La Consulta Bonilla es ilegal, antidemocrática y mediática: Senadoras por BC
Dos senadoras por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge y Alejandra del Carmen León Gastélum, de los Partidos Acción Nacional (PAN) y del Trabajo (PT), respectivamente, criticaron la realización de la llamada Consulta Bonilla porque, dijeron, se hará con recursos públicos, de manera ilegal y como “un capricho antidemocrático que deliberadamente violenta la voluntad expresada en las urnas por el pueblo de Baja California el pasado 2 de junio”.
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8 de octubre 2019.- En acciones por separado, ambas legisladoras manifestaron además que la Cámara Alta del Congreso de la Unión deberá estar al pendiente de la jornada en que se realice la consulta -el domingo 13 de octubre-, e incluso enviar una comisión especial a Baja California para investigar, observar y documentar el desarrollo de la misma.
Lo anterior, manifestó la congresista petista, con el fin de rendir un informe al pleno del Senado “que sirva como sustento para las acciones legales consecuentes a las que haya lugar.”
Cruz Blackledge incluso presentó lo que aseguró será la pregunta que se formulará en la consulta, la cual será será manejada por los llamados “servidores de la nación” que son pagados con recursos públicos.
“Consciente de la situación actual del Estado de Baja California, ¿está usted de acuerdo en que la gubernatura del Estado deba ser de 5 años, para el progreso de Baja California?”, es, a decir de la panista, la pregunta que se hará a los participantes en la boleta.
La Senadora Gina Andrea Cruz (Cortesía)
Además, agregó la senadora del PAN, la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Baja California programada para el día anterior a la realización de la consulta para saber si la ciudadanía aprueba o no ampliar de 2 a 5 años la próxima gubernatura, tendrá un efecto mediático en la encuesta que impactará políticamente a la población.
“Hay un acuerdo de la mayoría de los partidos políticos en el Senado, de que esta consulta ilegal no debe de realizarse. El argumento jurídico en contra se encuentra en la Ley de Participación Ciudadana que establece de manera muy clara en su Artículo 77 bis, que no podrá ser materia de consulta popular la materia electoral”.
Agregó que “estamos ante una reelección disfrazada; estamos viendo que un gobernador que fue electo por 2 años, quiere quedarse en el poder”, lo que es una reiterada violación a la Constitución Política del país y a las leyes de Baja California.
Por su parte Alejandra León, al enviar a la Junta de Coordinación Política del Senado un punto de acuerdo para que la cámara legislativa exhorte al Congreso de Baja California a enviar al Ejecutivo del Estado la reforma al artículo octavo transitorio constitucional que amplía el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla, pidió la creación de una comisión investigadora de la encuesta.
La senadora Alejandra León (Cortesía)
La propuesta, dijo la petista, cuenta con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios en la Cámara Alta y se está a la espera de la resolución de la junta política para el día de mañana.
En la exposición de motivos, León Gastélum resaltó que los legisladores de Morena y sus aliados en el congreso local, pretenden dar efectos vinculatorios, de mandato legal, a los resultados de la encuesta ciudadana “para conocer el sentir de la gente hacia esta infame ampliación de mandato”, reiterando con ello “su manifiesto menosprecio a la legalidad, la democracia y a nuestra carta magna.”
Por ello consideró indispensable que una comisión especial del Senado se integre y asista a Baja California el 13 de octubre para supervisar y sancionar “una consulta inconstitucional que busca justificar la prolongación del periodo” de gobierno de Jaime Bonilla.
Las acciones y opiniones de las dos senadoras por Baja California se suman al repudio que la semana pasada hizo Pamela San Martín Ríos y Valles, consejera ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE), al intento de los congresistas locales de avalar “una decisión inconstitucional” –la llamada Ley Bonilla-, a través de una consulta ciudadana “sin sustento jurídico” que resulta “irrelevante”, pues será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien defina el periodo de mandato del próximo gobernador.