California, repudiara en un video ese tipo de proyectos porque “afectan el medio ambiente” y “generan contaminación visual”.

Entre las afirmaciones que hizo entonces el mandatario destacan:

1.-“Nunca más permisos para afectar el medio ambiente, para la contaminación visual. Hay que respetar la naturaleza. Esto (La Rumorosa) es patrimonio de la humanidad.”

2.- “Pueden decir que se genera energía eléctrica. Muy poco. Además, son negocios privados- ¿Por qué se tiene que subsidiar a estas empresas?”

3.- “Esta es una de las zonas más bellas de México, esto que es producto de la naturaleza, pero también aquí se expresa la falta de sensibilidad de los gobernantes. Autorizaron (en el gobierno de Felipe Calderón) esos ventiladores para producir energía eólica. Miren cómo afecta el paisaje, la imagen natural. ¿Cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores?”

Hoy, quizás sin conocimiento del presidente, 18 investigadores y administrativos de alto nivel en el Inecol, entre ellos el doctor Rafael Villegas Patraca y el maestro en ciencias Oscar Muñoz Jiménez -excoordinador general de la Unidad de Servicios Profesionales Altamente Especializados del Instituto, y técnico titular B del mismo departamento, respectivamente-, se encargaron de elaborar el manifiesto ambiental que Sempra entregó a revisión el 14 de octubre.

La transnacional ocultó la inversión que aplicará en la creación de su nueva central energética en Baja California, la cual, además de los aerogeneradores, incluye una subestación eléctrica y un sistema aéreo de recolección de energía.

Sin embargo, los científicos mexicanos que reciben un sueldo del erario y a la vez hicieron el manifiesto a la transnacional a un costo desconocido por efecto de las cláusulas de confidencialidad del contrato, sí revelan lo siguiente:

“De las 1,034.81 ha (hectáreas) que requerirá el proyecto, solamente 1,018.00 ha (es decir, el 98.5% de la superficie que se usará en el parque eólico) corresponden a vegetación forestal correspondiente a la superficie de bosque de pino, bosque de táscate y chaparral, consideradas como terrenos que requerirán obtener autorización para cambio de uso de suelo en terrenos forestales (CUSTF), de conformidad a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; y las 16.81 Ha restantes requeridas para el desarrollo del proyecto se encuentran desprovistas de cubierta forestal.”

Al respecto, es importante destacar que en su página virtual el Instituto de Ecología del Conacyt acentúa sobre sus objetivos:

“Producimos conocimiento científico, desarrollamos tecnologías, creamos opinión pública y preparamos profesionales en Ecología, Biodiversidad y Manejo de recursos naturales para la conservación del patrimonio natural y el desarrollo social y económico del país.”

DA CLICK EN EL REPRODUCTOR:

En ese sentido, al justificar su manifiesto, los biólogos geógrafos, cartógrafos, maestros en ciencias, licenciados en negocios internacionales, doctores en ciencias y otros especialistas del Inecol que trabajaron para Sempra, utilizaron los compromisos internacionales firmados por México en materia de uso de “energía limpia” para combatir el cambio climático –el Acuerdo de París del 2015, por ejemplo-, aun cuando nada de la producción de electricidad del nuevo parque eólico de la transnacional se quedará en nuestro país.

Y no sólo eso. Sustentaron parte de sus argumentos para justificar el proyecto de la transnacional que vendió a México gas natural de más durante el gobierno de otro amigo de Sempra: Enrique Peña Nieto, en criterios que diversas compañías energéticas extranjeras usaron para oponerse a la malograda Reforma Eléctrica del presidente López Obrador.

Igualmente, esgrimieron datos y opiniones de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), abiertamente enemiga de la Reforma del presidente mexicano tal y como lo dejó en claro su presidente -Leopoldo Rodríguez Olivé- el 12 de enero de este año, cuando declaró que la propuesta de López Obrador “podría frenar la instalación de 7,000 megawatts eólicos en el país, volumen equivalente al 87.5% de la capacidad eólica actual, y que es el potencial ya estudiado y listo para que se diseñen proyectos para desarrollarlo.”

Los encargados de elaborar el documento ambiental de Sempra dicen al citar a la AMDEE:

“La energía eólica es una opción necesaria para la articulación de una política energética sustentable y diversificada, que permitirá cumplir con los objetivos establecidos en la Ley en materia de energías limpias y sustentabilidad, la regulación en México establece como meta una participación de las energías limpias del 35% en la generación de energía eléctrica para el año 2024, del 40% en el 2035 y del 50% en el 2050.”

Olvidando una vez más que México no recibirá ni un solo watt de la electricidad que producirá el plan del mega consorcio empresarial californiano, el Instituto de Ecología afirma:

Una institución del gobierno federal al servicio de una transnacional energética estadounidense que en 2020 fue repudiada por el presidente López Obrador. ¿Será que también ya hay cambio de opinión? (Captura de pantalla).

“El Proyecto, alineado con dichos objetivos, promoverá el uso de fuentes alternativas para la generación de energías limpias, tanto en el país (México) como en Estados Unidos, lugar al que será exportada.”

De esta forma. estiman que los beneficios que “Cimarron Wind” dejará en México son:

En materia económica: “Se generarán empleos directos e indirectos por la compra de insumos, materiales, servicios, mano de obra, entre otras, esto dentro de una región que predomina la marginación.”

Después, al mencionar las bondades del proyecto en materia normativa, los proyectistas del Conacyt coordinados por el doctor Rafael Villegas Patraca, afirman que se apegará a la legislación ambiental y forestal vigente y aplicable, que ha expedido la SEMARNAT, así como de los demás organismos públicos federales, estatales y/o municipales; y a todos los ordenamientos ecológicos o urbanos existentes en la región.

“Hay que hacer notar que el proyecto contribuirá con las metas y objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, así como el del estado. Y otros programas como el Programa de Aprovechamiento de Energías Renovables y el Especial contra el Cambio Climático”, este último considerado “un instrumento de planeación de la Ley General de Cambio Climático alineado al Plan Nacional de Desarrollo, los programas transversales del gobierno (de Peña Nieto) y los programas sectoriales de las secretarias de Estado (que conformaron) la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático” que se generó durante el periodo neoliberal 2014 a 2018.

Las alianzas de Sempra con la transnacional energética francesa Total, para la reconversión a licuefacción de su planta en Ensenada (Captura de pantalla).

Es necesario recordar que, en noviembre de 2020, tras dos años de negociación, el gobierno de López Obrador aceptó entregar a Sempra, con una engañosa y manipulada “consulta pública” que Jaime Bonilla Valdez ejecutó a través de su exempleado y presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, un permiso de exportación de gas natural licuado, lo que permitió a la transnacional estadunidense arrancar la reconversión de su planta de gas en Costa Azul, Ensenada, Baja California.

A cambio, Sempra Infraestructura Lng, a través de su Grupo de Energías Limpias e Infraestructura Energética, ambas subsidiarias en México de la transnacional, se comprometió y ejecuta obras en Topolobampo, Sinaloa, para exportar a Oriente el gas excedente que vendió a México.

Correspondió a Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), negociar el precio al que Sempra adquirió ese gas.

Ello a la par de seguir con la negociación de los contratos cancelados al inicio de la administración de López Obrador, por la construcción y operación irregular de ductos de la transnacional en el país, en lo que fue el inicio del pleito con la mega compañía energética que ahora, con la contratación del Instituto de Ecología del Conacyt, evidentemente ya quedó en el pasado.