Invadir un excedente parcelario propiedad de una funcionaria de Educación, excusa para encarcelar a 2 activistas triquis de SQ
La invasión de un terreno excedente en la parcela 130 ubicada a un costado de la colonia Playas de Vicente Guerrero, propiedad de Alma Gloria Meraz Nevarez, coordinadora municipal en San Quintín de la Dirección del Sistema para Carrera de las Maestras y los Maestros (DISICAMM) de la Secretaría estatal de Educación, es la causa que originó las ordenes de aprehensión en contra de lo indígenas triquis Bonifacio Martínez Cruz y Octavio Ángel López Marcelino.
Bonifacio Martínez, con megáfono, en las marchas de jornaleros del 2015 en San Quintín (Facebook).
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos
Foto destacada: Desde marzo del 2021, Salvador Martínez Delgado (segundo de izquierda a derecha) fue nombrado Fiscal Regional en San Quintín. Es un hombre de toda la confianza de Guillermo Ruíz, ex fiscal general del estado y compadre del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez. Hoy, dos activistas triquis lo acusan de coludirse con Miriam Cano y Alma Meraz para encarcelarlos (Cortesía).
Ensenada, B.C., México, viernes 22 de abril del 2022.- Ambos activistas, directivos en el Frente Independiente de la Lucha Triqui y la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, así como interlocutores y facilitadores ante el gobierno federal mexicano en el proceso de retorno de personas indígenas triquis desplazadas de sus comunidades de origen en el estado de Oaxaca, revelaron el antecedente judicial que permitió a la Fiscalía Regional de San Quintín acelerar una orden de aprehensión por despojo -aún vigente-, en su contra.
Sin embargo, en un escrito que dirigieron hoy a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, insisten en señalar a la secretaria de Inclusión y Equidad de Género en Baja California, Miriam Elizabeth Cano Núñez, ex diputada del XVII Distrito estatal Electoral en la XXIII Legislatura, como la autora intelectual de lo que consideran es una actuación “injusta”, “arbitraria” e “irregular” del fiscal regional de San Quintín, Salvador Martínez Delgado.
El funcionario, a quien Cano Núñez presuntamente visitó hace tres meses en su oficina para solicitarle que acelerara la denuncia penal que Alma Gloria Meraz presentó el año pasado en contra de Bonifacio Martínez y Octavio López por el presunto despojo, debe ser investigado y castigado por la mandataria estatal, piden en su carta los activistas.
“Responsabilizamos a Miriam Elizabeth Cano Núñez, actual titular de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género del Gobierno del Estado; a Salvador Martínez, Fiscal Regional de San Quintín; y a Alma Gloria Meraz Nevarez, funcionaria de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado en San Quintín, de la integridad física y de nuestra propia libertad ante las constantes amenazas hechas por la propia Fiscalía”, indican los triquis.
En el expediente ministerial que llevó a un juez de la ciudad de Ensenada a dictar la orden de aprehensión en contra de los indígenas oaxaqueños, se explica que los acusados ordenaron la invasión del excedente parcelario propiedad de la maestra Meraz.
Integrantes del Frente Independiente de la Lucha Triqui en la Ciudad de México, en donde participan en las actividades de mediación por la paz de sus parientes desplazados de Oaxaca (Facebook).
Ello fue así porque Bonifacio Martínez presuntamente accedió apoyar a Sergio Santiago Amezcua en la agilización de un juicio ordinario de prescripción positiva en la parcela 130 que se ubica en la periferia de la colonia Playas de Vicente Guerrero.
El acuerdo generó la invasión de la parcela y, de manera equivocada, del terreno excedente, lo que motivó el violento desalojo de la propiedad y la apertura del expediente judicial por el presunto delito de despojo.
Otro factor político intervino entonces en el caso: la división de la comunidad triqui en la colonia Las Misiones (Nuevo San Juan Cópala) a raíz de la usurpación de identidad indígena que Miriam Cano hizo mediante el apoyo de un grupo indígena de esa localidad.
El 2 de noviembre, previo a la primera visita de Marina del Pilar Ávila a San Quintín, ya como gobernadora, el Frente Independiente de la Lucha Triqui anunció que se opondría públicamente a que Miriam Cano acompañara a la mandataria en su visita a la colonia Las Misiones, por haber usurpado personalidad indígena y dividir a su comunidad.
Eso provocó que la visita de la gobernadora se trasladara a la colonia 13 de Mayo, en donde los opositores a la ex legisladora pidieron la intervención del nuevo Secretario General de Gobierno estatal y ex secretario local de Educación, Catalino Zavala Márquez, para que mediara en la solución del problema que tenían con Cano.
Así, el 12 de noviembre, en la ciudad de Ensenada, se realizó la reunión entre las partes en conflicto.
Bonifacio Martínez y el resto de la directiva de tres organizaciones –el Frente, la Alianza y la Presidencia Municipal Autónoma del Pueblo Triqui– pidieron a la secretaria de Inclusión una disculpa pública a la comunidad triqui por auto adscribirse indígena, y “por manipular a un pequeño grupo de compañeros para que le otorgaran una constancia que la avalara para postularse una vez más a la Diputación Local por el Distrito XVII.”
