La larga marcha por los derechos humanos
El 10 de diciembre pasado se conmemoró el 67 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948 en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), documento magno de aceptación mundial surgido tras la barbarie, destrucción y muerte provocada por la II Guerra Mundial.
Raúl Ramírez Baena*/ A los Cuatro Vientos
Más de 50 millones de vidas se perdieron en la peor conflagración en la historia de la humanidad, más el Holocausto judío, los heridos, desaparecidos, presos, torturados, etc., producto de la intolerancia extrema del fascismo que asoma de nuevo en el planeta. A ello habrá que agregar las dos bombas atómicas detonadas en Japón en 1945.
Los promotores de la Declaración, mediante el compromiso de todas las naciones, buscaron crear un nuevo orden mundial en el que predominara la igualdad, la justicia y la fraternidad entre las personas; la paz, la tolerancia, la solidaridad internacional, el ejercicio pleno a las libertades de expresión y de culto y el respeto a la dignidad de todos los seres humanos, protegidos por un régimen de derecho. Fue también el reconocimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
A partir de ese consenso mundial, se establece el carácter universal, inalienable, interdependiente, indivisible y progresivo de los derechos humanos. A lo largo de los años y a través de la adopción en el seno de la ONU de Pactos, Convenciones y Principios, los derechos humanos han evolucionado a la par que la civilización humana. Se reconocen más tarde los derechos de los Pueblos, incluidos los pueblos indígenas, de las minorías, los grupos vulnerables y los derechos ambientales.
México, con una legislación avanzada
El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Ley que dio paso a la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, la más avanzada desde la promulgación de la Carta Magna el 5 de febrero de 1917. En el artículo 1º se reconocen el carácter “garante” del Estado Mexicano, el principio de igualdad y la prohibición de toda discriminación que tienda a anular o menoscabar la dignidad de las personas.
En el mismo artículo 1º, los derechos humanos se elevan a rango constitucional así como los tratados internacionales ratificados por México, adoptándose en consecuencia el principio pro persona. Se establecen cuatro principios (universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad), cuatro deberes para todas las autoridades (promover respetar, proteger y garantizar los derechos humanos) y cuatro obligaciones (prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos).
Del discurso a los hechos
A pesar de los importantes avances alcanzados en el mundo y en México, incluso de la institucionalización del Ombudsman (el Defensor del Pueblo), el campo de los derechos humanos aún no ha sido aceptado y comprendido del todo por amplios sectores de la población y por las autoridades.
En algunas regiones poco se reconoce el papel que juegan las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, a pesar de que históricamente han sido las principales defensoras y promotoras y de que, por su carácter independiente, desarrollan un trabajo comprometido y riesgoso en favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Las críticas a los organismos públicos y privados de protección y defensa de los derechos humanos se deben en buena parte a la desinformación, aunque también hay grupos de poder que no comulgan con los principios básicos de derechos humanos, lo cual es un riesgo para el Estado Social y Democrático de Derecho.
Preocupante es el menosprecio hacia la dignidad de las personas mostrado por algunas autoridades, cuando son precisamente ellas las responsables de garantizar los derechos humanos. Ello nos habla de la dificultad de promover una Cultura de los Derechos Humanos, incluso entre los medios de comunicación, que son aliados indispensables en el arduo y difícil trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos, que incluye la libertad de expresión y el derecho a la información.
México ha ratificado casi todos los tratados internacionales de derechos humanos, reformado la Constitución, establecido organismos públicos, aprobado leyes protectoras, impulsado programas nacional y estatales (Baja California presentó oficialmente su Programa Estatal de Derechos Humanos el pasado 10 de diciembre, como antes lo hicieron 6 entidades del país), de que se estableció una representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que instituciones de seguridad y justicia cuentan con áreas de derechos humanos, que en los actos oficiales los discursos están a la orden del día, etc., todo ello ha sido insuficiente para concretar los ideales que dieron origen a los sistemas Universal, Interamericano y Nacional de protección de los derechos humanos.
Ante el cúmulo y aumento de violaciones a los derechos humanos en México, algunas muy graves que han merecido recomendaciones y sentencias de los órganos y cortes nacional e internacionales (difícilmente aceptadas por las autoridades mexicanas), el abismo entre las leyes, los mecanismos y los discursos con la realidad es profundo. Hay un preocupante retroceso y ejemplos sobran.
Todo es cuestión de voluntad política, algo muy fácil o muy difícil de practicar por los gobernantes.
