La modificación del ciclo hidrológico de Baja California, a cambio de 20 mil mdp (Parte 1 de 4)

Sin leyes específicas que regulen la explotación de arena en México y con la inexistencia de una Norma Oficial Mexicana (NOM) que regule técnica y obligatoriamente los procedimientos para garantizar que los productos, procesos y servicios relacionados con los bancos de arena en los arroyos cumplan los requisitos mínimos de información, seguridad, conservación, sustentabilidad y calidad, cinco gobiernos federales otorgaron en Baja California, durante los últimos 24 años, al menos 14 proyectos mineros y 126 permisos ambientales.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Edición Olga Aragón

Foto destacada: La sobreexplotación de los bancos de arena en los arroyos del norte de Baja California, afectó a todo el ciclo hidrológico de la entidad y creó un problema ambiental y climático central que está generando una enorme secuela de daños al patrimonio natural de los bajacalifornianos (Archivo).

Ensenada, B.C., México, lunes 13 de marzo 2023.- Esta política alteró el ciclo hidrológico del estado, lo que a su vez aumentó la intensidad de las sequías, impactó en una mayor presencia de eventos meteorológicos extremos –lluvias, temperatura, inundaciones, ondas de calor y tormentas.

Además, abatió y salinizó los mantos freáticos de las cuencas pluviales del norte de la entidad al afectar la filtración del agua de lluvia, y disparó 8.2 veces el patrón de consumo de este mineral no metálico, lo que generó una enorme fortuna a los 140 favorecidos con las concesiones y permisos, y un tanto igual a quienes extraen ilegalmente un recurso finito que tarda entre 110 a 350 años en regenerarse.

“Afectaron todo el ciclo hidrológico de Baja California y crearon un problema ambiental y climático central que, con excepción de un sector de la comunidad académica y científica, casi nadie toca; pero sí, ahí está con una enorme secuela de daños al patrimonio natural de los bajacalifornianos”.

Así lo sintetizó Iván Martínez Zazueta, maestro en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); cartógrafo, especialista en Economía Política; integrante del equipo de la Plataforma Nacional de Energía, Ambiente y Sociedad (PLANEAS) del Centro de Geociencias de la UNAM, y miembro de la Contraloría Social Ciudadana del Agua en Baja California.

Esa realidad del problema se complementa con datos obtenidos por 4 Vientos mediante una solicitud de información a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con registro en la Plataforma Nacional de Transparencia bajo folio 330026722002437, del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

De ellos, y con información pública del Servicio Geológico Mexicano de la Secretaría de Economía (SE), se revela que las concesiones y permisos que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la SEMARNAT entregaron a empresarios, políticos, ejidatarios y particulares por espacio de tiempo que van de 10 a 30 años, fraguaron un tesoro a los beneficiarios de al menos 20 mil millones de pesos -995.2 millones de dólares-.

La fortuna la obtuvieron porque, hasta junio del 2022, extrajeron 172 millones de toneladas de arena.

Ese inmenso volumen se desenterró de un espacio de casi 150 kilómetros lineales, con niveles que van de uno a tres metros de profundidad, que se ubicaron en el lecho de los arroyos Las Palmas, Guadalupe, El Barbón, Santo Domingo, Seco, San Vicente, La Grulla, El Álamo, San Salvador y El Morro –entre 10 más- que se localizan en los municipios de Tijuana, Tecate, Ensenada y San Quintín.

A cambio de semejante fortuna y el goce de tan extensa zona de explotación, los concesionarios y permisionarios privados pagaron a la CONAGUA solo mil 973.50 pesos por cada uno de los 140 títulos o permisos que obtuvieron para extraer arena situada en cauces, vasos y depósitos de propiedad nacional, según lo determina el Artículo 192-A fracción I de la Ley Federal de Derechos que se consultó el 30 de diciembre de 2022.

Pero si el objetivo de los proyectos de usufructo fue presuntamente “social” e intervinieron como peticionarios los ejidos, micros, pequeños o medianos empresarios asentados en comunidades agrarias, la actividad extractiva quedó exenta del pago de impuestos y derechos, según determina el Artículo 5, fracción IV y V de la Ley Minera y su Reglamento.

