La crisis humanitaria de los desaparecidos en BC, se convierte en botín político
Luego de rechazar la decisión de lanzar una nueva convocatoria para restituir el nombramiento de Comisionado Local de Búsqueda en Baja California, ocho organizaciones civiles de localización de personas desaparecidas pidieron ayer a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda una reunión urgente para que “fundamente y motive” legalmente su disposición.
La nueva carta de protesta (Cortesía).
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos
Foto destacada: La tragedia de los desaparecidos en Baja California, ahora se convierte en vergonzoso botín político (Facebook).
Ensenada, B.C., México, miércoles 15 de junio 2022.- Los colectivos Una Nación Buscando T, Fundación Todos Somos Erick, Búsqueda y Justicia por Nuestros Hijos (las tres de Tijuana); Madres Unidas y Fuertes (Mexicali); Colectivo Carlos Luna (Playas de Rosarito; Siguiendo tus Pasos y Armadillos Rastreadores (Ensenada); y Familias Unidas en Contra de la Impunidad de B.C., reprocharon a la gobernadora el que, “por presiones políticas”, revoque el nombramiento de Rafael Hernández Murrieta como comisionado, hecho apenas el pasado 21 de mayo.
En un escrito conjunto, las ocho organizaciones manifestaron:
“La decisión tomada, además de poner en evidencia la debilidad institucional con que desde el ejecutivo se ha atendido la crisis de desapariciones en el estado, dilatará los trabajos en favor de las víctimas”.
Agregan que ninguna de las organizaciones que firman la carta fue convocada a participar en las reuniones de trabajo que la Secretaría General estatal de Gobierno sostuvo con los integrantes de otros colectivos –liderados por Fernando Oceguera, quien impulsa como aspirante al cargo al ex titular de la dependencia de búsqueda, Juan Manuel León Martínez– y que terminaron con el anuncio de que habrá una nueva convocatoria.
“Dado que ya existía un nombramiento, no solicitamos un nuevo proceso para la selección del titular, por lo que la decisión de emitir una nueva convocatoria es a todas luces unilateral”.
Resaltan que quienes desean mantener el estado de cosas en la Comisión Local de Búsqueda, que en el pasado reciente fueron calificadas como corruptas, ilegales y discriminatorias, son los que imponen la revocación de una decisión que por primera vez consideró la participación de las familias, los colectivos de búsqueda, la academia y la sociedad civil.
La búsqueda mediática. Otros son los hechos (Cortesía).
“¿Cómo confiar en que nuestros familiares serán buscados si no hay seriedad ni sustento en las decisiones tomadas desde su gobierno?”, cuestionan los colectivos a la mandataria.
Y concluyen su escrito mencionando “la incertidumbre y desconfianza” que la decisión del gobierno del estado genera en la sociedad bajacaliforniana, y particularmente en las víctimas.
El pasado 13 de junio, en un lacónico comunicado que dirigió a los Colectivos Civiles de Búsqueda de Personas Desaparecidas y “a la opinión pública”, el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, informó la eminente publicación de una nueva convocatoria para nombrar otro Comisionado Local de Búsqueda.
Sin dar pormenores del por qué de la decisión, Zavala dijo en su escrito: “Se emitirá una nueva convocatoria pública para recibir las diferentes propuestas de los colectivos del estado (…) y que por consenso pueda designarse el nuevo titular de la Comisión Local de Búsqueda”.
Días antes, la asociación estatal de colectivos de búsqueda que preside Fernando Oceguera, refutó a Rafael Hernández y con manifestaciones de protesta y a gritos exigió la ratificación en el cargo de Juan Manuel León Martínez, un personaje que otros colectivos identifican como corrupto, así como reponer el proceso de selección y una entrevista con la gobernadora.
La parquedad de Catalino Zavala (Cortesía).
De acuerdo con los colectivos que se le oponen, León Martínez presuntamente contrató a personas ligadas a grupos criminales de Baja California, así como a familiares, para que trabajaran con él en la comisión, además de que trabajó únicamente con los grupos aliados a Oceguera.
Aparte, pero no menos importante, colectivos de búsqueda denunciaron que el 20 de octubre del 2021, a días de que concluyera la administración de Jaime Bonilla y con un observador / testigo de la entonces gobernadora electa –Emeterio Flores Landaverde-, León Martínez logró que Baja California contratara a dos empresas de seguridad del estado de México –Coedra, S.A. de C.V., y Centro de Adiestramiento Pericial, S.C.-, para el suministro de software, equipo de cómputo, tecnología y un diplomado especializado en búsqueda de personas desaparecidas.
A la primera de ellas el entonces comisionado de búsqueda le dio un contrato global por 8.1 millones de pesos y a la segunda por 1.2 millones, además del curso de capacitación “para 120 funcionarios” de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Integrantes de los colectivos de búsqueda criticaron el gasto porque además de no cumplir con los requisitos legales de licitación, confirmó que mientras para los funcionarios y la burocracia sí hay presupuesto, para ellos no hay dinero de apoyo a su trabajo diario de campo.
Catalino Zavala (al centro), con el designado Rafael Hernández y el repudiado ex comisionado de búsqueda Manuel León (Cortesía).
NO PASA NADA
Mientras tanto, para Catalino Zavala, la operatividad y agenda programada en la Comisión Local de Búsqueda “continuará de manera ordinaria” mientras se escucha las propuestas de los colectivos civiles.
Con respecto a la nueva convocatoria para la designación del titular de la Comisión de Búsqueda, el funcionario señaló este día en un comunicado que se planea realizarla “con el mayor consenso posible” entre los colectivos.
Ello será así porque, dijo, se trata de “un tema delicado y sensible”.
Y aclaró que el nuevo proceso “no expone a las personas que se están buscando en vida”, puesto que la programación de las búsquedas inmediatas continúan de manera ininterrumpida, “de acuerdo a las prioridades de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda”.