La ley del fuerte impone atraco de arena: la modificación del ciclo hidrológico de BC a cambio de 20 mil mdp (parte 4 de 4)
En el 81% de los casos de 140 permisos y concesiones de explotación comercial de arena otorgados a particulares por el gobierno federal en Baja California durante los últimos 24 años, la Secretaría estatal de Protección al Ambiente determinó que los proyectos no eran compatibles con las áreas especiales de conservación en el estado, ni con los lineamientos generales establecidos en el Programa de Ordenamiento Ecológico de la entidad.
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Edición; Olga Aragón
Foto destacada: Después del agua, la arena es el recurso más utilizado del mundo y, aunque parezca infinita, se está acabando. Pero no sólo es por el apetito insaciable de los grandes empresarios y sus consorcios multinacionales, sino porque hay mafias de arena e intereses políticos y territoriales (Tele13).
Ensenada, B.C., México, jueves 16 de marzo 2023.- Por citar uno de los 14 proyectos mineros y 126 permisos ambientales que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) entregó a 4 Vientos –el número 02BC2005MD066, que contempla el usufructo de 186 mil 976 metros cúbicos de arena por un periodo “de 15 a 20 años” en el arroyo Santo Domingo, San Quintín-, Ecología del Estado comunicó al delegado estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ingeniero Israel Camacho Gastélum:
“El proyecto (…) modificará la capacidad de infiltración del cauce, disminuirá la resistencia del mismo flujo, disminuirá la capacidad de estabilización del cauce y modificará los patrones de evapotranspiración (…); además de que no presenta ninguna medida preventiva o de mitigación”.
Y alerta que la remoción de la cubierta vegetal del arroyo “favorece la erosión eólica del mismo, modifica el aporte natural de sedimentos hacia aguas abajo, así como el aporte de sedimentos al litoral”.
Además, “no aporta medidas de reposición antes del abandono del sitio de explotación” y se ubica en el límite de una localidad, por lo que el proyecto viola el Plan de Ordenamiento Ecológico en el sentido de que “no se permitirá la desecación de cuerpos de aguay la obstrucción de los escurrimientos fluviales” en áreas cercanas a poblaciones”, que en el caso es Vicente Guerrero, localidad con casi 10 mil habitantes.
Camacho Gastélum, quien años después ocupó la dirección de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Baja California Sur, no validó ninguna de las razones legales y técnicas que el estado argumentó para desaprobar el manifiesto ambiental.
Afirmó que “del resultado del análisis que realizó esta delegación federal a la Manifestación de Impacto Ambiental se concluye que la explotación del recurso natural (materiales pétreos) no generará desequilibrio ecológico que pueda poner en riesgo la integridad funcional del ecosistema del arroyo, o comprometer de manera crítica los recursos naturales sujetos de aprovechamiento”.
Por ello, el 10 de febrero de 2006, sin revelar el protocolo, norma o método que usó para concluir que los argumentos técnicos que presentó el estado para no dar su visto bueno al proyecto, el funcionario federal aprobó la petición que formuló el ingeniero Saturnino Sánchez Sandoval.
En otro expediente –02BC2006MD019-, Ecología del Estado manifestó que el proyecto que propuso Daniel Quiñónez Sievers el 8 de junio del 2006 para obtener casi 95 mil metros cúbicos de arena en el límite Tijuana-Tecate del Arroyo Las Palmas, “atenta contra áreas especiales de conservación (…) no propone zonas de respeto paisajístico (…) afecta directamente ecosistemas riparios y zonas de recarga de acuíferos (…) altera el cauce del arroyo (…) y afecta especies endémicas en protección especial como lepus californianus (liebre) y sylvilagus bachmani (conejo matorrero), enlistadas en la NOM-59-SEMARNAT-2001”.
Otra vez Israel Camacho determinó, el 8 de junio del 2006, que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) “sí es congruente con el Programa estatal de Ordenamiento Ecológico”, por lo que dio su visto bueno al proyecto.
Uno de los cientos de camiones utilizados a diario por permisionarios y concesionarios de arena para transportar, en la carretera Tecate-Ensenada, millones de toneladas a su destino prioritario: La industria de la construcción en el suroeste de los Estados Unidos (Foto: El Mexicano).