Productores de vino en Baja California han solicitad la revisión de las concesiones para la extracción de arena otorgadas a lo largo de los arroyos Guadalupe y La Grulla, centros relevantes de producción vitivinícola, ante el serio problema de desabasto de agua asociado con la extracción excesiva de material pétreo, principalmente arena (Pinterest).

EL TAMAÑO DEL SAQUEO

La respuesta de la SEMARNAT a 4 Vientos revela que existe un periodo en el que aparentemente no se llevó un registro sistematizado del número de concesiones y permisos que se confirieron, ya que sólo se entregaron los títulos que van del año 2000 a junio del 2021 cuando se pidió que la búsqueda iniciara en enero de 1990 hasta junio del 2022.

Esto porque investigación periodística previa que realizó el medio constató, en trabajo de campo y estudios académicos analizados, que en los 90 hubo una gran extracción privada de arena en el río Guadalupe.

Sin embargo, la información permite proyectar una imagen ilustrativa del tamaño del saqueo que sí tiene registro en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), y que alcanza una superficie cedida por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador de poco más de 171 millones de metros cuadrados de bancos areneros.

En ese descomunal espacio se podrían construir tres mil 675 zócalos como el de la Ciudad de México; 23 campus del tamaño de la Ciudad Universitaria capitalina (UNAM); e instalar 8.6 minas del tamaño de Calizas Industriales del Carmen (CALICA), subsidiaria de la transnacional estadounidense Vulcan Materials Company.

En el último caso comparativo destaca que Vulcan, a diferencia de lo que sucede con tantas concesiones y permisos de extracción masiva de arena en Baja California, fue denunciada en 2022 por el actual gobierno mexicano ante la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos por causar “daños ambientales y graves deterioros a los ecosistemas” en Playa del Carmen, Quintana Roo, en donde CALICA tiene un predio de siete millones de metros cuadrados para extraer material pétreo -caliza, grava y arena- que exporta gracias a un permiso que el gobierno de Ernesto Zedillo le concedió en 1996.

Tan sólo en el arroyo El Barbón (Río Guadalupe) del valle de Ojos Negros, Ensenada, se supera seis veces el daño ambiental y patrimonial que provoca al país la transnacional Vulcan; y en la misma cuenca hídrica, pero del valle Guadalupe, donde se asienta la industria vinícola más importante de México, la extracción “legal” de arena supera 12 veces el perjuicio de CALICA en Quintana Roo. Pero aquí no hay denuncias del gobierno federal.

Ernesto Zedillo, el gran impulsor de la extracción masiva de arena en México (Foto: Captura de pantalla en Youtube).

EL GÉNESIS DEL SAQUEO

Fue precisamente Ernesto Zedillo Ponce de León, a través de Julia Caravias Lillo, entonces secretaria de Recursos Naturales y Pesca, y ganadora en 2017 de la Medalla Belisario Domínguez que el Senado de la República le otorgó “por su distinguida contribución al cuidado del ambiente”, quien en la década de los 90 abrió la explotación de los bancos de arena en Baja California.

Lo hizo en el tercer segmento de la cuenca del arroyo Guadalupe que abarca el valle en donde se asienta la principal zona vitivinícola del país, con la empresa Pétreos del Pacífico, S.A. de C.V. que explotó arena en cantidades no conocidas oficialmente pero que logró exponer a cielo abierto el manto freático en diversos puntos del río que en esa zona tiene una longitud de 60.5 kilómetros.

Años después, el caso lo retomó y lo documentó Manuel Misael Acosta Sánchez, especialista en Gestión Ambiental por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), quien en un estudio de octubre del 2018 que tituló “Extracción de arena e impacto ambiental en el colector principal de la cuenca Guadalupe, Ensenada, Baja California”, concluyó:

Para el científico, quien validó su publicación con otros investigadores del tema –los doctores Ileana Espejel, Carlos Peynador, Hiram Rivera y Georges Seinger, de la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC-, todas estas actividades implicaron cambios “que influyen en la disponibilidad hídrica y, por ende, pueden repercutir en las actividades económicas y en la calidad de vida de las personas, pues el agua es un servicio ecosistémico esencial que se vuelve una prioridad en esta región debido a sus características de sequía y por su vocación vitivinícola.”

