Infiltrada por cárteles, víctima de omisión, nepotismo y corrupción, la crisis humanitaria por desaparecidos estalla en manos de la gobernadora de BC

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Con cinco meses de retraso en la designación del nuevo comisionado de búsqueda de desaparecidos en Baja California, en donde del 2007 al 2 de marzo del 2021 había 12 mil 759 personas extraviadas y 144 fosas clandestinas localizadas, con un promedio de 82.16 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes en 2020, el proceso de selección del cargo se complicó aún más a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuando se notificó que la dependencia está infiltrada por presuntos integrantes del Cártel Arellano Félix (CAF).

 

Captura de pantalla en DDHH Elementa.

 

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Foto destacada: La protesta, la demanda en Ensenada como en el resto del estado de Baja California (Foto: Jayme García, El Imparcial).

 

Ensenada, B.C., México, viernes 6 de mayo del 2022.- Además, en un posicionamiento de Irma Leyva Sosa, representante de los colectivo civiles de búsqueda “Madres Unidas y Fuertes”, “Hasta Encontrarlos, y “Sin las Familias No”, se cuestionó la terna que desde diciembre del año pasado el Secretario General de Gobierno (SGG) –Catalino Zavala Márquez– elaboró para que la mandataria seleccione al nuevo encargado de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Baja California (CLB).

En ella están Francisco Castro Trenti, Juan Manuel León Martínez y Rafael Hernández Murrieta.

El primero es hermano de uno de los principales promotores de la postulación y designación, desde el partido Morena, de la hoy gobernadora Ávila: el priista Fernando Castro Trenti. Además, acumula quejas por presuntamente torturar a personas detenidas en Playas de Rosarito y Tecate cuando se desempeñó como Director de Seguridad Pública en ambos municipios.

El segundo es el actual comisionado estatal de Búsqueda. No presentó cédula profesional con la cual acreditar sus estudios a nivel superior, por lo que legalmente debe ser desestimado como candidato a reelección. El exgobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, de quien fue “escolta” de seguridad, lo nombró comisionado de Búsqueda y logró su ratificación en el cargo por el gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez, gracias a su amistad con el entonces Secretario General de Gobierno Amador Rodríguez Lozano.

Y el tercero es el actual Director General de la Comisión Local de Búsqueda, cargo que recibió en febrero del año pasado de manos de León Martínez. Entre otras personas, grupos civiles de búsqueda e instituciones universitarias y gubernamentales que lo postularon al cargo de Comisionado, destaca Cristian Colosio Lule, un ex funcionario de la hoy desparecida Procuraduría General de Justicia del Estado a quien se le vinculó mediáticamente en la asignación de agentes de la subprocuraduría en Ensenada al jefe de un grupo delincuencial detenido en Los Ángeles, California.

 

El viernes 1 de febrero del 2019, el entonces gobernador Francisco Vega de Lamadrid, del PAN, tomó la protesta como Comisionado Local de Búsqueda a Juan Manuel León Martínez para, como hoy lo dijera la gobernadora de Morena en la entidad, Marina del Pilar Ávila, en un discurso muy parecido,  “redoblar los esfuerzos de coordinación con los organismos civiles que atiendan el tema” y “con los familiares de las víctimas y fortalecer la evaluación y el seguimiento de las acciones entre las autoridades que participan en la búsqueda , localización e identificación de personas desaparecidas en Baja California”. El rollo, pues (Cortesía).

 

¿CONTACTO CON EL CAF?

En el escrito que Leyva Sosa entregó a Marina del Pilar Ávila el 4 de mayo, se relatan detalles de cómo el actual Comisionado –Juan Manuel León Martínez- contrató a personas que fueron detenidas por estar presuntamente ligadas al Cártel Arellano Félix (CAF), así como a miembros de su familia en segundo grado.

 En el primer caso se cita el caso de dos personas:

1.- Jesús Quiñonez Márquez, acusado por autoridades estadounidenses de “lavar dinero” para los narcotraficantes, y desviar información en diversas carpetas de investigación relacionadas con el cártel tijuanense.

León Martínez lo asignó al área jurídica de la CLB por lo que tenía acceso a las carpetas de investigación creadas con los datos obtenidos en campo por los grupos civiles de búsqueda. Fue la reiterada protesta de los colectivos por los antecedentes del abogado, lo que finalmente generó la separación de su cargo.

