Jaime Bonilla usó dinero asignado a maestros de BC para pagar a Next Energy
La Fiscalía General del Estado (FGR) de Baja California redujo de siete a tres los delitos que atribuye a 13 exfuncionarios del gobierno que presidió el hoy senador Jaime Bonilla Valdez, ocho de los cuales este día comparecieron ante un juez de control para escuchar las acusaciones en su contra, entre ellas el de uso ilícito de atribuciones y facultades por la promoción, autorización y contrato de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali cuando legalmente no tenían autoridad para hacerlo.
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos
Foto destacada: Antes aplaudían a Bonilla por su proyecto de energía solar; hoy lo acusan por cometer ilícitos en la imposición de ese mismo plan que antes avalaron sin chistar (Archivo).
Ensenada, B.C., México, martes 18 de octubre 2022.- Bernardino Ahumada, magistrado del poder judicial que atiende la Causa Penal 04921/2022 y Número Único de Caso (NUC) 02-2022-06977, en donde se agrega a los acusados los delitos de Peculado y Abuso de Autoridad, aplazó la audiencia de imputación porque cuatro exfuncionarios y un ejecutivo de la transnacional Next Energy en México –Juan Luis “N”– reportaron “errores procesales” que sigue cometiendo la fiscalía.
¿Cuáles fueron esas pifias, ya presentes en la primera audiencia que el juez Ahumada suspendió el pasado 15 de agosto? No se les notificó debidamente de la cita ministerial, o no se les entregó copia del expediente judicial.
Además, la ex titular de la Comisión Estatal de Energía, Miriam Lizbeth Álvarez Martínez, entregó, a través de un representante legal, un justificante médico por dar positivo a Covid-19.
Durante la desorganizada reunión judicial, representantes de la FGE revelaron que el gobierno de Jaime Bonilla usó el presupuesto asignado al sistema educativo estatal en el pago de la primera mensualidad (123 millones de pesos) del contrato que firmó con la empresa energética, para construir un parque de energía solar en Mexicali.
La consecuencia de esa decisión ha sido devastadoras para la economía de miles de profesores del magisterio, a quienes hasta hoy se les adeudan millones de pesos por interinatos, salarios, pensión, ahorro, seguridad social y liquidación laboral.
Los siete exfuncionarios de Jaime Bonilla –el gran ausente en la audiencia de imputación-. a quienes formalmente se les formularon cargos de uso ilícito de atribuciones y facultades, son:
Comparecencia de exfuncionarios bonillistas en la accidentada audiencia de imputación (Foto: Radar BC).
El ex secretario general de Gobierno Amador Rodríguez Lozano; Karen Postlethwaite, extitular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo y Reordenamiento Territorial; el exsecretario de Hacienda Rodolfo Castro Valdez, quien es el actual jefe de la oficina del gobernador Alfonso Durazo en Sonora; y Luis Salomón Faz Apodaca, extitular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua.
Asimismo, los oficiales mayores Marco Octavio Hilton Reyes e Israel Clemente González; el exdirector de una de las oficinas de la Oficialía Julio Pani Bano, y Adalberto González Higuera, también exsecretario estatal de Hacienda.
Otros exfuncionarios bonillistas a quienes la fiscalía inculpa, pero no estuvieron presentes en la audiencia por las fallas de la fiscalía estatal, son Pablo Alonso Hernández Arellano, exsubsecretario de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, así como Enrique Garza Cantú y Héctor Martínez Rivas, éste último también funcionario de la Oficialía Mayor.
Contenido en el Capítulo X, Artículo 305 del Código Penal del Estado, el delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades lo comete el servidor público que ilícitamente:
“I.- A) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado; b) Otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico; d) Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos; e) Contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos.
“II.- El servidor público que, a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del patrimonio o del servicio público o de otra persona:
Imagen: LovePik.
“B) Siendo responsable de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, se haya abstenido de cumplir con dicha obligación.
“III. Toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte en las mismas.
“Fracción Adicionada IV. El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un pago ilegal.
“Fracción Adicionada.- Se impondrán las mismas sanciones previstas a cualquier persona que a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del patrimonio o el servicio público o de otra persona participe, solicite o promueva la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este artículo.
“Párrafo Adicionado.- Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión y multa de treinta a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito -de 2,886.60 a 14,433 pesos al día de hoy-.“
No se dio fecha para continuar con la audiencia; tampoco información de una probable asistencia del exgobernador Jaime Bonilla al juzgado.
Es algo muy parecido a lo que pretende ejecutar el actual presidente AMLO, con sus ocurrencias al estar ya casi concluida su “expropiación” de pensiones de ex empleados de gobiernos de los estados y magisterio sobre todo. Con la confabulacion de los ministros de la suprema corte de justicia colocados en esas salas por su administración gobernamentisra, ( algo que tanto critico y cuestionó d los anteriores presidentes) con el propósito de que l apoyen y desechen amparos y demandas del pueblo contra sus ideas y ocurrencias, cómo está expropiación de pensiones, que por la mal llamada y mal interpretada ” utilidad pública” pretende robar o expropiar a los adultos mayores para solo otorgarles lo que a su personal criterio considera, violentando todos los derechos laborales y burlando las leyes laborales con que estos empleados y magisterio, entregaron toda su vida al servicio del pueblo. Otro gran error de AMLO y su cacareaday aplaudida 4T, obviamente por su misma gente y a los que compra con regalías, regalitos económicos, bonos y los nombres que les gusta poner.