Ley Bonilla: El largo y sinuoso camino del cinismo
A un día de que venza el plazo legal para presentar impugnaciones a la llamada “Ley Bonilla”, el congreso de Baja California se niega a entregar al poder judicial de la federación una copia certificada del bando solemne con el que debió notificar a la ciudadanía del estado que el morenista resultó gobernador electo, y señalar explícitamente su periodo de gobierno.
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos
Ensenada, B.C., 15 de noviembre 2019.- Por ello Fernando Franco González Salas, el ministro que analiza el caso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio un último plazo de tres días naturales al congreso local para que entregue dicho documento.
No hacerlo así antes del próximo lunes 18 de noviembre, merecerá una multa en su contra.
El ultimátum incluyó como una obligación del legislativo estatal, el proporcionar al magistrado un informe por escrito de cómo cumplió la obligación legal para que ese bando solemne tuviera la máxima publicidad y difusión en toda Baja California.
Franco González, proyectista de la Suprema Corte en el tema de la reforma constitucional que amplió el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez de 2 a 4 años, solicitó la información al congreso estatal el 4 de noviembre y hoy el legislativo confirmó que sí recibió la petición, pero no la contestó.
Ello lo hizo sin mencionar el motivo de su decisión.
Omisos, cuando así conviene (Foto: Cuartoscuro).
El acuerdo de la Suprema Corte precisa: “Se tiene al Poder Legislativo dando parcial cumplimiento al proveído de 4 de noviembre del presente año, ya que no remite copia certificada del Bando Solemne que debió haber expedido y por el cual dio a conocer en todo el Estado de Baja California la declaración de Gobernador Electo que hubiere hecho el Instituto Estatal Electoral.”
La omisión del congreso local en el tema no es nueva. Los diputados de las dos últimas legislaturas –XXII y XXIII- tardaron 84 días en entregar al ejecutivo el dictamen de la reforma para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
La Ley Bonilla se aprobó el 8 de julio por 21 votos de los congresistas de la pasada legislatura.
Quince días después, en Playas de Rosarito porque la sede del legislativo en Mexicali estaba tomada por grupos de resistencia a la norma, la reforma se validó y los diputados aprobaron el dictamen para su publicación, pero fue hasta el 15 de octubre que la nueva legislatura, de mayoría morenista, la entregó al ejecutivo quien la publicó dos días después para su entrada en vigor el 18 de octubre.
De acuerdo con el abogado Julio César García Ortíz, Presidente de la asociación civil Litigio Estratégico Mariano Otero, el proceso legislativo del estado para reformar la constitución o una ley indica que el congreso tiene un plazo de 10 días naturales para entregar el dictamen al ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial, por lo que se superó por más de 70 días el cumplimiento de la norma y con ello la anuló.
El ministro Fernando Franco González Salas (Foto: Escuela Libre de Derecho)
Un taco de demagogia
El 4 de noviembre se presentó la última de seis acciones de inconstitucionalidad contra la norma estatal que impugnaron, bajo esa figura jurídica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Revolucionario Institucional (PRI), el local de Baja California (PBC) y Acción Nacional (PAN).
El ministro también analiza los alcances de una controversia constitucional que presentó ante la corte, el gobierno panista que encabezó Francisco Vega de Lamadrid.
El 5 de noviembre, el Consejero Jurídico del Gobierno de la República, Licenciado Julio Scherer Ibarra, informó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no presentaría una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la reforma.
“El presidente es respetuoso del poder judicial y sabe el peso que tiene el ejecutivo en las decisiones que pueda tomar el judicial (…) Conoce que hay cuatro acciones de Inconstitucionalidad. ‘¿Para qué cargo una quinta acción de inconstitucionalidad al poder judicial, con el peso que tiene todo el poder ejecutivo federal, que eso pueda hacer que el judicial pueda tomar una decisión distinta a la que pueda tomar?’”, indicó Scherer respecto a los argumentos que uso el mandatario para no objetar la Ley Bonilla en la SCJN.
Al respecto, cabe recordar que el 31 de octubre, en la Ciudad de México, los representantes de 24 organizaciones civiles reunidas en el Colectivo Resistencias Unidas de Baja California, entregaron un escrito a López Obrador y a Julio Scherer en donde solicitan que promovieran ante la SCJN, a más tardar el 15 de noviembre (hoy), una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la reforma.
Ello para dar certeza jurídica de que el poder judicial de la federación entrará al estudio del fondo constitucional de la norma contenida en el decreto de reformas a la Constitución del estado.
En su petición, los integrantes del colectivo recordaron que el presidente había dicho repetidamente que no actuaría en el asunto, “pero hace falta su intervención para despejar toda duda de que la Suprema Corte resolverá el fondo constitucional de un caso que mucho preocupa a la población de Baja California.”
Y les recordaron en su escrito que López Obrador “es primero que nada Jefe de Estado”, lo que le impone “el deber supremo de salvaguardar el orden constitucional y la paz pública” en todos los rincones del país.
El Jefe de Estado, su amigo el gobernador y su presidente nacional de Morena, felices… felices (Foto: El Sol de México)
El largo y sinuoso camino del cinismo
El ministro Fernando Franco González ha dicho que el bando solemne del XXIII Congreso de Baja California es una prueba importante en el contexto del análisis jurídico de la Ley Bonilla.
El decreto de reformas a la Constitución del estado se publicó en el Periódico Oficial de Baja California el pasado 17 de octubre, no son antes esperar el resultado de una consulta ciudadana que se realizó, sin efecto legal ni y trascendencia política alguna, cinco días antes (13 de octubre).
La controversial reforma finalmente entró en vigor el pasado 18 de octubre, fecha en la que se abrió un periodo de 30 días hábiles para la presentación de impugnaciones –acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales- a la norma jurídica local ante la SCJN, tiempo que a decir de los representantes jurídicos del colectivo Resistencias Unidas de Baja California, vence mañana viernes 16 de noviembre.
El ex ministro de la SCJN José Ramón Cosío consideró en el programa de Carmen Aristegui que por los tiempos en que se publicó la reforma constitucional local, el inicio del periodo de vacaciones del poder judicial, y el análisis de pruebas y alegatos en caso de que el magistrado proyectista decida entrar al estudio del fondo constitucional de la norma impugnada, será hasta febrero del 2020 cuando se tenga una resolución definitiva sobre la Ley Bonilla.