2.- Javier Enrique Cárdenas Salgado, detenido en el año 2008 luego de que un miembro del CAF lo identificó como integrante del grupo delictivo en el tiempo que se desempeñó como Director de Enlaces en la Policía Municipal de Tijuana.

 

“No es posible que tengamos ese tipo de gente dentro de la Comisión. Es alarmante que el gobierno no revise los antecedentes (penales) del personal” que contrata, indicó en su escrito la activista.

 

Igualmente criticó el hecho de que tras una supuesta “limpia” de personal que hicieron León Martínez y la Subsecretaria de Enlace Institucional de la Secretaría estatal de Gobierno, Rebeca Vega, “permitieron que personal que está en la misma situación ligada al crimen organizado y al Cártel Arellano Félix, siguiera trabajando activamente” en la dependencia.

 

Su presencia, ¿también en la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Baja California? ¿El colmo? (Foto: El Blog del Narco).

 

NEPOTISMO Y MANGA ANCHA

Respecto a la contratación de familiares del comisionado, los grupos pusieron como ejemplo a Ramón Benjamín Reyes León, sobrino de Juan Manuel León.

Benjamín Reyes, de acuerdo con el contrato laboral que firmó en la Oficialía Mayor del gobierno estatal el pasado 3 de enero de 2022, dijo contar con estudios en Licenciatura en Ciencias Forenses que cursó en el Centro Universitario de Tijuana.

Se contrató para dar servicios profesionales en “apoyo para realizar acciones de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad”. Su periodo de trabajo abarca del 3 de enero al 30 de junio de este año y percibirá un total de 147 mil pesos, a razón de 24 mil 500 pesos mensuales.

El gobierno asignó a Rebeca Vega como “responsable del seguimiento y supervisión de la prestación del servicio” que desempeña el sobrino del Comisionado Juan Manuel León.

Asimismo, el empleado se comprometió a cumplir la cláusula de “confidencialidad” relativa a que toda información que obtenga en su trabajo la deberá entregar exclusivamente al gobierno y no compartirla con nadie.

Aparte, pero no menos importante, los colectivos de búsqueda denunciaron que el 20 de octubre del 2021, a días de que concluyera la administración de Jaime Bonilla y con un observador / testigo de la gobernadora electa –Emeterio Flores Landaverde-, León Martínez logró que Baja California contratara a dos empresas de seguridad del estado de México –Coedra, S.A. de C.V., y Centro de Adiestramiento Pericial, S.C.-, para el suministro de software, equipo de cómputo, tecnología y un diplomado especializado en búsqueda de personas desaparecidas.

A la primera de ellas le dio un contrato global por 8.1 millones de pesos y a la segunda por 1.2 millones, además del curso de capacitación “para 120 funcionarios” de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Integrantes de los colectivos de búsqueda criticaron el gasto porque además de no cumplir con los requisitos legales de licitación, confirmó que mientras para los funcionarios y la burocracia sí hay presupuesto, para ellos no hay dinero de apoyo a su trabajo diario de campo.

 

Más de 8 millones de pesos a una empresa del estado de México especializada en el tema de los desaparecidos, para algunos, el verdadero negocio de su vida en un país que tiene más de 92 mil personas sin paradero (Captura de pantalla).

 

GOBERNADORA CON REVERSA… MEDIÁTICA

De igual forma increparon “la falta de seriedad y seguimiento a la firma del convenio de colaboración del (gobierno del) Estado con el Municipio de Mexicali”, el cual está detenido desde el 1 de noviembre de 2021 “y usted, Señora Gobernadora, se comprometió a firmar el día 28 de febrero en la 1ra brigada internacional de búsqueda, y que hasta el día de hoy solo quedó en promesas.”

A esta acusación, Marina del Pilar Ávila respondió mediáticamente y con otra promesa.  En la mañana del 5 de mayo participó en un operativo de búsqueda de personas, “junto a los colectivos Madres Unidas y Fuertes y Unidos por Nuestros Desaparecidos”, en un paraje de la colonia Robledo al sur de la ciudad de Mexicali.

De acuerdo con el departamento de propaganda de la mandataria, ésta “compartió ante las integrantes su empatía ante el dolor que padecen, especialmente por la incertidumbre que genera no saber dónde están sus hijas e hijos, por lo que reafirmó su compromiso de ayudarlas en su lucha, movilizando para ello a las instituciones estatales como parte de un esfuerzo transversal (sic).”

