LA SCJN SUSPENDE PROVISIONALMENTE LA “MUNICIPALIZACIÓN DEL AGUA” DE BONILLA EN 3 MUNICIPIOS DE BC

Comparte en redes sociales

 

José Luis Zazueta Pérez, Gonzalo Higuera Bojórquez y Héctor Israel Cesena Mendoza, síndicos procuradores de los ayuntamientos de Playas de Rosarito, Tecate y Mexicali, respectivamente, obtuvieron de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la suspensión provisional del decreto 287 aprobado por el Congreso del Estado a finales del mes de julio, que ordena la transferencia de los organismos operadores de agua a los municipios de Baja California.

 

Jaime Bonilla y su crisis del agua. La SCJN le cerró la llave (Imagen de Cadena Noticias).

 

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto destacada: Las aguas negras de Bonilla (agua.org.mx)

Ensenada, B.C., México, viernes 20 de agosto del 2021.- Y en el caso de Playas de Rosarito, los ministros de la SCJN negaron a la Presidente Municipal Araceli Brown Figueredo, el desistimiento de la Controversia Constitucional que presentó el Síndico Zazueta Pérez, al considerar que éste sí tiene facultades legales para emprender el recurso judicial ante la Suprema Corte.

De acuerdo con el contenido de la Lista de Notificaciones publicada la tarde de este viernes por el máximo tribunal del país, la medida cautelar otorgada a los tres síndicos en contra de los poderes legislativo y ejecutivo de Baja California, consiste en la suspensión provisional “para el efecto de que se interrumpan los plazos y obligaciones previstas en los artículos transitorios del Decreto Impugnado y, consecuentemente, el Gobierno Estatal continúe prestando a los habitantes del citado municipio los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales, en tanto se resuelve el fondo del asunto”.

Esta medida también se pudo aplicar en los municipios de Ensenada y Tijuana, pero las síndicos Elizabeth Muñoz Huerta (Partido del Trabajo) y María del Carmen Espinoza Ochoa (Morena) votaron a favor del Decreto en donde destacó el caso de Ensenada, que votó dos voces la norma (primero en contra y después a favor) en una “clara violación al orden legal del ayuntamiento” –según afirmaron 8 de 15 ediles- y que provocó la presentación de una solicitud de Juicio Político en contra del presidente municipal Armando Ayala Robles ante la nueva legislatura estatal.

Incluso la síndico Elizabeth Muñoz inicialmente respaldó la petición que le hicieron 9 regidores del Ayuntamiento de Ensenada para que presentara, a nombre del municipio, una controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra del Decreto 287, pero horas después reculó de su respaldo y terminó sometida a la orden de Armando Ayala, un ex empleado del gobernador Jaime Bonilla en una empresa de comunicación, votando a favor de la aplicación del decreto.

En su resolución provisional, los ministros otorgaron un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de su disposición, para que el congreso del estado y el gobernador Jaime Bonilla Valdez contesten a la demanda y sus anexos.

 

A los organismos paraestatales que operan el agua en Baja California les pintan la fachada, pero por dentro… (Foto: El Imparcial).

 

En el caso específico del poder Legislativo del estado, los ministros pidieron que en el mismo plazo envíe a ese Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos del Decreto número 289 impugnado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de julio de este año, en el entendido que de no remitir todas las constancias que integran el proceso legislativo que culminó con la publicación del Decreto, “se resolverá con las que obren en autos.”

Y al Poder Ejecutivo estatal le ordena que en el mismo plazo remita un ejemplar en original o copia certificada del referido Periódico Oficial.

Si ambos poderes omiten cumplir con lo indicado por la Suprema Corte, ésta les aplicará una multa.

Los ministros concluyen que dada la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este acuerdo, “y hágase la certificación de los días en que transcurre el plazo otorgado en el mismo.”

Finalmente, en el caso del desistimiento de la demanda de la controversia constitucional que promovió el Síndico Procurador José Luis Zazueta Pérez, de conformidad con el punto de acuerdo aprobado por mayoría de votos de los integrantes del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de Cabildo de seis de agosto de este año y que presentó en la Corte la presidenta municipal Araceli Brown Figueredo (Morena), los ministros dictaron:

 

La Presidente Municipal Araceli Brown Figueredo, deleznable actitud (Foto: TJ Comunica)

 

“No ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que la representación del Municipio actor está a cargo del mencionado Síndico Procurador y atento a lo previsto en el artículo 8, fracción I, de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, no se advierte que dicho funcionario facultado para ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios jurisdiccionales, así como en las negociaciones relativas a la hacienda municipal, requiera o necesite de la autorización previa del Cabildo municipal para tales efectos, por lo que se reserva para el estudio de fondo la cuestión relativa a la legitimación activa de ese funcionario para hacer valer este medio de control constitucional en su representación.”

Cabe recordar que al presentar la Controversia el 4 de agosto, los tres síndicos acusaron a la XXIII Legislatura del estado de omitir el proceso legislativo en la sesión del miércoles 28 de julio, además de violar la normatividad vigente al no notificar a los ayuntamientos su intención de municipalizar los organismos operadores de agua.

En un comunicado conjunto, los síndicos explicaron que su decisión la tomaron “en un sentido de responsabilidad de proteger al erario municipal,” ya que, si bien no están en contra de la municipalización, “al no ser tomados en cuenta para discutir los términos y hacer un análisis adecuado”,  el decreto “se convierte en un problema para la administración municipal.”

Y citaron que en uno de los artículos transitorios del Decreto 287 se determina la transferencia de la deuda a los ayuntamientos, pero “hasta ahora (4 de agosto) se desconoce, por ejemplo, la trascendencia financiera que Playas de Rosarito tiene para la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), por lo que es necesario que se revierta la aprobación ´fast track’ realizada por el Congreso del Estado.”

 


Comparte en redes sociales

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *