Las autoridades de EU y México utilizan el sistema de justicia para hostigar a defensores de los derechos de los migrantes: AI

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Casi un mes después de lanzar una acción urgente por la “inquietante situación” en la frontera sur de México, incluida la detención masiva personas migrantes y solicitantes de asilo, y el anuncio del despliegue de la Guardia Nacional a esa región del país. Amnistía Internacional (AI) denunció este día que las autoridades de Estados Unidos, algunas veces con la colaboración de sus pares mexicanos, hacen un uso indebido del sistema de justicia para hostigar a quienes defienden los derechos humanos de los migrantes.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Migrante espera su turno en la lista de solicitantes de asilo a EU (Alli Jarrar/ Amnestia Internacional)

Ensenada, B.C., 2 de julio 2019.- En el informe “Salvar Vidas no es un delito”, publicado hoy en San Ysidro, California, AI denuncia que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia hacen cada vez más un uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir a activistas, profesionales de la abogacía, periodistas y personas voluntarias que prestan ayuda humanitaria de cuestionar —o simplemente documentar— las violaciones de derechos humanos que cometen de forma sistemática las autoridades estadounidenses contra personas migrantes y solicitantes de asilo.

“La administración Trump ataca a quienes defienden los derechos humanos con el uso indebido y discriminatorio del sistema de justicia penal, precipitándose así hacia el autoritarismo. El gobierno se deshonra al amenazar e incluso enjuiciar a sus propios ciudadanos y ciudadanas por su trabajo esencial para salvar la vida de personas en situación desesperada en la frontera”, manifestó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, al presentar el informe en la frontera de San Diego y Tijuana.

La activista denunció que el gobierno estadounidense ha investigado indebidamente a defensores y defensoras de los derechos humanos por presuntos delitos como la trata de personas, basándose en sus actividades humanitarias y de derechos humanos, y en la expresión de sus opiniones políticas y de otra índole.

“Aunque las investigaciones más amplias se dirigieron contra las que apoyaron a una gran caravana de personas migrantes y solicitantes de asilo en noviembre de 2018, las autoridades siguen dirigiéndose contra esas y otras personas desde entonces, incluso por el mero hecho de ayudar a solicitantes de asilo a conocer sus derechos y a pedir protección en un punto de entrada oficial”, dijo.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, al presentar el informe “Salvar Vidas no es un Delito, en San Ysidro, California, en la frontera de San Diego y Tijuana (Foto: Agencia EFE).

Erika Guevara reveló que las autoridades estadounidenses han sometido a defensores y defensoras de los derechos humanos a vigilancia injustificada, interrogatorios, registros invasivos, restricciones para viajar y, en casos aislados, a arresto falso y detención ilegítima.

Al actuar así, han violado la Constitución, la legislación estadounidense y el derecho internacional, así como las políticas del Departamento de Seguridad Nacional, normas todas que prohíben las restricciones discriminatorias de la libertad de expresión.”

Destacó que según informes proporcionados a los activistas de AI, en algunos casos las autoridades estadounidenses y mexicanas han colaborado en la imposición de restricciones ilegítimas a personas que defienden los derechos humanos en su frontera común.

Amnistía Internacional entrevistó a 23 personas defensoras de los derechos humanos que detallaron las restricciones de las que han sido objeto debido a sus actividades profesionales. Diez de ellas —cinco activistas, tres profesionales de la abogacía y una clériga— fueron incluidas en una lista de control de vigilancia del DHS como parte de una cuestionable investigación penal sobre tráfico de personas.

“Describieron de forma similar el modo en que las autoridades estadounidenses han utilizado la región de la frontera para hacer redadas de carácter penal, abusando de su autoridad a fin de realizar registros injustificados, interrogar a quienes viajan sobre su situación económica y redes profesionales, y registrar sus dispositivos electrónicos, aparentemente para instruir causas penales contra ellas.”

La protesta de AI en San Ysidro (Foto: Agencia EFE)

Recordó que, en los últimos días, el presidente Trump ha amenazado con detener y deportar a millones de personas que residen de forma irregular en Estados Unidos, incluidas las que tienen familiares con la ciudadanía estadounidense.

¿A quiénes atacarán ahora las autoridades estadounidenses con acusaciones falsas de tráfico de personas, cuando en realidad son sólo actos de apoyo hacia comunidades amenazadas?”, cuestionó Erika Guevara Rosas.

Por ello, a nombre de la organización derechohumanista, pidió al gobierno de Trump poner fin de inmediato a su uso indebido y políticamente motivado del sistema de justicia penal y a su abuso de poder para registrar, detener e interrogar a personas defensoras de los derechos humanos en la frontera.

“En lugar de atacar a profesionales de la abogacía, periodistas y activistas por tratar de acabar con las violaciones de derechos humanos, el gobierno debería escuchar a estas personas”.

El 11 de junio, por medio de una acción urgente dirigida a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la detención de 400 personas por agentes de migración mexicanos y miembros de la Guardia Nacional y el despliegue de 6.000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera sur de México.

Imagen: PicLuck Instagram

Advirtió que la detención y deportación masiva de migrantes y solicitantes de asilo sin información adecuada de su derecho a pedir asilo, o explorar otras opciones migratorias en México, y sin evaluación individualizada, es una violación al derecho internacional.

“Estas detenciones y expulsiones aceleradas socavan el derecho de las personas que huyen de su país a buscar protección internacional, y también su derecho al debido proceso.”

Asimismo, estimó que la devolución de personas a territorios en los que su vida o su seguridad pueden correr peligro viola el derecho internacional.

“Estas medidas ponen a familias y niños y niñas migrantes en un grave peligro, y no impedirán que huyan de sus países.”

Por ello, instó a la ministro mexicana a impedir de inmediato las detenciones arbitrarias de migrantes y solicitantes de asilo, a garantizar que no se detiene en ningún caso a niños o niñas, y a sustituir el despliegue de la Guardia Nacional por una respuesta humanitaria que evalúe individualmente las necesidades de las personas que entran en México.


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