Ataviada para la ocasión (cachucha, paliacate al cuello, zapatos especiales, pantalón de  mezclilla, camiseta con el logo de los colectivos civiles de búsqueda, bastón y todo su equipo de comunicación), dijo:

 

“Por supuesto que me pongo en los zapatos de todas ellas, debemos ser sensibles a lo que ellas sufren, son madres a las que les falta el abrazo de un hijo cada noche, y pues aquí estoy, que me consideren su aliada, para seguir trabajando en reforzar los mecanismos de búsqueda”.

Aprovechó para destacar “el fortalecimiento que se ha hecho a la Comisión de Búsqueda, a través de la adquisición de unidades vehiculares 100 por ciento equipadas para la búsqueda, así como diversos equipos tecnológicos como radares y drones, y otros insumos necesarios para la labor diaria de rastreo.”

También reconoció “la voluntad de coordinación que se ha tenido de parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), y de su titular Ricardo Iván Carpio Sánchez, para avanzar en la identificación en los casos en los cuales los operativos redundan en el hallazgo de restos humanos”.

Y todavía adelantó que “próximamente” la Secretaría General de Gobierno (SGG) emitirá la que será la segunda convocatoria “que derivará en la selección del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que será responsable de coordinarse con los colectivos que funcionan en la entidad.”

 

Marina del Pilar, las madres buscadoras, los extraordinarios perros amaestrados… y los propagandistas del mundo paralelo gubernamental de siempre (Foto: Cortesía).

 

EMPACHO DE TRANSPARENCIA

Otras funcionarias del gobierno estatal, ante la andanada de ataques hecho por las organizaciones civiles de búsqueda, también transparentaron su trabajo de apoyo a la CLB.

Por ejemplo, Rebeca Vega Arreola, Subsecretaria de Enlace Institucional y Vinculación Social de la SGG, a quien el presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Fernando Ocegueda Flores, pidió su renuncia “por su falta de capacidad y desconocimiento del tema” de los desaparecidos, así como por excluir la problemática que persiste en Baja California  en la materia, informó el 20 de abril en un comunicado:

“Para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas en Baja California, la gobernadora del estado gestionó exitosamente la canalización de 18 millones de pesos adicionales a los que ya se han destinado de recursos federales y estatales –50 millones-  a la Comisión de Búsqueda en la entidad”.

Agregó que los nuevos recursos federales estarían en Baja California entre finales de abril y principios de mayo, y que se aplicará “un proceso transparente para la adquisición de equipamiento y contratación de personal, de manera que los nuevos recursos serán destinados a las prioridades de la Comisión y a los colectivos que trabajan con la institución.”

Presuntamente, el dinero público se aplicará en adquirir un “binomio canino” especializado en búsqueda de personas, comprar equipo acuático para la búsqueda de personas en presas, y capacitar personas en técnicas de buceo para la localización y rescate de cuerpos en agua.

De igual forma, en su informe forzoso de labores de uso del presupuesto de la Comisión, reveló que se adquirieron diversos bienes que van desde una Unidad Forense de Respuesta Inmediata, un geo radar de penetración, un dron, un software de reconstrucción facial y unidades automotoras para traslados.

 

Sin embargo, la némesis de Vega Arreola – Fernando Ocegueda-, aseguró que, en el tema de los desaparecidos, “hay una desatención tremenda ya que a presar de que la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda se hizo con recursos federales, la aportación del (gobierno del) estado para un crecimiento más adecuado de la comisión, simplemente no se da”.

 

Precisamente el 20 de abril, frente a las oficinas del gobierno estatal en Mexicali, él dirigió una manifestación de los colectivos que le son afines.

A los medios de comunicación declaró: “Toda la inconformidad que ven aquí es por el despido de la psicóloga que atiende (a las familias de personas desaparecidas). Si yo tengo un psicólogo y no me gusta, pues voy con otro porque estoy abriendo mis sentimientos con él; pero a toda esta gente le quitaron el servicio y ahora, ¿con qué psicóloga van a ir? Es muy difícil encontrar a alguien que se acople, que te atienda bien psicológicamente.”

Y lanzó: “Lo que necesitan los familiares y los colectivos es a alguien que este 100 por ciento con ellos y sus problemas personales, pero la subsecretaria –Rebeca Vega- tiene a su cargo otras áreas y no nos presta la debida atención. Por eso pedimos su renuncia”.

