La SCJN corta las alas auto propagandísticas de Jaime Bonilla en Baja California
Por invadir la competencia del Congreso de la Unión en materia de propaganda gubernamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este día la reforma al artículo 49, fracción V, párrafo último, de la Constitución Política del Estado de Baja California que se publicó el pasado 14 de febrero.
Así se sueña (Internet)
4 Vientos / Foto principal: Sin Embargo.
Ensenada, B.C., México, martes 6 de octubre del 2020.- La norma abolida permitía que una mayoría del Congreso local invitara al gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, del partido Morena, a rendir informes parciales de sus actividades.
Asimismo, facultaba al mandatario a informar mensualmente a la población sobre los avances de la gestión en la entidad, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, y en uno o varios municipios.
El Pleno de la Suprema Corte determinó que con esta reforma el Congreso local invadió la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de propaganda gubernamental, establecida en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal y en su régimen transitorio.
El máximo tribunal del país tomó la resolución con 10 votos a favor de la cancelación de la reforma constitucional. Sólo la ministra Yasmín Esquivel Mossa votó a favor de la norma bonillista.
10 de 11 ministros de la SCJN dijeron otra vez NO a las arbitrariedades jurídicas de Jaime Bonilla y a la complicidad de casi todos los oportunistas y pusilánimes diputados de Baja California (Foto: El Economista)
Cabe recordar que la fracción del artículo 49 de la Constitución local que la SCJN anuló este día, establece:
El Gobernador del Estado podrá ser invitado por la mayoría de los Diputados del Congreso para que rinda un informa parcial de actividades cuando éstos lo consideren conveniente. Con excepción de los supuestos previstos en el artículo 100 de esta Constitución, así como las disposiciones en materia electoral, el titular del Poder Ejecutivo podrá informar mensualmente a la población a través de los medios de comunicación y redes sociales, los avances y resultados en alución de la problemática de la entidad. De la misma forma, el Gobernador del Estado podrá ejercer las facultades contenidas en la presente fracción en uno o varios de los municipios de Baja California.”
La sentencia mayoritaria de los ministros puso fin a la Acción de inconstitucionalidad 119/2020 -y su acumulada 120/2020- que promovieron los partidos políticos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), para demandar la invalidez del Decreto número 43 que se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el 14 de febrero de 2020.
El periódico Reforma informó que la mayoría de los ministros consideraron que la reforma también violó la normatividad federal en materia de equidad electoral, comunicación social y destino de los recursos públicos, aspectos en los que los magistrados ya no se pronunciaron.
De cualquier forma Jaime Bonilla encontró una forma de trascender propagandísticamente a través de su canal de publicidad digital, que lo mismo usa para burlarse, regañar o usar a sus funcionarios, atacar de manera soez a sus enemigos o impulsar su proyecto de gobierno para los próximos años (Facebook).
Sin embargo, es importante recordar que las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Comunicación Social, determinan que los informes de gobierno son anuales y que su divulgación propagandística solo se permite en los siete días previos y cinco días posteriores al reporte.
Cabe destacar que antes de la votación cuatro ministros manifestaron que la reforma violó de manera grave el procedimiento legislativo y los diputados locales no hicieron nada para impedirlo. Explicaron esto de la siguiente forma:
Con esa simple razón y la complicidad de los legisladores, el gobernador comenzó a rendir informes desde la primera semana de enero del 2020 sin esperar a que los cinco municipios de Baja California emitieran su aprobación o rechazo a la reforma constitucional, por lo que cometió “graves violaciones” al orden jurídico de Baja California.
Esto tampoco encontró eco condenatorio en la sentencia que dictaron los ministros al concluir el caso en el pleno.