Legisladores de Morena en BC definen su visión de atención a pueblos indígenas: la oficialista y la indigenista

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Este día, el poder legislativo de Baja California definió claramente las dos vertientes de intervención pública que se plantean para los pueblos indígenas del estado.

 

Los diputados de Baja California, entre ellos el priista y hoy secretario estatal del Trabajo y Previsión Social Alejandro Arregui (centro), en la foto clásica y mediática con representantes del pueblo triqui (Oaxaca) asentado en el valle de San Quintín (Foto: Periódico El Vigía).

 

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Congreso de BC / Foto destacada: Mujer yumana (Facebook)

Ensenada, B.C., México, martes 2 de febrero del 2022.- La primera, burocrática y paternalista, se imita a crear desde el gobierno una comisión que impulse la oficialidad para lograr “el desarrollo de los pueblos y comunidades nativas”.

La segunda, indigenista, basa la ordenación de los pueblos originarios en la existencia, presencia y validez de las figuras jurídicas distinguidas por sus formas específicas de organización y posesión colectiva.

Esta última la presentó en la jornada legislativa de hoy la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Bienestar Social del congreso. La arraigó en una iniciativa para adicionar diversos artículos a la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Baja California.

Y Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, también del partido Morena y presidente de la Comisión legislativa de Administración y Finanzas, fue el expositor del posicionamiento oficialista que plasmó, el pasado 22 de enero, en la iniciativa de reforma a la misma Ley Indígena que además pretende armonizar los derechos de los pueblos nativos establecidos en la Constitución Política del país, la Carta Magna local y Ley reglamentaria del Estado.

La propuesta de la indígena mixteca, diputada del Distrito Electoral XI (Tijuana), tiene por objeto agregar capítulos relativos a la Participación y Representación Política, el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas, y el Acceso y Administración de Justicia Estatal.

Igualmente,  avanzar en materia de Derechos Sociales, eliminar el Desplazamiento y el Desalojo forzoso, y plantear Obligaciones Específicas del Estado y Sanciones a quienes violen los derechos de los pueblos indígenas.

 

La diputada Evelyn Sánchez (Foto: Periódico El Mexicano).

 

“Todo ello con la base del Artículo 2 de la Constitución federal que medularmente señala que el Estado Mexicano es una nación pluricultural y plurilingüe, misma que tiene sustento en los pueblos originarios. Y de ahí la importancia de reconocer y respetar los usos y costumbres de los pueblos indígenas.”

La congresista indígena recordó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Baja California hay aproximadamente 49 mil130 personas, mayores de 3 años de edad, que hablan alguna lengua nativa.

De esa cantidad –agregó- hablan mixteco 21 mil 239 personas; zapoteco: cinco mil 815; náhuatl, cinco mil 287; y triqui, tres mil 3. Además, los dialectos autóctonos (yumanos) Kiliwas, Kumiai, Pai Pai, Cucapá y Cochimí que están en proceso de extinción.

 

“A pesar de ello, los pueblos indígenas y afro mexicanos del país (y Baja California en particular) han preservado una historia de lucha, resistencia y reconstitución, manteniendo sus formas de gobierno y organización. Han defendido sus tierras, territorios y recursos naturales; su patrimonio cultural, por lo que requieren un reconocimiento pleno en la Constitución, Leyes Federales y Locales.”

 

Igualmente, subrayó que aún hay muchísimo por trabajar en beneficio de los pueblos originarios que radican en Baja California, pues “en una gran cantidad de comunidades no hay servicios básicos como el agua potable, alcantarillado o electricidad, y sufren racismo o menosprecio a sus tradiciones.”

Recordó que además preexisten diversos ordenamientos que han reconocido los derechos de los pueblos nativos y argumentan que sin un pleno reconocimiento de auto adscripción y libre determinación, se transgredirían los derechos de los pueblos indígenas y de sus miembros.

 

Nativos yumanos danzan en la presentación del mural creado en la ciudad de Ensenada por el artista urbano Juan Pablo Melchum Alba (“Noche”), el cual ilustra a Martha Reza y Delfina Albañez de la comunidad Pa ipai de Santa Catarina;, Leonor Farlow, Kiliwa; Juana Villa, Cochimí; Norma Meza, Kumiay; y Alya Espinoza, Cucapá (Cortesía).

Por ello, resaltó que “la realidad social y el simple transcurso del tiempo conllevan una adecuación al marco jurídico conforme a las problemáticas y necesidades que existen en las comunidades indígenas, y nos obligan a nosotros como legisladores a tener una Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Baja California que, en primer término, establezca las disposiciones generales para señalar, de manera clara y precisa, a quien se le tienen que respetar los derechos plasmados en ella”.

Por su parte, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, diputado por el Distrito Electoral II (Mexicali), presentó una iniciativa de reforma para crear la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Sería un organismo descentralizado de la administración pública estatal, sectorizado a la Secretaria General de Gobierno, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y estaría totalmente dominado por el sector gubernamental ya que propone contar con un Consejo Directivo y un Coordinador General armado de la siguiente forma:

 

“El primero (Consejo Directivo) será la autoridad máxima y estará integrado por un Presidente que será el gobernador del estado; vicepresidente, (el) secretario de gobierno; así como titulares de las diversas dependencias a fines (sic).”

 

Y el cargo de coordinador general quedaría bajo la tutela combinada de los poderes ejecutivo y legislativo del estado.

Aparte, el nuevo aparato burocrático, hoy bajo revisión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del congreso, tendría como objetivo “la observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos y la cultura indígena en el estado, establecidos por el orden jurídico mexicano.”

 

La simulación, la propaganda y el mediatismo son actitudes comunes en la relación de los gobernadores, legisladores y presidentes municipales de Baja California con los pueblos indígenas de la entidad. Aquí, el morenista Jaime Bonilla en el tradicional acto de entrega del “bastón de mando” indio a los mandatarios (Foto: El Imparcial).

 

Asimismo, identificar, elaborar, diseñar, orientar, coordinar, promover, apoyar, concertar, fomentar y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral sustentable de los pueblos y comunidades indígenas en la entidad.

 

“También tendrá las funciones de establecer una interlocución directa con las comunidades indígenas para la atención de forma integral de sus demandas y problemáticas; propiciar un dialogo permanente con el gobierno federal y estatal, así como con los distintos ayuntamientos y la sociedad”, indica la iniciativa legislativa que aparentemente incluye las propuestas que formularon previamente algunos representantes de grupos indígenas –nativos y residentes- de Baja California.

Asimismo, el documento dice que los comisionados promoverán la no discriminación y la “construcción de una sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y dialogo intercultural”, con enfoque de género en las políticas, programas y acciones “para la promoción del respeto y equidad de oportunidades plenas para las indígenas”.

Al respecto, cabe recordar que en la pasada elección estatal personas mestizas, algunas diputadas locales y regidores en funciones, de diversos partidos políticos -entre ellos el partido Morena-, usurparon personalidad indígena para pretender quedarse ilegalmente con las candidaturas a puestos de elección popular que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concedió en exclusiva a los indígenas que viven en Baja California.

En resumen, la iniciativa de Navarro, que se tomó referencialmente de la legislación indígena de Sonora, representa la postura del nuevo gobierno estatal “para asegurar su vigencia y el desarrollo integral” de las poblaciones indias de Baja California, mediante una institución “que ampare los derechos de los pueblos originarios”.

 


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