 

Buscadores de personas desaparecidas en su protesta el 20 de abril. Su líder, Fernando Ocegueda, presidente de la asociación civil Unidos por los Desaparecidos en Baja California, culpó a Rebeca Vega de retrasó la construcción del Instituto estatal de Ciencias Forenses para identificar -a través de ADN- a las 17 mil personas que se encuentran en la fosa común (Foto: El Imparcial).

 

UN ROSARIO DE SUPLICAS

A estos argumentos de respuesta oficial a sus demandas, siete colectivos de búsqueda en el estado – Siguiendo Tus Pasos, y Armadillos Rastreadores, de Ensenada; Madres Unidas y Fuertes, de Mexicali; Búsqueda y Justicia Por Nuestros Hijos, y Una Nación Buscando “T”, de Tijuana; Colectivo Buscando a Samir Núñez, de Tecate; y Buscando a Javier Cruz, de Rosarito-, exigieron a Marina del Pilar Ávila, también el pasado 20 de abril, lo siguiente:

1.- Que se dé cumplimiento a la convocatoria para el nombramiento de la persona Titular de la Comisión Local de Búsqueda (CLB). Esto adoptando el proceso publicado en la Gaceta del estado: fijar un plazo inmediato para el envío de la terna; transparentar los perfiles que podrían ser considerados; y hacer público el nombramiento, acompañado de una exposición fundada y motivada sobre la idoneidad de la persona designada.

2.- Que Juan Manuel León Martínez no sea considerado dentro de la terna para ocupar la Titularidad de dicha institución, “en razón de su actuación deficiente al frente” de la dependencia.

3.- Que se haga pública la terna y se otorgue un periodo para la presentación de inconformidades, garantizando la transparencia en el proceso de selección.

4.- Que en caso de que las personas registradas en la convocatoria no cumplan con requisitos suficientes de idoneidad para garantizar el buen desempeño de la Comisión, o que éstas propicien conflictos de interés entre autoridades y colectivos, “la convocatoria sea declarada desierta.”

5.- Que la decisión sobre la permanencia o salida del personal que labora en la Comisión sea determinada por un diagnóstico sobre sus capacidades, su experiencia y su desempeño.

Asentaron: “Rechazamos la contratación de personas que no tengan experiencia en la búsqueda y trato con víctimas de desaparición”.

6.- Respeto y representación de “verdaderos servidores públicos”, que impulsen acciones y logren resultados concretos a favor de cada una de las víctimas.

7.- La adopción y publicación de un Plan Estatal de Búsqueda con base en un análisis de contexto, que oriente los trabajos de la Comisión.

8.- La adopción de una ley local en materia de búsqueda de personas que subsane las deficiencias de la Ley General en la materia y considere las particularidades del fenómeno en Baja California.

 

En un año y medio, tiempo contado hasta el 7 de marzo de este año, el colectivo “Una Nación Buscando T” ha localizado cerca de 30 cuerpos; sin embargo, a sus integrantes no les gusta hablar de cifras porque esas personas no solo son un número, sino un ser querido que les fue arrebatado. (Foto: El Imparcial)

 

OTRA VEZ CONTRA ACTIVISTAS Y DISIDENTES

Coincidiendo con la publicación y entrega de ese pronunciamiento, la activista ensenadense Adriana (Adrylu) Jaén, de Siguiendo Tus Pasos, fue objeto de una serie de publicaciones difamatorias en redes sociales que, aparentemente, tuvieron su origen en los conflictos de los grupos de búsqueda que en Tijuana encabezan Fernando Ocegueda y Fernando Ortigosa.

Por ello, las siete organizaciones respaldaron el trabajo de la activista e hicieron un llamado a las autoridades estatales “para que garanticen que la labor de las y los defensores se realice en un entorno libre de violencia”.

No fue ese el único señalamiento en donde los colectivos criticaron a Ocegueda y Ortigosa.

Por ejemplo, en su posicionamiento a la gobernadora, los colectivos reprocharon la creación del Padrón Oficial de Colectivos de Búsqueda en Baja California, toda vez que existen “Colectivos” que “solo lo integran a dos personas”.

 

Eso es así porque -afirmaron- algunos grupos aparentan “que son movimientos grandes” tan solo para “raptar” la agenda de la Comisión local y, sobre todo, “acaparar todos los pocos apoyos hacia las víctimas.”

Asimismo, en su posicionamiento del 4 de mayo, denunciaron que el trabajo que la CLB desarrolló en Tijuana provocó “molestias al ser un trabajo parcial, orientado solo a pocos colectivos de un grupo, particularmente ligado al anterior Director de Búsqueda -Fernando Ocegueda-, quien impuso a Juan Manuel León Martínez en la Comisión”.