DE LIEBRE, CONEJO Y OTROS ANIMALES
El conejo matorrero y la libre, ambos bajo protección especial del gobierno mexicano, volvieron a ser objeto de discusión en el expediente 02BC2006MD022, de fecha de resolución 9 de junio de 2006.
En esa ocasión Ernesto Villegas Sánchez, quien solicitó extraer en una década hasta 203 mil 500 metros cúbicos de arena depositada milenariamente en el Arroyo Las Palmas, de plano dijo en su MIA:
“Por las características de su vagalidad, (liebre y conejo) retornarán paulatinamente a sus áreas naturales”, por lo que no era necesario emitir medidas de protección para esos animales.
En sus observaciones al proyecto, la Secretaría estatal de Protección al Ambiente enfatizó que el solicitante del permiso ambiental no proporcionó información científica que respaldara su dicho acerca de la “vagalidad” de las especies bajo protección especial.
Camacho Gastélum no aceptó razones y determinó que tampoco existía riesgo para los mamíferos endémicos, por lo que concedió el permiso ambiental al promovente del proyecto.
El conejo matorrero, uno de los grandes afectados por la extracción excesiva de arena en los arroyos del norte de Baja California (Foto: Facebook).
LA VOZ DEL AMO
En esta borrachera de autorizaciones igualmente participó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien entregó a particulares de Baja California 14 proyectos mineros de extracción de arena en los arroyos del norte del estado.
Aquí destaca uno de los mayores megaproyectos de explotación del recurso pétreo que el gobierno federal entregó en Baja California en los pasados 25 años: hasta 70 millones 400 mil metros cúbicos (toneladas) de arena localizados en una superficie de 46 millones 960 mil metros cuadrados del cauce del arroyo Las Palmas, el cual corre al sur de los municipios de Tijuana y Tecate.
El gobierno panista de Vicente Fox Quezada, a través de su director general de la Conagua –Cristóbal Jaime Jáquez– entregó el título de concesión el 10 de marzo del 2004 -por un periodo de nueve años- al magnate inmobiliario Carlo Enrique Muzquiz Dávila, cabeza de los consorcios empresariales Muzquiz, Musa y Ruba que tienen una dominante presencia en el mercado de los bienes raíces de Baja California y Chihuahua.
El 21 de diciembre de 2005, Muzquiz Dávila hizo efectivo su título ante la oficina de Israel Camacho en la Semarnat y éste funcionario rápidamente hizo efectivo el permiso ambiental al millonario.
El patrón se dio el lujo de presentar en su manifiesto de impacto ambiental información de que sus ingenieros hicieron cinco sondeos mecánicos en el polígono del banco a 5.50 metros de profundidad, “y no se llegó al manto freático”.
Eso bastó para que Camacho Gastélum aceptara como cierto el dato sin ninguna verificación de su oficina.
Es más; en esa ocasión el gobierno de Baja California, encabezado entonces por el también panista y millonario Eugenio Elorduy Walther, no presentó objeciones al megaproyecto del soberano inmobiliario.
En agosto de 2020, el gobierno de Baja California denunció públicamente que el magnate Carlo Muzquiz no pagaba los consumos de agua de sus fraccionamientos en Tijuana. Al pobre no le alcanzaba la ganancia que obtenía por la extracción de millones de toneladas de arena del arroyo Las Palmas para pagar sus deudas (Foto: Captura de pantalla en el medio En Línea BC).
FOX, LA VOZ DE ARRANQUE AL SAQUEO
Es precisamente a partir del gobierno de Fox Quesada que la Semarnat inició la integración continua de los expedientes de los manifiestos de impacto ambiental para aprovechamiento de arena.
Aunque tal y como lo reconoció en su momento el arquitecto Roberto Anaya Curiel, los bancos de material pétreo en los arroyos del norte de Baja California ya eran sobreexplotados, sin premisos, sin estudios de impacto ambiental ni inspección oficial durante los tres últimos años del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
De acuerdo con el listado de permisos y concesiones que el titular de la Unidad de Transparencia de la Semarnat –Daniel Quezada Daniel– proporcionó a 4 Vientos en respuesta a la petición de información 330026722002437, del 17 de agosto del 2022, el primer presidente panista entregó permiso para explotar 7 millones 888 mil 499 toneladas con un valor comercial de 419 millones 216 mil 586 pesos.
