La imposición y la simulación en la designación de los mandos en Seguridad Ciudadana y Fiscalía de Baja California
Tal y como se esperaba desde hace un mes, el Pleno del Congreso de Baja California aprobó el 19 de enero, con 21 votos a favor y tres en contra, el nombramiento del abogado Ricardo Iván Carpio Sánchez como titular de la Fiscalía General del Estado.
Antes de ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, el general Gilberto Landeros Briseño se desempeñaba como Comisario General de la Policía Municipal de Hermosillo. (Foto: Benjamín Barrios / Expreso).
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto destacada: Así las cosas en materia de seguridad en Baja California (Foto: Blogspot)
Ensenada, B.C., México, viernes 21 de enero del 2022.- El nuevo funcionario estatal originalmente iba a ser nombrado Secretario estatal de Seguridad Ciudadana por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, pero por imposición de la Presidencia de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el cargo se asignó de último minuto al General de Brigada Gilberto Landeros Briceño, militar que trabajó en Baja California bajo el mando del también General Alfonso Duarte Mújica cuando éste era Comandante de la II Región Militar en el estado, Sonora y Baja California Sur, y en Tijuana el titular de la Policía Municipal era el Teniente Coronel Julián Layzaola Pérez.
La elección de Carpio Sánchez, ex titular de la Fiscalía de Unidades Especiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, pero también destacado integrante de la desaparecida procuraduría estatal en los gobierno panistas de Francisco Vega de Lamadrid, José Guadalupe Osuna Millán y Eugenio Elorduy Walter, la completó el congreso con la designación y toma de protesta de la primera Comisionada Ejecutiva de la Comisión Estatal de Atención Integral a Victimas en Baja California, María Alejandra Basaldúa Ayala.
Los dos nombramientos se dan luego del asesinato doloso en Tijuana del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, de quien se documentó que antes de su muerte recibió amenazas e incluso solicitó infructuosamente apoyo al mecanismo de protección a periodistas, hecho que levantó críticas al sistema estatal de seguridad de la gobernadora Ávila Olmeda.
El nuevo fiscal se integró en 2021 al equipo de campaña y transición de gobierno de la hoy gobernadora, quien en octubre del año pasado lo confirmó como quien sería su secretario de Seguridad Ciudadana una vez que se modificara la Constitución del Estado para refundar esa dependencia, la cual desapareció Jaime Bonilla para centrar todo el poder del sector en la figura del llamado “fiscal compadre” del mandatario, Guillermo Ruiz Hernández.
De acuerdo con su curriculum, a partir de marzo del año 2005 desempeñó diversos puestos en materia de Seguridad Pública y la Procuración General del Estado, en donde fue titular de Homicidios, jefe de Investigaciones y Coordinador de Investigaciones tanto de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado como en la Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR).
El nuevo fiscal en un operativo antisecuestro, años atrás (Foto: Facebook).
Es Licenciado en Derecho por la Escuela Superior de Leyes y Negocios de la Universidad Humanitas, y Maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana.
Sus biógrafos destacan que es el desarrollador del “Proyecto Delta”, el cual presuntamente redujo la incidencia del delito de secuestro entre los años 2008 y 2012, periodo en el que supuestamente se desarticuló a 448 grupos delictivos y se obtuvo una media de 9.3 detenidos por cada denuncia de secuestro.
Hecho a un lado de la nueva Secretaría estatal de Seguridad Ciudadana por la Presidencia y la Sedena, Marina del Pilar Ávila informó el 23 de diciembre que Ricardo Carpio sería el nuevo fiscal general del estado.
Para ello, los poderes ejecutivo y legislativo simularon un proceso de selección democrática del nuevo fiscal que incluyó la presentación de una tercia de candidatos en la que se incluyó a Carpio Sánchez.
Mientras tanto, el general Gilberto Landeros Briceño presentó el 5 de enero una versión mediática de su plan de trabajo al frente de la Secretaría estatal de Seguridad, el cual centró en un objetivo: que la entidad deje el segundo lugar que ocupa a nivel nacional en incidencia delictiva.
Imagen del pasado 3 de octubre, cuando la entonces gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció el nombramiento de Ricardo Carpio y María Andrade Ramírez como titulares de seguridad, pero en eso entró la “mano negra” y desbarató el plan (Foto cortesía).
En una conferencia conjunta con la gobernadora, el militar recordó que hace 10 años, cuando fue comandante de la Segunda Zona Militar con sede en Tijuana, Baja California ocupaba el primer lugar en incidencia delictiva a nivel nacional y que al término de su gestión el estado bajo a la posición 27.
También dijo lo que otros secretarios de seguridad en la república han repetido hasta el cansancio: que mantendrá la política federal de una estrecha coordinación con las dependencias de todos los órdenes de gobierno, y resaltó que por su formación castrense mantiene una muy buena coordinación con las autoridades militares.
Igualmente repitió la vieja fórmula de que trabajará con base a esa coordinación y que “se habrán de realizar operativos en función de trabajos de inteligencia que permitan judicializar los eventos delictivos” que se presenten en Baja California.
Pero se cuidó de no recordar aquel operativo en el que siendo él comandante de la Segunda Zona Militar en Tijuana, soldados entraron a la casa del presidente del Grupo Caliente, Jorge Hank Rhon, para detenerlo bajo cargos de acopio y posesión ilegal de armas, operativo que pocas horas después fracasó cuando la juez Noveno de Distrito en Baja California, Blanca Evelia Parra Meza, decretó la libertad de Hank y sus escoltas porque la detención ocurrió en circunstancias distintas a las que reportó el Ejército al ministerio público federal.