La respuesta de Cano Núñez fue que no daría esa disculpa pública, con lo que la confrontación creció.
El pasado 5 de enero, pese a que el Frente Independiente de la Lucha Triqui la declaró “persona no grata”, por lo que no debía presentarse en el Centro Comunitario de la Autoridad Tradicional Triqui a dar “posesión simulada a sus incondicionales” indígenas, Miriam Cano llegó al acto acompañada de agentes ministeriales que supuestamente le facilitó el fiscal Martínez, con lo que confrontó y profundizó aún más la división del grupo nativo.
“Su ambición no le bastó. A partir del 12 de noviembre Miriam Cano ha iniciado un revanchismo en contra de la comunidad Triqui hasta el punto de intervenir en los asuntos internos (del grupo indígena), como sucedió este pasado 5 de enero”, denunciaron los integrantes del Frente en un posicionamiento acerca de aquellos hechos.
Posteriormente, mientras los tres grupos opositores acudían el 11 de enero con la secretaria estatal de Honestidad y Función Pública –Rosina del Villar Casas-, para denunciar que Miriam Cano “se entromete, divide y enfrenta a la comunidad Triqui del valle agrícola”, una sumamente enojada ex diputada –a decir de los activistas- “se reunía por separado con Alma Gloria Meraz Nevarez y el fiscal de San Quintín, para acelerar la acción legal por el delito de despojo en contra de los activistas indígenas.”
Hoy, 22 de abril, Octavio Ángel López Marcelino y Bonifacio Martínez Cruz escribieron la siguiente carta a la gobernadora Ávila Olmeda:
“Amigas y amigos, primero agradecemos el apoyo brindado. Solo decirles que no hemos estado involucrados en cosas ilícitas. Nunca ha sido nuestro objetivo ni lo será.
Desde hace muchos años hemos contribuido a la defensa de los derechos laborales y humanos de las y los jornaleros agrícolas, así como de las comunidades de pueblos originarios en Baja California y en el país. Ello con la intención de construir un núcleo sólido en los movimientos sociales contra la opresión que sufren los pueblos de parte del capitalismo y el neoliberalismo rapaz.
Pero además, por una constante discriminación que se sigue viendo en algunos funcionarios que están hechos de la madera de los gobiernos del PRIAN, y que se han infiltrado en el movimiento legítimo que impulsan los pueblos y la sociedad civil en apoyo a la transformación de nuestro país, misma que encabeza nuestro amigo presidente Andrés Manuel López Obrador.
A nuestra gobernadora (Marina del Pilar Ávila Olmeda), pedirle que se investigue y sancione al Fiscal Regional de San Quintín (Salvador Martínez Delgado) por actuar de manera arbitraria, por todas las irregularidades cometidas en este proceso penal en nuestra contra.
No permita esta injusticia en contra de los derechos humanos y legítimos respaldados en nuestra Constitución y en tratados internacionales firmados por nuestro país para la protección y el respeto a las formas de organización de los pueblos, y de quienes defendemos los derechos humanos.
Con esta orden de aprehensión liberada por un juez de control de Ensenada, que está confirmada y vigente, prácticamente detienen todas nuestras actividades en favor de los derechos humanos de los pueblos con los que estamos contribuyendo a nivel nacional, especialmente con la interlocución que se lleva en las mesas de paz para la región triqui con el gobierno federal y el gobierno del estado de Oaxaca.
Foto: Diario El Vigía.
Tanto Bonifacio como un servidor somos partícipes, en calidad de interlocutores y facilitadores ante el gobierno federal mexicano, de ese proceso de paz.
Cabe mencionar que estamos hablando de un problema con antecedentes históricos que estamos llevando a cabo en estos momentos, y justo con este proceso y esta orden de aprehensión se estaría viendo afectado nuestro trabajo.
También comunicarles que estamos tranquilos ante esta campaña de desprestigio que se ha impulsado a partir de una causa penal donde sostenemos que somos inocentes.
Rechazamos está fabricación de delitos de parte del Fiscal Regional de San Quintín, Salvador Martínez, que está actuando de manera arbitraria y en favor de Alma Gloria Meraz Nevarez, funcionaria de la Secretaria de Educación en San Quintín.
Ella forma parte del círculo de la actual titular de la Secretaria de Inclusión Social e Igualdad de Género del Estado que encabeza Miriam Cano, quien ha sido la autora intelectual de todos los agravios cometidos contra los pueblos originarios en San Quintín y la principal impulsora de la división de los pueblos triquis en el valle agrícola.
Responsabilizamos a Miriam Elizabeth Cano Núñez, actual titular de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género del Gobierno del Estado, a Salvador Martínez, Fiscal Regional de San Quintín, y a Alma Gloria Meraz Nevarez, funcionaria de la Delegación de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado en San Quintín, de la integridad física y de nuestra propia libertad ante las constantes amenazas hechas por la propia Fiscalía.”
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