Con Felipe Calderón Hinojosa las cosas cambiaron en extremo. Con un arranque lento en los dos primeros años de su sexenio, en los que concedió tonelajes anuales promedio de un millón y medio, en 2009 subió la cuota a casi 21 millones 300 mil para cerrar su gobierno con 83 millones 698 mil 890 toneladas concesionadas, las que concibieron ingresos a los permisionarios por 8 mil 699 millones 826 mil 719 pesos.
A Enrique Peña Nieto se le acredita el récord histórico en tonelaje y ganancias obtenidas por la explotación de arena en Baja California. Ocurrió en el año 2013, cuando cedió a la iniciativa privada 21 millones 803 mil 260 toneladas con un valor de 2 mil 597 millones 252 mil 646 pesos.
A partir de 2015, la extracción y superficie de arena se redujo considerablemente en la entidad del noroeste mexicano, pero en el sexenio del gobierno priista mantuvo promedios anuales de siete millones de toneladas y ventas por 500 millones de pesos cada 12 meses.
Finalmente, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se tiene registro en el periodo que va del 1 de enero de 2019 a junio de 2022, de 32 expedientes, de los cuales doce estaban todavía en evaluación y el resto han sido aprobados de manera condicional con un promedio anual de 7,1 millones de toneladas de arena concedidas y un valor de venta intermedio de 810 millones de pesos.
A partir del 1 de julio del año pasado hasta el pasado 8 de marzo del 2023, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental sumó 10 nuevos expedientes relativos a solicitudes de permiso ambiental para proyectos de aprovechamiento de arena en los arroyo Seco, Santo Domingo, El Compadre, Las Calabazas y Guadalupe –municipios de San Quintín, Ensenada y Tecate-.
Los peticionarios particulares y ejidatarios pretenden explotar, en periodos que van de 5 a 12 años, poco más de seis millones 530 mil metros cúbicos (toneladas) de arena y otros recursos pétreos con un valor aproximado de tres mil 600 millones de pesos (casi 200 millones de dólares a cotización del 16 de marzo) en el mercado estatal.
Tal cantidad de dinero es consecuencia de un aumento del 57 por ciento en el precio de la tonelada de arena en el mercado nacional e internacional en los últimos 12 meses.
Cabe destacar que desde mayo del año pasado el gobierno federal no ha notificado en la Gaceta Ecológica de la Semarnat, haber otorgado permisos ambientales a los peticionarios.
Ernesto Zedillo (derecha) abrió de manera ilegal la sobreexplotación de arena en México; Vicente Fox la oficializó. Se consolidaba el prianismo delictivo (Foto: Facebook).
EL COLOFÓN
De todo este largo plazo de extracción de arena en Baja California, la Subsecretaría de Minas, a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM), concluyó que al terminar 2019 la industria que aprovecha el recurso es la segunda más alta en participación en volumen y valor de la producción nacional –con el 3.82%-, tan solo superada por el aprovechamiento de otros agregados pétreos (caliza, grava, piedra bola y arcillas, entre otros) que se explotan en el estado y que participan con el 13.34%.
Y en su Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2019, Edición 2020 (Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2019; Edición 2020 (sgm.gob.mx)), el SGM estableció que en 19 años -2000 a 2019- los 140 concesionarios y permisionarios de arena en Baja California extrajeron diariamente 25 mil 757 toneladas de arena que vendieron a un promedio, cada 24 horas, de 2 millones 725 mil 189 pesos.
Con ello, y gracias a la política pública de los últimos cinco presidentes de México que los respaldaron en la satisfacción de su naturaleza lucrativa, los beneficiarios de la sobreexplotación arenera alteraron por completo el ciclo hidrológico del estado.
Viven y duermen bien, sin duda, disfrutando y soñando con sus extraordinarias ganancias.
PARTE 1 DEL REPORTAJE:
PARTE 2:
PARTE 3: