La estigmatización de los normalistas y la Medalla Belisario Domínguez
La violencia de Estado también es simbólica. El último capítulo de la campaña en contra de los normalistas es la entrega de la Medalla Belisario Domínguez: un otorgamiento que pretende estigmatizar e invisibilizar a miles de víctimas guerrerenses.
Elisa Godínez/ Horizontal
Hace casi cinco años el ingeniero Gonzalo Rivas murió como resultado de las quemaduras sufridas durante un incendio en una gasolinera en Chilpancingo. El ingeniero Rivas era empleado de la gasolinera cuando el 11 de diciembre de 2011 elementos de la Policía Federal y de la Policía Estatal de Guerrero desalojaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes junto con miembros de organizaciones sociales locales mantenían bloqueada la vía para exigir una reunión con el gobernador en turno, Ángel Aguirre Rivero, con el fin de negociar la destitución del nuevo director de la normal y el aumento de la matrícula de la escuela, entre otras peticiones. Durante la refriega ocurrió un hecho que hoy sigue siendo oscuro: unas personas –no identificadas, aunque señaladas de ser supuestamente estudiantes (algo que nunca se demostró)– rociaron combustible a una de las bombas despachadoras de la gasolinera con la intención de provocar una conflagración; la bomba despachadora efectivamente ardió y, al intentar sofocar el fuego, el ingeniero Rivas sufrió lesiones que le causaron la muerte. Pero este es solo uno de los varios episodios opacos ocurridos durante el desalojo. Ese mismo día, los normalistas Alexis Herrera y Gabriel Echeverría también fallecieron por balazos de arma larga –y tampoco queda claro quién les disparó–. Por si fuera poco, en esa ocasión las fuerzas policíacas reprimieron encarnizadamente a los manifestantes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación sobre el suceso por violaciones graves.

Medalla Belisario Domínguez otorgada post mortem al ing. Gonzalo Rivas
Mi intención en este texto no es discutir los detalles siniestros de este capítulo, que es uno más en la ominosa historia de represión en contra de la protesta social en nuestro país, sino plantear algunas preguntas en torno a la polémica decisión de otorgar, post mortem, la medalla Belisario Domínguez a Gonzalo Rivas.
Recordemos primero el procedimiento mediante el cual cada año se concede esta presea “a quien haya hecho un servicio excepcional al país en el campo de la política, el activismo social, las ciencias, las humanidades o las artes”, a través del Senado de la República, que tiene una comisión específica para este tema. Teóricamente, se invita “a la Cámara de Diputados, a los Poderes Legislativos estatales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México; a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; a los partidos y las asociaciones políticas nacionales; a las organizaciones; a las asociaciones de empresarios e investigadores; a los colegios y agrupaciones de profesionistas; a las universidades e instituciones de enseñanza superior; a los medios de comunicación social” y, en general, a todos los ciudadanos mexicanos, a presentar candidaturas ante el Senado. Cuántas candidaturas y quiénes las presentan es algo que, a simple vista, en los sitios web tanto de la comisión del Senado como de la medalla misma no proporcionan. Así que nosotros, en calidad de simples y mortales ciudadanos, no podemos saber con precisión quiénes han sido postulados ni por quién; nos enteramos, si acaso, de los intríngulis políticos por la prensa. Así que lo que queda claro es que, en la práctica, son los partidos políticos quienes deciden al ganador, además de por su voto en el Senado, por los arreglos y negociaciones entre ellos que, naturalmente, son las expresiones de sus intereses, filias y fobias.

