Juez admite petición ciudadana de amparo en contra del cierre de oficinas de PROFEPA en Tijuana y Ensenada

Un juez federal admitió la petición de amparo que diversas organizaciones ambientales de Baja California presentaron en contra de la desaparición de dos de las tres oficinas que la Procuraduría Federal de Protección al Ambienta (Profepa) opera en la entidad, acción que la dependencia de gobierno puso en marcha “para el fortalecimiento del cuidado del medio ambiente (sic)”  en el estado norteño.

La profepa clausura a la Profepa en Baja California (Facebook).

4 Vientos / Foto destacada: Cardones en el Valle de Los Cirios, Baja California, ¿área desprotegida en materia ambiental? (Foto: Shutterstock).

Ensenada, B.C., México, lunes 27 de diciembre 2021.- En un comunicado, las organizaciones civiles informaron hoy que la decisión del juez permite la suspensión provisional de la disposición de la Profepa en tanto se analiza y determina el fondo del tema que. para ellas, significa “una violación grave al derecho humano a un (…) ambiente sano de los habitantes de Ensenada y Tijuana”, ciudades en donde la procuraduría cerró sus oficinas el pasado 29 de septiembre.

En su escrito, las organizaciones destacaron que la Ley Federal de Austeridad Republicana, emitida por el Presidente en 2019, menciona que “los recursos deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

No obstante, agregaron, reducir la capacidad de atención de la autoridad ambiental en la entidad dificultará el cumplimiento de su función de incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.

María Inés Pérez, abogada y vocera del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.(Cemda). Manifestó en el comunicado que “la buena administración de los recursos económicos no debe comprometer el cumplimiento de los derechos humanos.”

Agregó que en el caso particular se lastima el derecho a un ambiente sano, por lo que “no es posible considerar como ahorro la disminución de la capacidad de las instituciones encargadas de velar y proteger el medio ambiente.“

Por su parte la Profepa, en otro comunicado, destacó que Baja California contaba con dos oficinas auxiliares ubicadas en Tijuana y Ensenada que se establecieron al considerarse que, por la extensión del territorio de la entidad y su riqueza natural, debía estar presente en diversos puntos a fin de hacer eficiente el ejercicio de las funciones de la dependencia.

“Los resultados mostraron lo contrario, por lo que ante el reto de combatir la creciente problemática ambiental en la zona, abatir el rezago que se ha generado en dichas oficinas por la falta de resolución de diversos procedimientos y evitar actos que den lugar a actuaciones ilegales que finalicen en denuncias ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (…),” la PROFEPA emitió el Acuerdo por el que se ordenó el cierre de las oficinas en los municipios de Tijuana y Ensenada.

En el Acuerdo de septiembre también se determinó unificar las actividades administrativas y concentrar al personal de las oficinas auxiliares en la sede de la representación de la Procuraduría ubicada en Mexicali.

Cortesía Profepa.

“La emisión del Acuerdo no significa la desaparición de la oficina de representación de la PROFEPA en Baja California, pues seguirá atendiendo en todo el estado con la participación del personal de las oficinas auxiliares que se suman al ejercicio de las funciones de comprobación de cumplimiento de las normas ambientales bajo una línea directa de mando que corresponde al encargado de la Oficina de Representación conforme al marco normativo, con lo que se deja de lado la dispersión de funciones.”

Igualmente reveló que, para alcanzar una mejor coordinación y planeación, se eliminó el problema que representaba el traslado del personal a la oficina en Mexicali, para que su titular, “que es en quien se deposita la competencia en la materia”, certifique y suscriba los actos administrativos que contienen los actos de la procuraduría.

Además, la Profepa “mantendrá su presencia en Tijuana y Ensenada para cumplir con las atribuciones de revisión de movimientos transfronterizos de materiales y productos regulados por la SEMARNAT en las oficinas instaladas en los puntos de revisión o aduanas en ambas ciudades, con el personal que se tiene asignado a ellas”

Finalmente, la institución ambiental afirmó que “se tiene garantizado que el retiro de personal no desencadenará la impunidad, ni el aumento de recurrencia de ilícitos ambientales, ya que se reorganizará la oficina de representación y se prevé mantener el presupuesto y los recursos suficientes para seguir atendiendo las actividades sustantivas de la PROFEPA en el estado. Se continuará con las actividades operativas tales como visitas de inspección y atención a las denuncias, cambios de uso de suelo, ilícitos forestales, tráfico de especies de vida silvestre, recursos marinos, ecosistemas costeros e impacto ambiental.”