El saqueo en el arroyo El Barbón, del valle agrícola de Ojos Negros (Cortesía ejido Real del Castillo).

LOS INFLUYENTES

De la empresa Pétreos del Pacífico que fundó el arquitecto Roberto Curiel Ortega, pionero en el aprovechamiento de los bancos de arena que se ubican en los valles vinícolas de Guadalupe y Ojos Negros (Ensenada), hay constancia de cómo altos funcionarios de la SEMARNAT en la Ciudad de México resolvieron favorablemente los expedientes ambientales del empresario.

En entrevistas con 4 Vientos previas a su muerte, ocurrida en septiembre del 2016, Curiel reconoció que a mediados de los 90 fue uno de los iniciadores del aprovechamiento y exportación de arena en el arroyo Guadalupe, luego de que el gobierno de California, para proteger su ambiente, prohibió explotar la arena de los riachuelos establecidos en su territorio.

Agotado el recurso pétreo no renovable en Guadalupe y presionado por los ambientalistas de Ensenada, ciudad porteña desde donde el empresario envió en barco una cantidad millonaria en toneladas de arena y dólares con destino a Los Ángeles y San Diego, California, Roberto Curiel, también socio mercantil del primer gobernador panista en México –Ernesto Ruffo Appel– en el megaproyecto portuario multimodal en Colonet (Ensenada), puso su interés e influencia en el arroyo El Barbón que se ubica al este de la cuenca del Río Guadalupe

Los entonces prístinos bancos de arena de El Barbón que interesaron a Pétreos del Pacífico se localizan en los linderos de los ejidos Sierra de Juárez y Real del Castillo, del valle Ojos Negros.

El expediente 02BC2001M0015 –del cual 4 Vientos tiene copia- concluyó con la entrega del permiso ambiental al arquitecto arenero. El ingeniero Ricardo Juárez Palacios, entonces director general de la DGIRA, firmó y entregó la licencia en un trámite record de cuatro meses: agosto a diciembre del 2001.

Se le concedió utilizar una superficie de dos millones 530 mil 217 metros cuadrados de El Barbón, para extraer cada año, y sin límite visible de tiempo, 180 mil metros cúbicos de arena.

Se trata de una extensión que abarca 253 metros de ancho (todo el cauce del arroyo), 10 kilómetros de largo y una “profundidad constante” de tres metros, área que hasta hoy no se ha otorgado a ninguna otra persona física o moral en Baja California.

El gestor ambiental Manuel Acosta destacó que, para entregar esa cantidad de terreno a la empresa, la SEMARNAT pasó por encima de otros instrumentos legales que promueven la protección y conservación de partes del colector de la cuenca: el Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor San Antonio de las Minas-Valle de Guadalupe; y el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de Ensenada.

Otro caso de presunto influyentísimo es el del multimillonario tijuanense Carlo Enrique Muzquiz Dávila, director del Grupo Inmobiliario Musa, a quien el entonces delegado estatal de la Secretaría federal del Medio Ambiente, ingeniero Israel Camacho Gastélum, le concedió el permiso ambiental del expediente 02BC2005MD101, el 21 de diciembre del 2005, apenas 44 días después de que el magnate ingresó su Manifiesto de Impacto Ambiental en la DGIRA.

Amigo del entonces gobernador panista Eugenio Elorduy Whalter (2001-2007), Carlo Muzquiz, mejor conocido por un escandaloso conflicto mercantil de herencia que involucró a su madre, logró evitar el rechazo a su proyecto porque la Secretaría estatal del Ambiente convenientemente se abstuvo de hacer observaciones al proyecto del empresario.

Así, validó sin problemas el título de concesión que la CONAGUA le otorgóel 10 de marzo del 2002, para “aprovechar” por nueve años, y con posibilidad de prórroga, 70 millones 400 mil metros cúbicos de arena en una superficie de 46 millones 960 mil metros cuadrados del cauce del arroyo Las Palmas, en los límites de Tecate y Tijuana.

(CONTINUARÁ)