La OCDE y las reformas estructurales: de vecinos ricos y vecinos pobres
Uno de los actores principales a nivel internacional en la implementación de las reformas estructurales (entre ellas, la reforma energética y la reforma educativa, más bien laboral) ha sido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo internacional que tiene como objetivo coordinar las políticas económicas y sociales de los 34 países que la integran (todos estados primer-mundista, excepto México y Chile).
Daniel Arellano Gutiérrez* / A los 4 Vientos
Desde inicios de sexenio, la OCDE ha promovido y apoyado a Enrique Peña Nieto en la implementación de sus reformas estructurales. Y cómo no hacerlo, si abrir las puertas nacionales al mercado global representa una oportunidad dorada para hacer crecer más la economía de los países primermundistas, a costa de la explotación abusiva de los recursos nacionales y la privatización de los servicios públicos en los países tercermundistas, como México.
La privatización de PEMEX y los peñazos (gasolinazos del sexenio peñista) son el ejemplo más reciente de cómo este tipo de políticas neoliberales de corte internacional sólo benefician a las potencias mundiales a costa del incremento de la desigualdad en los países “subdesarrollados”. En este punto cabría recordar la serie de correos electrónicos filtrados por las redes hace un año, que vinculan directamente a la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, con el desarrollo de la reforma energética peñista ¿Realmente confía usted en que las intenciones de la candidata presidencial son nobles y a favor del pueblo mexicano? ¿No será más bien otra jugada política norteamericana para beneficiar al corporativismo de los Estados Unidos, como lo fuera hace 24 años el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)?
Así pues, vemos que en el contexto internacional, la reforma educativa ha sido diseñada, respaldada e intervenida desde el principio por un organismo neoliberal —o como lo llaman algunos, “el club de los países ricos”—, además de personajes de dudosas intenciones políticas ¿Qué van a saber los países del primer mundo de las carencias educativas mexicanas? ¿Cómo van a intervenir en un país del que desconocen a profundidad las condiciones sociales de miseria, pobreza y desigualdad? ¿Cómo confiar en los países desarrollados, cuya riqueza viene de una política de liberación económica que ha contribuido fundamentalmente en la explotación y el abuso laboral de millones de trabajadores en el mundo contemporáneo?
Intentar imponer una serie de reformas fabricadas en el extranjero en el contexto nacional actual equivale a intentar imitar el estilo y modelo de vida familiar del vecino rico, como si las condiciones al interior del vecino pobre no fueran completamente distintas. Ignorar las diferencias entre ambos es una fórmula perfecta para el fracaso. Simplemente, así no funcionan las cosas.
Ya hablando del territorio nacional, el tamaulipeco José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE (y militante del PRI desde los 18 años), fue quien propuso los cambios para la educación en México, que el Estado aceptó y asumió, iniciando con ello una campaña que privilegia la “calidad educativa” sobre las cualidades humanas, como si de un producto del mercado más se tratase.
Este personaje formó parte de la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, fue negociador del capítulo financiero del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y director general de Nacional Financiera (Nafinsa) durante el mismo sexenio. Fue apodado el “Ángel de la dependencia”, ello por su determinación de que México negociara su deuda externa con organismos financieros multilaterales y bancos extranjeros, al margen de otros países deudores de América Latina que buscaban mejores condiciones de pago.
Como se podrá dar cuenta el lector, los impulsores de las actuales reformas (educativa y energética) al interior y el exterior del país no persiguen mejorar ni la economía ni la educación en el territorio nacional, sino forrarse los bolsillos de dinero a cambio del jugoso negocio de privatizar el petróleo mexicana y la educación nacional. Para ello, primero tienen que acabar con su enemigo público número: la CNTE, el único gremio magisterial que, aún con todos sus defectos, se ha opuesto a la reforma educativa.
La verdadera Reforma Educativa que necesita el país debe surgir desde el interior del mismo, no desde fuera. Para ello, la CNTE, en conjunto con los maestros, especialistas y padres de familia de todo el país deben proponer un modelo educativo alternativo que sea desarrollado a partir de las condiciones educativas particulares de cada región en México. Por otro lado, el gobierno debe ceder y dejar de insistir en la imposición de una reforma educativa inútil, y comenzar a escuchar y atender las recomendaciones y exigencias de quienes imparten las clases en el aula.
Además, es necesario que la CNTE proponga un nuevo modelo administrativo-laboral al interior de su gremio, pues es ahí donde el gobierno está enfocando toda su atención: en el ámbito laboral de la educación. Desde los hechos en Nochixtlán, cada vez son más los mexicanos que se han vuelto conscientes de que la supuesta reforma Educativa —puesta en marcha por EPN y diseñada por la OCDE— no es más que una reforma laboral para deslocalizar las relaciones laborales entre maestros, sindicato y autoridad federal.
Una vez que los maestros no tengan el respaldo sindical y la unidad de voluntades que este gremio representa, será pan comido proceder con el proceso de privatización de la educación. Sólo habrá que despedir algunos cientos de miles de maestros por aquí (a través un examen docente elaborado para despedir, no para evaluar), precarizar las condiciones de escuelas públicas por allá y, finalmente, señalar que el Estado ya no puede sostener el “enorme gasto” que supone la manutención de las escuelas y la educación pública. Es, pues, el mismo modus operandi que ha utilizado el gobierno priista desde hace un par de décadas para privatizar los sectores públicos nacionales.
Para contrarrestar debidamente el plan de la OCDE y el gabinete presidencial, es indispensable que la CNTE inicie un proceso de democratización al interior de su sindicato, de manera que acabe con los vestigios del charrismo sindical heredados por el SNTE, y pueda proponer, a su vez, una vía laboral alternativa a la del gobierno federal, donde la venta de plazas no sea una práctica común entre los maestros líderes del movimiento, y donde el objetivo principal del sindicato no sea el enriquecimiento ilícito de unos cuantos agremiados, sino la impartición de una educación pública, gratuita, laica y humana para las nuevas generaciones de niños mexicanos.