La corrupción mata
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó en 2013: “La corrupción mata… ” El dinero que se roba anualmente a través de la corrupción alcanzaría para alimentar a los hambrientos del mundo más de 80 veces. En México, se estima que la corrupción le cuesta a la nación entre 2% y 10% de su Producto Interno Bruto (PIB), quitándole al país ingresos que podrían haber sido utilizados para mejorar la salud y el bienestar de su población.
Álvaro de Lachica y Bonilla* / A los 4 Vientos
Me llama la atención, que vemos desde hace días a los diputados estatales de Baja California, encabezados por un tal Alejandro Arregui Ibarra, muy preocupados en vigilar la implementación del Sistema Estatal Anti-corrupción de Baja California. Y aquí está el detalle: esta representación deberá estar alejada de los partidos políticos que han demostrado que a cada paso que dan corrompen los sistemas. Absolutamente, todos los partidos políticos deben estar fuera del Sistema Anticorrupción y, en un futuro, pugnar para que un representante de la sociedad, que haya demostrado su imparcialidad y no tenga ligas partidistas, sea quien conduzca este Sistema Estatal. Definitivamente, los servidores públicos, además de ser responsables de su actuar conforme a derecho y con integridad, también son responsables de la percepción que generan con sus actos.
La corrupción, entendida como el abuso del puesto público en los escalones más altos de la política para obtener beneficios privados, es endémica en nuestro país. Las redes de corrupción florecen gracias a la impunidad que se genera cuando nuestros gobernantes, no permiten que funcionen las leyes para castigar a sus colegas, amigos, familiares y, principalmente, a ellos mismos.
Ya que las medidas que se quieren tomar para combatir esta corrupción sistémica no serán suficientes, cuando los mismos gobernantes serán los encargados de estructurar este sistema anticorrupción, en que ellos son juez y parte, los ciudadanos debemos demandar que intervenga una Corte Internacional Anticorrupción capaz de hacer valer los códigos y reglamentos que sancionen los actos de corrupción, que los compromisos para castigar sean acatados porque los políticos corruptos que controlan a la policía, a los fiscales y a las cortes, nunca lo van a hacer. Puesto de otra forma, si se sigue en este mismo sendero no se establecerán los controles y contrapesos necesarios para asegurar que las leyes anticorrupción se cumplan y los culpables sean sancionados.
Una Corte que procese los casos de corrupción de manera eficiente puede ser una herramienta de disuasión que contribuya a frenar la corrupción. En términos de gobernabilidad y democracia, una Corte que pueda sancionar los actos de corrupción también permitiría la elección de líderes dedicados a servir a sus representados en lugar de enriquecerse a sí mismos, pues vigilaría que los procesos democráticos operen de forma honesta y limpia.
Después de que Carmen Aristegui, revelara que un contratista del gobierno mexicano había puesto a disposición del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa una lujosa casa blanca, el presidente designó a un amigo como encargado de investigar el asunto. Como era de esperarse, la investigación no encontró evidencia de ningún delito por parte del presidente. Carmen, a pesar de haber realizado un reportaje meticuloso e incuestionable, perdió su trabajo.
El abrazo de la corrupción de los Duarte: Javier Duarte, exgobernador de Veracruz y César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, considerados en su tiempo por el presidente Enrique Peña Nieto, como modelos ejemplares del “nuevo PRI”
No se nos olvida que el desvergonzado ex gobernador Humberto Moreira, quien ahora quiere ser candidato en las elecciones de Coahuila el año que entra, multiplicó la deuda del estado de Coahuila 100 veces en seis años, fue procesado mejor en España después de que el procurador general de la República dijo que no había evidencia para presentar cargos en su contra. Si México se sumara al establecimiento de una Corte Internacional Anticorrupción y delegara a ella la autoridad para hacer cumplir las leyes mexicanas, la persecución de sus políticos en dicha Corte no sería una invasión de la soberanía nacional mexicana, sino una reivindicación de la voluntad de su pueblo.
¿Cómo esperar acabar con corrupción e impunidad si CASI TODOS en el gobierno tienen cola que les pisen? Y más aún los legisladores, que se supone son nuestros representantes. ¿Porque ellos mismos no se van a limitar, o sí? Y así por el estilo están todos en el gobierno en casi todos los niveles, hasta en las “autoridades” de vigilancia y sanción. ¿Entonces, quién podrá defendernos?
¿O de plano, le hablamos al justiciero de La Marquesa
COMISIÓN CIUDADANA DE DERECHOS HUMANOS DEL NOROESTE, A.C.
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