La Comisión de Búsqueda de Personas en BC sigue a la deriva. Es botín de políticos y presuntos criminales
La búsqueda de personas desaparecidas en Baja California sigue siendo botín para políticos y presuntos criminales del estado, quienes con la complicidad y negligencia de las autoridades locales anulan de manera impune el trabajo profesional de localización que realiza la Comisión Estatal del ramo.
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos
Foto destacada: Los desaparecidos en Baja California, botín de políticos y delincuentes (Captura de pantalla en Youtube).
Ensenada, B.C., México, sábado 8 de abril 2023.- Ahora, 12 trabajadores de la Comisión Estatal de Búsqueda acudieron a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para denunciar que funcionarios de la Secretaría de Gobierno han incurrido en presuntos actos de corrupción, incluido el nombramiento ilegal de un coordinador en Tijuana que, afirman, tiene malas referencias penales y administrativas, además de que no sabe nada del tema de búsqueda de personas, no prioriza la localización con vida de los desaparecidos ni brinda apoyo a familiares de víctimas.
Los trabajadores, que además denuncian una campaña de difamación, hostigamiento, misoginia, humillación y maltrato en su contra por parte del coordinador en Tijuana de la comisión –Miguel Ángel (también identificado como “Miguel Alejandro”) Cabrera Medina-, así como de directivos de colectivos adheridos a la asociación civil Unidos por los Desaparecidos de Baja California, pidieron la intervención directa de Ávila, a quien ofrecen dar pruebas de sus acusaciones.
Por ello, el pasado 14 de marzo solicitaron por escrito a la gobernadora una audiencia, tal y como lo hace constar el sello de recibido de la Secretaría Particular de la mandataria morenista; pero al día de hoy no reciben respuesta de la servidora pública o de alguno de sus funcionarios.
En su escrito, denuncian que integrantes de la asociación de colectivos que preside Fernando Ocegueda Flores tomaron las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda en Tijuana, el pasado 11 de enero, para exigir otra vez la destitución del comisionado, químico Rafael Hernández Murrieta, nombrado y ratificado dos veces en ese cargo por Marina del Pilar Ávila.
Los trabajadores de la oficina continuaron laborando en sus hogares pese a que no se les pagaba su salario y prestaciones, y fue hasta el 30 de enero que los protestantes liberaron el local tan solo para dos días después volver a tomarlo para evitar la reanudación de las labores de búsqueda previamente agendadas, para lo cual impidieron la salida a campo de los automóviles que se utilizan oficialmente para esas actividades.
Fue entonces que el subsecretario de Gobierno del estado, José Daniel Gutiérrez Ornelas, se presentó en las oficinas y se reunió con los representantes de los colectivos inconformes y sólo permitió que estuvieran presentes en la junta la contadora Brenda Karina Carrasco, del área administrativa, y Poliana Martínez Chavarría, del área jurídica.
Ahí mostró el oficio SSG/SG/004/2023, firmado por él como autoridad estatal, en donde designa como “Coordinador de Zona Este” de la Comisión a “Miguel Ángel Cabrera Medina”, un cargo que no existe en el organigrama de la oficina ni en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
La búsqueda de los familiares, obstaculizada o paralizada por las grillas de un gobierno indolente (Captura de pantalla en Youtube).
Además, el nombramiento lo hizo sin previamente consultarlo ni hacerlo del conocimiento del Comisionado Rafael Hernández.
A continuación, Gutiérrez Ornelas decidió que todas las llaves de los vehículos de la Comisión en Tijuana quedaran bajo resguardo de la contadora Carrasco y de Cabrera, quien a su vez se quedó con una camioneta Ford Ranger –número económico GG130– para su uso personal cuando estaba destinada a trabajos de localización de personas en campo, automóvil del que hoy se desconoce su paradero.
Esto aceleró la descomposición de los trabajadores de la oficina.
Actualmente, manifiestan los 12 trabajadores en su escrito, la Comisión “tiene 984 folios (expedientes) vigentes de búsqueda a quienes se les debe dar atención diaria, pero por todo lo que pasa en la oficina sólo se atiende a lo que piden los colectivos que tomaron las oficinas y se deja fuera a los que no pertenecen a sus grupos, lo que de suyo violenta los derechos de estos desaparecidos a ser buscados”.
También narran que tenían una agenda y un calendario para atender a todos los grupos y familiares de otros desaparecidos, “pero los colectivos (de Fernando Oceguera) se inconforman y piden operativos fuera de esa norma que previamente fue organizada y pactada”.
Igualmente se oponen a la realizar operativos interinstitucionales con personal forense especializado, de la Comisión y de la Fiscalía del Estado, y “muchas veces ellos imponen sus estrategias de búsqueda que se basan en ‘denuncias anónimas’ que no se hacen del conocimiento de la comisión ni de ninguna otra autoridad”, lo que impide hacer un estudio de prospección y preparativo previo de llegada al sitio.
“Los líderes de dichos grupos hasta el mismo día de la búsqueda hacen del conocimiento a los demás integrantes a dónde se dirigen, por lo que se encuentran impedidos para hacer y/o proyectar un operativo ordenado en aras de cuidar la seguridad de los ciudadanos que toman parte de las actividades de búsqueda, lo que desde luego pone en riesgo a todos los participantes en dichos operativos y, por lo regular, los resultados obtenidos son negativos”.
