La estadística criminal: ¿Con cuál cristal es que se mira?

En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según del color del cristal con que se mira.

Ramón de Campoamor.

Advierto que, sobre lo que a continuación escribo, no me mueve a defensa de nuestro actual mandatario AMLO, aunque anticipo que el lector encontrará argumentos de aparente defensa debido al argumento inicial.

Osvaldo Medina Olvera / 4 Vientos / Imagen principal: Diacrítico.

Debo aclarar sin embargo que el tema que es mi punto de partida lo abordo porque siendo la criminología una de las ciencias penales que se integran a mis estudios de Maestría, me resulta inevitable abordar el tema bajo ésta perspectiva.

Desde hace algunas semanas que se contabiliza que la violencia ha aumentado en los últimos cuatro meses y que con ello se deshonra la promesa de campaña de AMLO.

Si el propósito es el de encontrar responsables de lo anterior, vale la pena hacer un juicio de valor razonable de manera que analicemos entonces los datos de una manera objetiva:

En realidad, el aumento de violencia contabilizada por el número de muerto, es indudablemente debido a la actividad de delincuencia organizada. Criminológicamente, ellos son los responsables de la variación en el índice.

No se niega que el gobierno tiene su responsabilidad, pero ésta es principalmente por omisión en dicha dinámica; lo que no disminuye por eso la responsabilidad de la delincuencia organizada.

Bien es cierto que la ciudadanía (quien es quien resiente de manera indirecta la inseguridad) no puede reclamar a delincuencia organizada por tal fenómeno, y desde luego su reclamo legítimo debe dirigirse a sus representantes; esos que también legítimamente fueron elegidos.

La responsabilidad de éstos últimos, y a quienes conocemos como diputados, no se debe a la participación en los actos de violencia, sino más bien a la omisión para diseñar una estrategia efectiva que la contenga, responsabilidad que es inherente al cargo para el que fueron designados, entre muchas otras.

El combate a la delincuencia organizada requiere políticas públicas bien definidas.

Imagen: Alto Nivel

Las políticas públicas

Las políticas públicas son estrategias de gobierno que tiene el propósito de dirigir los destinos de una nación en el marco del progreso y la competitividad internacional, entre muchos otros propósitos.

A diferencia de lo que muchos creen, las políticas públicas no son para renovarse cada inicio de sexenio, sino para dar continuidad a planes transexenales con el propósito de lograr exitosos cambios generacionales.

Entre esas políticas públicas se encuentran las que son de carácter pro activas y las reactivas, entre otras clasificaciones de diversa índole. Esta clasificación, en éste ejercicio, no permite descubrir la facilidad o dificultad de medir los resultados.

En las políticas públicas proactivas es posible medir su impacto positivo o el impacto con resultado de fracaso en su caso, partir de que se da inicio a la estrategia. Son políticas basadas en evidencias y así se conocen y catalogan por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la propia ONU.

Entre las políticas públicas basadas en evidencia se puede considerar a las política educativa (no hablemos de la reforma educativa) ya que el nivel de aprendizaje puede mensurarse en ciclos escolares, aunque el impacto social se aprecie en lapsos generacionales.

Un ejemplo de lo anterior se evidenció cuando se eliminan las asignaturas relacionadas con el civismo, de manera que el impacto se evidenció ya sea positiva o negativamente.

Hubo un motivo velado en ésa época en la que se elimina la asignatura relacionada a la educación cívica y cultural correspondiente al último tercio del siglo pasado: el civismo estaba demasiado encasillado en obediencia servil a un sistema político e internacionalmente se reprochaba a México la violación de derechos humanos.

Veladamente, la desaparición del civismo como asignatura también permitió a una generación “probar” la rebeldía sistémica y, coincidentemente o no, una generación decidió el cambio a un rumbo con mayor eficacia democrática.

En un diverso ejemplo de políticas públicas basado en evidencias, se encuentran como ejemplo las políticas públicas para la lucha contra la pobreza en nuestro país.

La razón por la que debe ser medible en base a evidencias es porque esa lucha contra la pobreza se encuentra apoyada con recursos internacionales cuya finalidad es poner Fin a la Pobreza, como objetivo sostenible número 1 de la Organización de las Naciones Unidas.

Los estándares de medición de la ONU en ésta caso son exigentes y demandan además a los países asociados, un informe periódico y comprobable del avance de la lucha contra la pobreza.

Imagen: Facebook

La otra cara de la moneda en políticas públicas

Sin embargo, entre las políticas públicas que se caracterizan por ser reactivas se encuentran la lucha contra la delincuencia organizada, la lucha contra la delincuencia organizada internacional y el combate a la corrupción.

Las dos primeras requieren estratégicas bien diseñadas, con alto grado de inteligencia y con firmeza en la plataforma del Estado de Derecho.

En sede interna, en nuestro país y en materia de seguridad pública -Seguridad Humana, prefiero definirla yo-, no debe perderse de vista el hecho de que las actividades relacionadas con la delincuencia organizada son principalmente la causa generadora de inseguridad.

Y debe quedar claro que ésta actividades no dependen del Estado porque oscilan en esfera personal de los propios miembros de delincuencia organizada.