Por eso, según las organizaciones civiles, el trabajo del comisionado se orientó a Tijuana y dejó solos a los grupos de búsqueda del resto del estado, “poniendo en riesgo la vida de las víctimas y sus familiares.”

Además, lo acusaron de no tener un plan de trabajo oficial, con el agravante de que el único método normativo exitoso que opera en Mexicali no se actualiza.

Y recordaron a la gobernadora que diversos grupos de colectivos le han pedido -“de manera repetitiva”- la renuncia y salida del Comisionado Juan Manuel León, así como de un agente estatal de apellido Leyva, jefe de grupo de la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía General del Estado en Mexicali, porque “desde su llegada solo ha provocado bloqueos a los trabajos de coordinación que se estaban gestando en Mexicali entre el grupo de búsqueda y la propia Fiscalía.”

Irma Leyva Sosa solicitó por último a la gobernante, la realización de una mesa de diálogo con los representantes de cada uno de los siete grupos inconformes con lo que ocurre en la CLB, que es el colofón de años de simulación, atraso y omisión oficial en el tema.

 

“Deseamos establecer un trato justo para cada colectivo y evitar favoritismos. Es hora de hacer una limpia en la comisión y demostrarnos que no existe corrupción en esta administración (estatal). ¡Eso es urgente!”

 

Una institución intrascendente, filtrada por la delincuencia organizada, desacreditada social y moralmente (Captura de pantalla en Facebook).

 

EL MUNDO REAL

Cabe destacar que la pugna en el tema de la operación de la Comisión ayudó a destapar la crisis humanitaria que Baja California vive en materia de desaparición de personas, incluida la llamada “Desaparición Forzada” (extrajudicial) que realizan funcionarios de seguridad pública y militares, la cual supone la violación de derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad.

De acuerdo con el proyecto civil “Desaparecer en Baja California” que desarrollan Elementa Derechos Humanos, un equipo multidisciplinario y feminista que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político “que aporta a la construcción y fortalecimiento regional de los derechos humanos”, y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, en Baja California (…):

 

“Más allá de la lucha entre cárteles que por años se han disputado la plaza y el control de la zona fronteriza en Tijuana, la desaparición de personas se ha sumado a los diversos modus operandi que involucran a los grupos de la delincuencia organizada y a agentes estatales, tanto por participar directamente como por permitir que dichos hechos ocurran.”

 

El organismo civil que coordinan Adriana Muro Polo (Elementa) y Felipe Sánchez Nájera (Ibero), agrega:

“Con el pretexto de combatir al narcotráfico –en Baja California- se han llevado a cabo detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. En este contexto, la desaparición puede entenderse como un ejercicio de poder, en donde ciertos sujetos accionan sobre otros con la finalidad de dañar y destruir la individualidad humana.”

Pero también destacan la enorme disparidad entre las cifras de desaparecidos que ofrecen la Fiscalía General del Estado (FGEBC) y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas  (RNPDNO).

Por ejemplo, para la fiscalía, en el periodo que va del año 2007 al 2 de marzo del 2021, hay 12 mil 759 personas desparecidas en Baja California y 144 fosas localizadas, de donde se extrajeron 140 cuerpos y 115 restos o fragmentos de huesos en los seis municipio del estado; pero el Registro Nacional solo contabilizó, del 2007 al 31 de agosto del 2021, apenas mil 104 individuos no localizados.

La investigación también reporta las grandes variantes que se han dado en el promedio de personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes, a lo largo de 14 años de seguimiento.

Por ejemplo, en 2007 era de 15.5 e incluso un año después bajó a 14.6, la cifra más baja del periodo; pero a partir del 2009 inició una etapa de crecimiento continuo y desenfrenado que partió de 20.6 hasta llegar a 102.2 por cada 100 mil personas en el año 2018, de donde bajó a 100.9 un año después para instalarse en 82.1 en el 2020, el último que se incluyó en el estudio.

 

La página virtual de la organización civil DDHH Elementa, coautora del importante proyecto “Desaparecer en Baja California” (Captura de pantalla).

 

DESAPARICION Y HOMICIDIO DOLOSO, DE LA MANO

Es decir, estos promedios equivalen más o menos a las cifras de homicidios dolosos cometidos en la entidad por cada 100 mil habitantes en esos mismos años.

