LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA: BENEFICIOS DUDOSOS…AMENAZAS CONCRETAS.
Acaba de presentarse en nuestro estado la nueva ley de asociaciones público-privadas, la cual promete generar las condiciones que faciliten la privatización de los sistemas de agua potable. El agua es indispensable para vivir, por eso se ha considerado un Derecho Humano fundamental, desde las creencias católicas de…“un vaso de agua no se le niega a nadie”, hasta el Articulo 4 de la Constitución Mexicana, que aunque parece un mal chiste, al menos dice sobre el papel que es un Derecho Fundamental.
Álvaro de Lachica y Bonilla* / A los 4 Vientos/Foto: Deberes
El gobierno tiene un deber fundamental de asegurarse que servicios básicos como el agua, alcantarillado y energía, sean proporcionados a la gente. Dejar de satisfacer estas necesidades básicas, o no proporcionar los medios para satisfacerlas, debe verse como una irresponsabilidad.
Agencias internacionales y organizaciones de desarrollo en el pasado se han enfocado en ayudar a los gobiernos a proporcionar estos servicios. Pero desde hace menos 10 y 15 años, estas organizaciones empezaron a cambiar su enfoque, empujando a la privatización como la nueva solución. Tenemos preocupaciones serias sobre este traslado de responsabilidad y la pérdida de control que implica.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce la importancia del derecho humano al acceso al agua y al saneamiento, como elementos indispensables para una vida humana digna. Foto: Getty Images
El rol del sector privado en la posesión, manejo y distribución del agua es un tema altamente controversial. ¿Por qué? Otros sectores, como la energía eléctrica, las telecomunicaciones y los servicios postales han sido abiertos de diversas formas a la competencia o se han privatizado alrededor del mundo, con resultados altamente positivos en términos de calidad, productividad y ganancias. El agua se estima diferente porque se ve como un tema de vida o muerte. La privatización significa el reemplazo del monopolio público por un monopolio privado. Si el agua es un monopolio natural, al privatizar, estaríamos ante un monopolio privado en vez de uno público.
Los verdaderos problemas de la privatización se dan cuando los gobiernos firman un contrato deficiente, cuando se retiene el control político sobre el recurso o cuando se producen otros problemas similares en torno a la concesión o privatización.
En Mexicali, como en todo Baja California, los ciudadanos hacen filas para firmar la solicitud de Referéndum derogatorio de la recién aprobada Ley de Agua, impuesta por el ejecutivo estatal con el voto de la mayoría panista, el PRD y MC en el Congreso del Estado. Foto:UniMexicali.com
Con la mirada puesta en la ganancia, las empresas procuran infundir en la opinión pública la idea del agua como mercancía de gran valor económico, capaz de volverse una fuente de ingresos para un país como el nuestro. Se despoja al agua de su dimensión de derecho humano, de su carácter vital, de su dimensión sagrada. El argumento para la mercantilización del agua es sencillo: teniendo que pagar, su utilización será más racional y cuidadosa. Pero eso no implica incluir el agua en la categoría de mercancía regida por las leyes del mercado.
El agua no puede ser considerada como una mercancía, ya que es un bien público. El agua no es un tema político, es un tema ético. Si nosotros convertimos al agua en una mercancía le estamos quitando un derecho a alguien.
¿Qué dice la experiencia mundial, en lugares en donde se ha privatizado este servicio? El periódico británico The Guardian, demostró que la privatización del agua ha sido “un fracaso global (http://goo.gl/uWACjn)”, cuando los hechos apuntan a su desprivatización: muchas ciudades que se precipitaron en firmar concesiones a 20 años o más con las empresas de agua en expectativa de un agua potable a un costo socialmente aceptable han preferido terminar sus acuerdos y regresar las provisiones de agua urbana al control público.
El mismo Banco Mundial (BM) acepta un fracaso de 34 por ciento en la participación privada en infraestructura entre 2000 y 2010, aunque este mismo banco, emprende un doble juego tramposo: aconseja a los gobiernos privatizar el agua e invierte en las trasnacionales privatizadoras del agua para que obtengan suculentos contratos, por lo que la tendencia actual de los gobiernos, hoy, es hacia la desprivatización del agua y no a su privatización.
Si existe un servicio que por su naturaleza debe ser manejado por las comunidades, o por el estado con altos niveles de participación de la ciudadanía, es el abasto de agua potable. El acceso al agua es un derecho humano reconocido por la ONU y por la Constitución de nuestro país. A nivel mundial, se establece que todos tenemos derecho a agua 1) suficiente para uso personal y doméstico, 2) debe ser salubre, 3) de calidad aceptable, 4) físicamente accesible, y 5) asequible, es decir que su pago no debe superar el 3% del ingreso familiar.
Un bien como el agua, irremplazable e indispensable no puede estar sujeto a leyes de mercado ni estar controlado por asociaciones público-privada. Esta aseveración no viene de dogmas, sino de principios que rigen la oferta y demanda de bienes como el agua.
En el momento de que surja el debate entre privatizar o no, debemos exigir que los usuarios del agua seamos tomados en cuenta.
* Integrante de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
andale94@gmail.com