La Procuraduría de los Derechos Humanos de BC, de mal en peor
– Heriberto López López. con nula experiencia o perfil en temas relacionados con la defensa de los Derechos Humanos, rindió protesta como subprocurador de los Derechos Humanos en el municipio de Ensenada, en sustitución del biólogo Jorge Arturo Ruíz Contreras.
Semanas atrás, Ruíz manifestó al procurador Arnulfo de León Lavenant su inconformidad por la falta total de presupuesto para que la oficina a su cargo realizara lo más elemental de su trabajo.
Milenio / A los Cuatro Vientos
El acto de posesión del cargo se realizó el miércoles 25 de septiembre en presencia del procurador De León Lavenant y del secretario de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Raúl Florencio Cuevas Salgado.
Al hacer uso de la palabra, López López dijo que su trabajo lo desempeñará bajo tres premisas:
1.- La correcta difusión y promoción de los derechos humanos fundamentales, así como los de la segunda y tercera generación.
2.- Coadyuvar con las instituciones de impartición de justicia de los tres niveles de gobierno e instancias que prestan servicios públicos.
3.- Velar por los derechos de cada uno de los ciudadanos del municipio más grande de México.
El nuevo subprocurador y el ombudsman de los Derechos Humanos en Baja California, Arnulfo de lEón Lavenant (Foto: Milenio).
López López, con nula experiencia o perfil en temas relacionados con la defensa de los Derechos Humanos, dijo que trabajará con el presupuesto que se le haya asignado e invitó a la comunidad de Ensenada a que denuncie cualquier situación que violente sus derechos.
Ruiz Contreras, explicó el procurador De León, presentó su renuncia por motivos personales el pasado lunes 23 de septiembre por la mañana. Sin embargo, el hoy ex subprocurador había externado semanas atrás en un escrito que dirigió al ombudsman estatal de los Derechos Humanos, su inconformidad por el raquítico presupuesto con el que sobrevivía la oficina a su cargo.
De hecho la relación entre ambos personajes nunca fue amistosa ni armónica y Ruíz Contreras ya había renunciado públicamente a la subprocuraduría –hace aproximadamente un año cuando usó el programa radiofónico “A los Cuatro Vientos” para anunciarlo-, porque dijo no estar de acuerdo con los excesos salariales y las líneas de trabajo impuestas por el procurador en Ensenada y el resto del estado.
En otra ocasión Arnulfo de León Lavenant y Arturo Ruiz Contreras se involucraron en un escándalo a finales del 2012 cuando el alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo Torres, reveló que el primero intentó extorsionarlo con el cobro de costosos talleres de capacitación a los policías en materia de respeto a los derechos humanos, a cambio de no dar a conocer a la prensa los elevados índices de violación a derechos de los ensenadenses cometidos por los agentes del municipio.
Según el edil, al no aceptar pagar los 800 mil pesos que el ombusdman le pedía por los talleres, De León usó a Ruiz Contreras para golpear políticamente a su administración.
A la fecha ni el procurador ni el hoy ex subprocurador (en la foto a la derecha) explican con detalle qué fue lo que pasó en ese caso.
Incluso Arnulfo de León, para quien las evidentes penurias presupuestales en la subprocuraduría de Ensenada “son carencias naturales”, se ausentó de Ensenada desde que Pelayo hizo aquella denuncia, y fue apenas el miércoles 25 de septiembre que hizo presencia pública en la ciudad-puerto.
Pero los escándalos no son nuevos para el ombudsman de los Derechos Humanos en Baja California, un abogado que llegó al cargo gracias a la influencia del empresario priísta Jorge Hank Rhon en el congreso de Baja California.
El pasado sábado 17 de agosto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un expediente de queja por el presunto abuso de autoridad y violaciones a garantías individuales de 353 vendedores ambulantes y comerciantes por policías e inspectores municipales, quienes los desalojaron del centro histórico de Tijuana, Baja California el pasado 30 de julio.
Según el escrito que los agraviados hicieron llegar el 9 de agosto a la CNDH, también les fue impedido continuar con su medio de vida y sustento, pues les recogieron sus productos y herramientas de trabajo.
La Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California simplemente se negó a atender la queja de los comerciantes, que estaba dirigida en contra de la administración municipal que preside Carlos Bustamante Anchondo, un priísta ligado íntimamente al grupo político de Jorge Hank en Tijuana.