“Kiko” Vega espera que la SCJN resuelva sobre la “Ley Bonilla” antes del 1 de noviembre
El gobierno de Baja California presentó una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del decreto estatal que reforma la constitución local para ampliar de 2 a 5 años el periodo de gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez.
4 Vientos / Foto principal: El Siglo de Torreón.
Ensenada, B.C., 23 de octubre 2019.- La impugnación jurídica que el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid ya había anunciado desde julio pasado, la presentó el lunes 21 de octubre en la sede de la Suprema Corte en la Ciudad de México.
Con ello, el gobierno de Baja California se sumó a las impugnaciones jurídicas contra la cuestionada reforma constitucional que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el pasado 17 de octubre y entró en vigor al día siguiente.
Ya presentaron Acciones de Inconstitucionalidad contra el decreto estatal, las dirigencias nacionales de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano.
“En un escenario óptimo –consideró Vega-, esperamos que la corte resuelva antes del 1 de noviembre para dar certeza jurídica a la población en los actos de la toma de protesta.”
Imágenes de Francisco Vega y Jaime Bonilla: Omnia
Agregó que el ascenso al gobierno estatal de Bonilla el 1 de noviembre, no interfiere en la decisión de la corte.
“Puede ser antes o después. Si es después, si la corte decide que sea dos años, se invalida y se retractará a la fecha que emitió la constancia de mayoría que dice es por dos años”, precisó el gobernador en declaraciones matutinas a la prensa de Mexicali.
Un sexto actor que podría presentar una Controversia Constitucional contra la norma legal en la Suprema Corte, el Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Baja California, Miguel Ángel Mora Marruf, quien es yerno del ex diputado estatal Héctor Irineo Mares Cossío -promotor de Bonilla Valdez en la construcción de la desalinizadora Playas de Rosarito-, y también hijo de Carlos Mora Álvarez -ex presidente del Consejo Estatal de Atención al Migrante (CEAM) por designación de Francisco Vega-, no ha hecho ninguna declaración o acción sobre el tema.
En su estancia en la capital del país el pasado lunes, Vega y Bonilla acudieron, juntos, a una cita con Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de Hacienda y Crédito Público, para buscar ayuda del Fondo de Apoyo Extraordinario a la Educación y otros instrumentos públicos de financiamiento, que les permita enfrentar un déficit presupuestal de fin de sexenio por 9 mil millones de pesos.
En la reunión tripartita, informó esta mañana Vega de Lamadrid, Hacienda se comprometió a revisar y resolver, “hasta donde sea posible”, sólo tres temas:
El mandatario bajacaliforniano y el secretario de Hacienda. Falto Bonilla en la foto de cortesía a los medios.
1.- El adeudo estatal con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) que hoy se sitúa en mil 653 millones de pesos, según reporta la página http://www.uabc.mx/deuda/
2.- El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) –devolución por nóminas de 2016 y 2017– que el gobierno no demandó pese a que contrató a diversos despachos externos para hacerlo.
3.- La aplicación del fondo federal de ayuda para alimentar a los más de cuatro mil 500 reos por delitos federales –de una población total de 11 mil 400 presos que reporta el Sistema Penitenciario Estatal- que permanecen en las cárceles de Baja California.
El mandatario estatal consideró que algunos de estos asuntos podrán resolverse antes de que él deje el gobierno en manos de Bonilla Valdez, el próximo viernes 1 de noviembre.