La Sequía Perfecta
Si el agua fluyera tanto como la información, no sería necesario desahogar el tema una vez más. Pero no es el caso. El pasado 17 de enero, en un hecho histórico, el gobernador Francisco Vega de la Madrid, firmó la iniciativa que dio “marcha atrás” a la Ley del Agua del Estado de Baja California, aprobada el 20 de diciembre del 2016, por los diputados panistas y del PRD y de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado.
Christian Chacon / A los 4 Vientos
Aun con lo anterior, siguen los problemas que dieron origen al intento de financiación privada, me refiero al incremento en los costos de conducción de agua, particularmente en energía eléctrica, en función a la dotación de agua requerida para los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, por un importe de 499.98 millones de pesos. Un incremento de 102 millones de pesos adicionales respecto al gasto de 2016. Aun con los festejos a la democracia, sigue ahí la disminución de recursos en participaciones federales el ejercicio 2017, que consiste en un recorte de 130 millones de pesos. El problema (insisto) persiste.
Como bien sabemos, es una cuestión de vida; y, ahora, debido a la marcha atrás de la Ley de Aguas para el Estado, es también un tema económico y de riesgo, de carencia, de infraestructuras dañadas, de tentativa de privatización, de soberanía y presunta violación constitucional.
Aun así, debemos entender las diferentes perspectivas en torno a este problema; es cierto que en Ensenada no se ha podido brindar el servicio que la ciudadanía merece a causa del error continuo, tanto en los ayuntamientos anteriores como en la Comisión Estatal de Servicio Públicos (CESPE). La falta de visión para prevenir la fuga de recursos, la simulación de bienestar, y la falta de reacción ante el crecimiento poblacional dentro y fuera del ayuntamiento han llevado a la paraestatal y a este municipio, a una verdadera crisis.
Ante la sospecha de que hay algo que une las piezas de este espejo roto, la respuesta de todos es: el Estado. Desde la desaparición de los 43 normalistas de Aytozinapa en Guerrero hasta el alza en los precios de la canasta básica, fue el Estado. Desde la celebración de tratados internacionales de derechos humanos, hasta los derechos plasmados en la Constitución y su ausencia material, fue el Estado. Desde los programas sociales, la educación pública, el seguro popular y los permisos otorgados a las mineras canadienses, fue el Estado.
Estoy totalmente de acuerdo, pero… ¿no crees que te pueden correr si pones tu nombre a este texto? Que por el tono me parece un discurso para una marcha con la repetición de “fue el estado” combinado con “una lectura” que te suma puntos por lo didáctico y esto se necesita dado los altos niveles de ignorancia que presumimos.
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De ahí que nos preguntemos una cuestión elemental, ¿qué es el Estado? Herman Heller nos decía que el Estado es una sociedad establecida en el territorio que le corresponde. El Estado, es una sociedad y la sociedad tiene razón, sí, fue el Estado. Quizás esa es la respuesta, la identificación de la sociedad como Estado y el Estado como sociedad. Para ello, la ciudadanía necesita ir más allá de señalar culpables, mientras que los gobiernos deben dejar de privatizar y comenzar a ciudadanizar.
Los poderes, debido al estado de las finanzas públicas, se ven obligados a ejecutar acciones “agresivas” ante una situación por demás hostil (me refiero a la ley de ingresos 2017), actividad incomprendida por su ineficiente sistema recaudatorio y su ecléctica recaudación. Pese a ello, debemos reconocer que, de seguir bajo la ley del Talión, ambas partes, sociedad y gobierno, habrán de caminar a oscuras.
No podemos continuar con un gobierno que hasta antes del anuncio del gobernador de Baja California, ni siquiera pretendía aceptar las demandas ciudadanas y que, además, insiste en acusar a la ciudadanía de no utilizar las instancias legales establecidas. La incomprensión del hartazgo ciudadano y la falta de legitimidad real de las instituciones ejemplifican la distancia entre los órdenes sociales y Estatales, mismos que ponen de manifiesto la sutileza criminal del diálogo simulado y que ahora toma una nueva forma: me refiero al intento del diálogo racional que las instituciones ahora pretenden entablar.
No se puede seguir apostando al cansancio de la gente, la desesperanza colectiva y el politiqueo caduco. En contraste está la pérdida de credibilidad en los funcionarios que, ante la incomprensión social, habrán de disponer de su último recurso: la fuerza pública. De ahí que aceptar el diálogo razonado y el seguimiento de los acuerdos que se tomen hasta su cumplimiento, sea la mejor opción, aunque implique paciencia, continuidad y trabajo.
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Pudieron ser muchas las causas del problema, desde la mala administración municipal hasta la práctica tan generalizada del desvío de recursos públicos. ¿Cabe cuestionarnos qué es peor, si un gobierno que roba o un gobierno que administra mal? Yo creo que no. La cuestión debe conciliar los conflictos entre sociedad y gobierno, sin pagar el intento con la vida. Como aportar claridad sin ser impositivo, ejercer el poder sin utilizar la fuerza.
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Pero, ¿cómo cambiar el gobierno sin afectar la economía? ¿cómo habrían de ser escuchados los que menos tienen, por aquellos que sólo hablan dinero? Quizás los que hablan en esos términos debieran ser los intermediarios. Hecho que sólo sucederá cuando la precaria realidad social los alcance. O cuando la recaudación se les acerque de metro en metro cúbico.
Desde hace ya varios meses se han agregado diferentes elementos para conjugar la que parece ser la sequía perfecta. Por un lado, la falta de abastecimiento del líquido y, por otro, la falta de capacidad financiera de nuestro Estado. Una crisis que, a pesar de ser lamentable, es igualmente perfecta para justificar la privatización de los recursos y/o los servicios públicos.
En resumen, se trata de una problemática de interés y demanda social a la que se unen diversos factores, entre ellos el “gasolinazo”. El alza de los precios del combustible es un tema que atañe a la federación, al respecto no hay discusión. La reflexión aparece al momento que se desencadena una serie de efectos que repercuten en los intereses de los Estados y los ayuntamientos que, si bien no regulan el precio de los combustibles, sí lo hacen respecto del transporte público, y así, se concentran ése y otros temas en un punto de encuentro nacional.
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En nuestro Estado, la diputada local Rocío López Gorosave ha logrado que la ciudadanía se una (en su contra) por amor a Baja California, sin embargo, la historia no termina ahí, ella debe comprender que la mejor manera de pedir perdón es reparando el daño. De igual manera, aunque sea en el intento Baja California dispone de las herramientas democráticas para la sociedad.
Me refiero al referéndum, que de ser firmado por la cuarta parte de las personas que marcharon en los distintos municipios este 15 de enero, sería procedente. Ahí la extrema urgencia de racionalizar los movimientos sociales sobre objetivos claros, constantes de transformación estatal para el beneficio de todas y todos.
En su momento, la sociedad habrá de encararse a sí misma, y verá entonces que no hay viento favorable para barco sin rumbo. Y pregunto, ¿dónde están los que han marchado? ¿Qué pasó con los ánimos de transformación Estatal? ¿Dónde están los argumentos y propuestas del diálogo razonado? El Estado es una sociedad, y la sociedad tiene razón. Sí, fue el Estado.
Más de 8,000 ensenadenses marcharon el pasado 15 de Enero 2017 contra la privatización del agua en Baja California y el gasolinazo. Foto: Edgar Lima.