Atención en lo siguiente: la ventaja de ésta gente no es su inteligencia ni en su fuerza, sino que su ventaja radica en logra ser imperceptibles a vista general, pasando a ser incógnitos.

La delincuencia organizada se forma con gente de la que ni la propia sociedad ni los cuerpos de seguridad púbica saben nada, mientras no se obtengan pruebas en contra de ellos, mientras que las fuerzas policiacas cuentan con cuarteles generales en lugares fijos, visibles, plenamente identificados, llevan a cabo controles con unidades balizadas y visten uniformes; aquellos no.

Y si se les llega a conocer, difícilmente se pueden vincular sus actos mediante pruebas suficientes que les lleve a una sentencia y a sabiendas de ello demandarán, siempre, un justo juicio que les condene. Algo que no es aplicable entre ellos mismos al llevar a cabo sus ejecuciones.

Las políticas en materia de seguridad son reactivas y las estadísticas dependen de sus actores y no necesariamente de las reacciones estatales, por lo que no se tiene lógica criminológica para ser contabilizadas mes por mes.

En lo personal, siempre me ha disgustado que se maneje la estadística en materia de homicidios comparable con el mismo mes del año anterior. Yo mismo me rebelé a someterme a ése estándar en mi paso en la Procuraduría de Justicia en San Quintín. Preferí poner los pies fuera de oficina para investigar las causas delito en la zona y no esperar a que se acumularan denuncias para alimentar una absurda estadística.

Esas tablas comparativas se siguen utilizando para efectos distractivos.

La diferencia de un mes a otro se debe en realidad a los deseos de la delincuencia organizada por saciar su ambición o su venganza en determinado momento, sin que necesariamente se relacione con una cuota mensual. Es indignante que el homicidio se catalogue como indicativo de productividad.

Es tan reprobable un simple homicidio que es insultante dar por aceptable una tasa mensual concedida por la delincuencia organizada.

En realidad, los resultados en el combate a la delincuencia organizada deben analizarse sociológicamente y en contexto real, y no como una estadística mensual.

Lo que sí es reprobable, por evidente, son las políticas públicas en materia de seguridad implementadas en nuestro país, y reprobables también en línea de tiempo transexenal.

La responsabilidad no se transmite de un presidente a otro. La estadística se comparte de manera conjunta.

Queda claro pues que la estadística puede demostrar la actividad de la delincuencia organizada con base a los índices delictivos cuantificables, y queda claro también que el aumento de la actividad de la organización criminal se debe a la inactividad del Estado.

Las políticas públicas en materia de seguridad evidencian su ineficacia para combatir la delincuencia organizada, al grado de alarmar a la sociedad (eso sí, con justa razón) por el incremento de la violencia.

Foto: Rompe Vientos TV

La autoridad rebasada por la delincuencia

Los gobiernos sexenales han negado sistemáticamente (en cada periodo presidencial) que la autoridad esté rebasada ante la delincuencia organizada.

La estadística demuestra precisamente lo contrario y para ello se requiere analizar el fenómeno en lapsos transexenales.

La costumbre de delimitar las políticas públicas como éstas, se debe a la “necesidad” de un presidente de la República de delimitar su responsabilidad en el lapso de su sexenio, y pasar por alto la obligación de retomar la estafeta de su antecesor en ésta materia.

Hay una similitud en la sintomatología tratándose del combate a la corrupción, aunque en ésa materia, los efectos sean difusos y hasta confusos, pero en ambos casos las políticas públicas han sido de ineficaz reacción, por lo que las actuaciones del Estado se ven rebasadas.

El grave efecto psicológico y económico del robo con violencia (Foto: Plano Informativo).

El cristal con que se mira: ¿Cifras alegres?

En materia de Inseguridad Pública no es aceptable utilizar el término “cifras alegres”. Cualquier estadística que calcule en cualquier lapso la actividad de la delincuencia, sea organizada o no, significan cifras desagradables.

Es fácil apreciar lo anterior- Pongamos atención en cualquier cifra mencionada por los funcionarios públicos y su auditorio. Las cifras reducidas significan “éxitos” en la función pública y, sin embargo, esa cifras, por muy reducidas que sean, significan dolor para las víctimas que saben que deben esperar un largo proceso para acceder a una justicia que les nivele, meridianamente, la injusticia cometida en su persona y patrimonio.

Para comprender el fracaso o ineficacia de las políticas públicas en la materia, hay que poner atención en las víctimas en lugar de poner atención a los funcionarios públicos. Si se trata de homicidios, por ejemplo, cada número significa la desgracia de varias familias, pues se afecta al núcleo familiar primario y también al secundario.

Si se trata de robo con violencia, a casa habitación y asaltos, estos hechos significan el quebranto económico del propietario y de su familia, además de la afectación psicológica que tales eventos ocasionan.

Los criminólogos sabemos mejor que nadie que las estadísticas deben ser utilizadas para afinar las políticas públicas y analizar los datos a efecto de diseñar estrategias eficaces con las cuales reducir los niveles de actividad delictiva de manera general y específica; asimismo, para neutralizar efectivamente a los agentes delictivos.

Las agencias de seguridad mejoraran sustancialmente cuando integren en sus filas tanto a criminólogos como a sociólogos, y éstos sean considerados al momento de diseñar políticas públicas para el combate a la inseguridad y la corrupción.

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