IP: persiste opacidad en el destino de nuevos impuestos en BC. Bonilla responde con más ataques
Los organismos del sector empresarial de Baja California cerraron filas este día para enfrentar al gobernador Jaime Bonila Valdez, y si bien no lograron que éste expresara una disculpa pública por haber identificado a un sector de ellos como “puerco” que “chilla” como si estuviera “atorado en un cerco”, coincidieron en anunciar amparos masivos en contra de los aumentos y nuevos impuestos creados el pasado 31 de diciembre en el congreso.
Cartón de Julio Suárez Antuni
4 Vientos / Imagen ilustrativa principal: El Manual de la codicia (Más Cultura).
Ensenada, B.C., 13 de enero 2020.- Y a la petición que los representantes de más de 60 organismos de las distintas asociaciones de la iniciativa privada formularon al mandatario para que respete “a quienes generan empleo y contribuyen al desarrollo económico” del estado, sumaron una crítica a la opacidad del gobierno para identificar el destino de los recursos que se recaudarán con los nuevos gravámenes, entre ellos 600 millones de pesos que recolectará con la nueva tributación a las gasolinas y diésel.
Sin embargo, la postura de los patrones críticos a Bonilla motivó en el gobernante nuevos ataques.
Primero, dijo que su dicho del puerco chillador fue para que “al que le quede el saco que se lo ponga”.
Luego, anunció que este día pidió a la Guardia Nacional que “estuviera muy pendiente” de la operación de una casa de juegos de azar en Mexicali, presunta propiedad de Enrique Acosta Fregoso –excandidato priista a gobernador “de triste memoria”, dijo-, porque el lugar “no deja de ser un antro ilegal, corruptor de menores, que no tiene ninguna autorización del gobierno”, a lo que Acosta contestó negando ser dueño de un casino -“mucho menos del tipo clandestino”- y acusando al gobernador de crear “cortinas de humo para distraer a los bajacalifornianos de problemas que usted no ha podido resolver”.
Enrique Acosta, el priista “de triste memoria” (Archivo).
Y Bonilla terminó anunciando lo que oficialmente correspondía informar al Ayuntamiento de Tijuana: que a la Cervecería Insurgente se le retirará “de forma definitiva” su permiso de operación porque presuntamente lo obtuvo gracias al “abuso de influencias” en que la empresa incurrió “con anteriores gobiernos”.
Todo ello sin aportar prueba alguna de sus dichos y acusaciones.
En el caso de la cervecera artesanal de Tijuana, los dueños reiteraron que la actitud del gobernador se origina en una queja de su hermano Alberto Bonilla Valdez en contra del negocio, acción que desató una campaña de difamación “inaceptable, que deja mucho que desear por parte de nuestros gobernantes”.
Por la mañana, en Tecate y por espacio de tres horas, los organismos cupulares y sectoriales del sector privado de los 5 municipios del estado sostuvieron una reunión a puerta cerrada de la cual salieron para comunicar -una vez más- que los aumentos a impuestos, y la creación de nuevos gravámenes, generará una crecida de precios a la población.
Los empresarios, después de su reunión en Tecate (Cortesía).
También que el sector empresarial se encuentra unido y “en la mejor disposición de sacar adelante a Baja California y trabajar junto con el gobierno del estado en buscar las mejores soluciones”, considerando el estado que guardan las finanzas del estado.
Manifestaron propuestas para mejorar los ingresos públicos del nuevo gobierno, como precisar qué empresas no cubren impuestos para exigirles que cumplan con sus obligaciones fiscales, multar a los conductores de automóviles sin licencia de conducir ni tarjeta de circulación, regularizar con derechos especiales a los propietarios de autos irregulares (“chocolates”), y reducir la nómina y los gastos operativos del gobierno, entre otras medidas urgentes de austeridad.
Y expresaron que el nuevo gobierno debe aclarar el destino de los nuevos recursos que se planean recaudar, con información abundante y concreta sobre sus costos-beneficio, cálculos econométricos e información precisa relativa a cuánto se terminaría pagando y de qué manera se vería afectado cada gremio.
Antes de la cumbre, Salvador Díaz González, Presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), estimó “lamentables” las declaraciones de Bonilla y que éste olvida que los empresarios y ciudadanos de Baja California aportan en impuestos a la federación casi 200 mil millones de pesos –“de los cuales les regresan un promedio del 25% solamente”-, por lo que no ´pueden cubrir más obligaciones.