En 2015 el Senado de la República otorgó la medalla Belisario Domínguez al empresario Alberto Baillères.
El año pasado el acreedor a la presea fue el empresario Alberto Baillères, un hombre multimillonario que no ha realizado precisamente “servicios excepcionales” a la nación, sino que más bien se ha servido de ella. Esto muestra que, en años recientes, la legitimidad de esta medalla es bastante cuestionable, especialmente por la forma tan burda que tienen los partidos políticos de repartirse el botín simbólico de la presea. En primer lugar, resulta que no es claro cómo es que tal o cual partido decide postular a equis o ye candidato; en segundo lugar, aunque el artículo sexto del reglamento de la medalla dice que la condecoración se otorgará por acuerdo tomado en sesión pública, lo cierto –y esto todos lo sabemos– es que no pesa la discusión y el debate en el Senado, sino lo que importa es esta repartición grotesca de toda comisión y decisión y de todo espacio y recurso que hacen los partidos políticos. Si el presidente de la comisión es de tal o cual partido, entonces le “toca” a ese partido definir quién es el ganador.
El asunto de la Medalla Belisario Domínguez es revelador del nivel de corruptelas que existen en el sistema político mexicano.
¿Qué significa que la decisión de otorgar una de las más altas distinciones del Estado mexicano esté en manos de personajes que evidentemente no nos escuchan y solo atienden a aquellas voces que refuerzan o se ajustan al tamaño de sus intereses? Sí, los partidos políticos son una parte, representan a una parte de la sociedad, pero una cosa es que estas asociaciones se den en función de determinados principios e intereses en un marco de pluralidad democrática y otra muy distinta que esta partidización lo contamine absolutamente todo, bajo una pauta de repartición que termina siendo, en vez, un mecanismo de trapicheo.
Actualmente, los principales partidos políticos en México están profundamente desligados de los ciudadanos, al tiempo que tienen como rehenes a las instituciones para garantizar sus cambalaches. Con sueldos insultantemente altos, los diputados y senadores de los principales institutos políticos despachan recortes a sectores estratégicos como la inversión o mejora de los servicios públicos básicos o la investigación científica, mientras sus colegas dirigentes negocian la protección a compañeros exgobernadores buscados por la justicia y que hoy están “en desgracia”. Es en este oprobioso contexto de descomposición institucionalizada en el que se decide quién recibe la Medalla Belisario Domínguez.
La candidatura del ingeniero Gonzalo Rivas estuvo abiertamente impulsada por varios intelectuales y periodistas ligados, sobre todo, a la revista Nexos y al periódico Milenio.
De manera particular, el escritor recientemente fallecido Luis González de Alba fue un infatigable promotor de esta candidatura. Al mismo tiempo, diversas voces cuestionaron la campaña en medios emprendida por estos intelectuales. Lejos de repetir aquí lo que cada parte ha argumentado a favor y en contra, me interesa anotar algunas preguntas.
¿Exactamente cuál es la intención de promover la candidatura de una persona que lamentablemente perdió la vida por intentar sofocar el fuego de la bomba despachadora, pero que objetivamente no evitó ninguna tragedia, dado que existen mecanismos de seguridad que precisamente impiden que se genere una explosión de “consecuencias caóticas”, que solo imaginó el grupo de intelectuales y periodistas que postuló al ingeniero Rivas? Nadie duda de la acción bienhechora, nadie cuestiona la buena intención del personaje. Lo que desconcierta es la pretensión de fabricar un héroe de manera tan forzada y, sobre todo, derivado de un episodio que es todo menos nítido.
Convertir un episodio tan siniestro –en el que no se sabe exactamente qué sucedido y en el que hay pistas que señalan la participación de grupos de choque o, por lo menos, de individuos que participaron activamente para generar confusión y para ejercer violencia que justificase una represión feroz– en una épica con héroes y villanos es, por decir lo menos, algo pueril y, por decir lo más, algo perverso.
Cinco años después del suceso en Chilpancingo –y una espeluznante noche en Iguala con 43 estudiantes normalistas desaparecidos y varios muertos y heridos de por medio– al convertir a ingeniero Gonzalo Rivas, quien fue una desafortunada víctima, en un héroe, el grupo promotor de esta candidatura reproduce una de las cosas que ha criticado tanto: la martirización subjetiva e interesada de una víctima (cuyos necios familiares no aceptan la explicación oficial del crimen y, en palabras de González de Alba, “ya no dan lástima”).

Luis González de Alba
Esta peña de periodistas e intelectuales ha fustigado a quienes rechazan la verdad histórica con la que el régimen de Peña Nieto intentó dar carpetazo al crimen de Estado cometido en 2014, al mismo tiempo que en su afán por fortalecer y promover la versión oficial de aquella noche de horror, han puesto en duda la respetabilidad de los estudiantes desaparecidos, desdeñado la exigencia y la lucha de los padres de los 43. Y aquí precisamente no se trata de decidir quién es más víctima –esto no es algo que se pueda ni se deba medir.
Pero con la decisión de otorgarle la medalla al ingeniero Rivas pareciera que sí se trata de revictimizar a los dos muertos, los 43 desaparecidos y demás heridos, y reiterar el estigma en contra de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en general.
Bajo el argumento de hacer visible a las otras víctimas, se encumbra a una persona como un héroe ficticio. El supuesto motivo del heroísmo es algo que pudo haber sido y no fue, como dice la canción. Está sustentado en una hipótesis muy remota, porque no es verdad que él sufriera un ataque personal, porque no es verdad que quienes perpetraron el incendio fueran estudiantes de Ayotzinapa, porque existen sistemas de seguridad que impiden que las gasolineras estallen tan sencillamente. Cito nuevamente a González de Alba: “¿Y el asesinato de Gonzalo Rivas, quemado vivo por los normalistas que incendiaron –con nobles fines– la gasolinera donde trabajaba?” Es la construcción de un héroe artificial. Y por si fuera poco, más allá del grupo intelectual que lo postuló, no existió una sentida demanda proveniente de sectores más amplios. Construida y promovida por cierta élite, fue una candidatura con nulo arraigo social.
Determinar los méritos de quién debe recibir un premio no es lo mismo que utilizar de manera maniquea la condición de víctima de una persona.

Crímenes de Estado
En un estado como Guerrero, históricamente agraviado por múltiples violencias, especialmente por la violencia de Estado, y donde existe permanente impunidad, donde miles de víctimas no han tenido ni un atisbo de justicia, una entidad plagada de fosas que engullen los restos de tantísimos desaparecidos, ¿qué significado tiene esta medalla? ¿Qué buscó el Partido Acción Nacional al presentar y decidir la entrega de la presea a Rivas? ¿Qué buscó esta élite de periodistas e intelectuales al promover, “desde la sociedad”, la fabricación de un héroe artificial? ¿Qué legitimidad puede tener un reconocimiento oficial que se decide en función del trapicheo y el cambalache partidista más vulgar? ¿Cómo deben de tomar este galardón las miles de víctimas guerrerenses y sus familias, a quienes no se les ha hecho ni justicia legal ni justicia simbólica? ¿Hasta cuándo deberán de soportar la invisibilización, la revictimización y la estigmatización del Estado mexicano?
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Elisa Godínez es politóloga y doctora en Ciencias Antropológicas.