La complicidad y negligencia de las autoridades locales anulan de manera impune el trabajo profesional de localización que realiza la Comisión Estatal de Búsqueda. (Captura de pantalla en Youtube).
A ello suman que la Comisión no puede organizar una acción profesional y coordinada con otras instituciones de gobierno, además de que la actuación arbitraria de Unidos por los Desaparecidos rompe los protocolos de búsqueda y desvía la atención de los recursos humanos y materiales en acciones de indagación “destinadas al fracaso”.
Indican a la gobernadora: “Esta es la función que debía hacer el coordinador designado por el subsecretario, (pero) esa persona pocas veces está en la oficina, no pone atención a los diversos operativos y formas de búsqueda; entre ellas la más importante: la búsqueda de vida”.
Explican: “(Miguel Ángel Cabrera) sólo beneficia a los colectivos de su interés y sus actividades son de larga y mediana data, por lo que deja fuera uno de los principales principios rectores de la Comisión: la presunción de vida.
Asimismo, denuncian que Cabrera no había presentado un plan de trabajo a la fecha de hacer su denuncia ni mostraba interés en mejorar las actividades que supuestamente coordina.
“Al contrario, nos confunde más por su falta de conocimiento en la materia”.
Finalmente, conocedores de que son víctimas de una campaña de difamación y mentiras “malintencionadas” por parte de Cabrera y los colectivos afines a Oceguera, los 12 trabajadores firmantes piden a la gobernadora una oportunidad para defenderse y presentar “pruebas fehacientes” de su trabajo, sus conocimientos profesionales en materia de búsqueda de personas y de sus acusaciones.
Alejandro Cabrera Medina (abajo a la derecha) en su toma de protesta como Maestro en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos (Captura en Pantalla).
LOS ANTECEDENTES
En un documento que entregaron a 4 Vientos, se informa que “Miguel Alejandro” Cabrera Medina ingresó a la Policía Municipal de Tijuana en julio de 2004 y se dio de baja de manera voluntaria 10 años después (enero de 2014).
En 2009 se le practicó el Informe Policial Homologado número 53712 (Oficio 957568) que quedó en categoría de “status incompleto”.
En octubre de ese año, una nota del diario “Rosarito en la Noticia” informó que Cabrera fue detenido por policías de ese municipio cuando acompañaba a Jorge Mario Vera Ayala, entonces prófugo de la justicia e hijo de Antonio Vera Palestina, asesino del columnista Héctor Félix Miranda y jefe de seguridad del magnate y político mexiquense Jorge Hank Rhon.
En el año 2016, Cabrera fue acusado y procesado por un delito que no se identificó en el Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP) con número 436068.
Tres años después, en la presidencia municipal de Tijuana que encabezó Arturo González Cruz, del partido Morena, se le asignó encargado del despacho de Servicios de Protección Comercial y de Vigilancia Auxiliar (periodo del 11 de diciembre de 2019 al 11 de febrero del 2020), cargo que cambió al de director de la misma dependencia del 12 de febrero de 2020 al 1 de abril de 2021.
En nombramiento del edil González Cruz (Síntesis).
Durante su trabajo en la administración morenista nombró como su escolta personal a Eric Pozos González, un personaje al que de acuerdo con el documento en poder de 4 Vientos, en redes sociales se le identificó como el encargado de cobrar “cuotas” a los elementos de la dependencia policial que querían obtener algún grado o la asignación de una comisión extra, acusaciones que no se canalizaron a una instancia administrativa o penal oficial.
En esa época también se le identifica “una estrecha relación con el escolta personal” de González Cruz: Manuel Pérez Armas, otro policía detenido en Playas de Rosarito, en octubre de 2009, junto con Cabrera Medina y Jorge Mario Vera Ayala cuando los tres, y otro elemento policiaco de Tijuana, Ernesto Casas Olvera, viajaban en un vehículo sedán con estrobos y en posesión de armas de fuego cuyos permisos de posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional eran específicos para el municipio de Tijuana.
En septiembre de 2021 se le designó encargado de despacho de la Secretaría municipal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en tanto asumía la presidencia municipal la morenista Monserrat Caballero Ramírez. Entonces nombró como director general de Policía y Tránsito a Javier Castellón González, identificado en el reporte como “El 027” por ser un policía municipal en activo que presuntamente colabora “con células delictivas operando en la ciudad” fronteriza.
Con estos y otros antecedentes, en julio de 2022 se postuló al cargo de Comisionado de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Baja California. No logró superar los primeros candados de selección impuestos por los encargados independientes de recomendar al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda.
Rafael Hernández se quedó con ese cargo, para el cual ya había sido nombrado por la gobernadora Ávila en enero del año pasado, pero al igual que ahora, Fernando Oceguera, sus colectivos, recomendados y aliados se opusieron a su nombramiento, vuelven a la carga y hacen lo que quieren dentro y fuera de la Comisión.
NOTAS DE CONTEXTO:
Rafael Hernández es ratificado como Comisionado de Búsqueda de personas en BC – 4 vientos