Peor aún, en 2020 la media de víctimas dolosas por cada 100 mil personas fue de 53.7, la más alta del país de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pero el promedio en desapariciones fue de 82.1

Y en 2018, el año récord en desvanecimiento de gente con un promedio de 102.2, las muertes alevosas se situaron en un cociente de 89.1, la segunda cantidad más grande del país después de Colima que con 93 asesinatos premeditados cada 100 mil habitantes tuvo el primer lugar nacional.

Con estos impresionantes datos, los expertos reflexionaron que aun cuando las personas que desaparecen en Baja California son distintas y vienen de diferentes contextos, forman parte de un fenómeno caracterizado por la incertidumbre, la clandestinidad y la construcción de poblaciones desechables.

 

“La pregunta que sigue a ¿quiénes desaparecen? es ¿por qué desaparecen? Si bien la violencia puede responder parcialmente a esta interrogante, hay otras situaciones en BC que hacen de este fenómeno algo particular.

 

“Al ser un estado fronterizo cuyo cruce es fundamental para el tráfico de drogas y de personas, posibilita que la desaparición ocurra con fines de explotación laboral, pero también por motivos de disputa territorial entre (los) grupos del crimen organizado.

“Sumado a esto, las mujeres son un grupo vulnerable, tanto por la trata de personas como por la violencia de género.”

Los investigadores también descubrieron un dato que ni la fiscalía estatal, ni la Secretaría General de Gobierno del estado, y menos la Comisión Local de Búsqueda incluyen en su lacónica estadística oficial: la distribución porcentual por sexo y edad de las desapariciones y personas localizadas en Baja California.

Los dos máximos niveles se dan, coincidentemente, en edades que van de 12 a 17 años, y de 30 a 44 años.

Y en el tema de las fosas clandestinas encontradas, se observó el mismo fenómeno de crecimiento desmedido que se dio en desapariciones; es decir, en el año 2009 solo se encontraron dos enterramientos encubiertos, pero al cerrar 2020 la cantidad subió a su máximo histórico: 38, según reportó  la Fiscalía del estado.

 

La penosa búsqueda de seres queridos termina, muchas veces, engrosando también la estadística de homicidios dolosos en BC (Foto: Grupo Milenio).

 

EL CONTUBERNIO Y LA SIMULACIÓN

Otra parte de la investigación demuestra de manera contundente cómo el gobierno de Baja California, haya sido del Partido Acción Nacional (José Guadalupe Osuna Millán o Francisco Vega de Lamadrid, del PAN) o del Movimiento de Regeneración Nacional (Jaime Bonilla Valdez), omite atender el grave problema social que representa la desaparecida forzada de ciudadanos.

Al respecto, el proyecto social revela que en 2009 sólo hubo dos personas inculpadas por la fiscalía estatal de cometer ese delito; en 2012 la cifra subió a 13, un año después bajó a cuatro para luego crecer al número máximo logrado en 14 años de indagación: 22, cantidad que hizo alentar esperanzas de que al fin las cosas se harían profesionalmente, sin solapar corrupción, omisión, impunidad o encubrimiento oficial, pero fue un espejismo.

En el año 2015 la cifra de incriminados se desplomó a 8; luego bajó a 5, a 3, creció a 5, se redujo otra vez a 3 para llegar a solo un vergonzoso caso en 2020.

Por ello, una de las últimas conclusiones del estudio confirma en todo su brutal realismo lo que por años vienen afirmando los colectivos ciudadanos que buscan familiares, amigos o conocidos desparecidos en Baja California:

 

“En materia de búsquedade personas desaparecidas, la respuesta institucional por parte del estado de Baja California parece ser solo un estandarte legislativo para legitimar su cumplimiento que, hasta ahora, sigue pendiente.”

Y en lo que corresponde al incumplimiento del poder ejecutivo en la búsqueda e investigación de personas desaparecidas, afirma:

“En el 85 por ciento de los casos indagados, incumplió con la normatividad asignada a las dos actividades (averiguar y localizar); en el 30% omitió hacer las diligencias necesarias que permitan esclarecer los hechos de la desaparición; en el 20 por ciento obstaculizó o atrasó dolosamente las investigaciones; en el 88% de las negligencias el responsable fue la Fiscalía General del Estado (FGE)“.

Los expertos cierran con datos concluyentes que obtuvieron de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California relativos al número de quejas que familiares, amigos y conocidos de personas desaparecidas presentaron en las oficinas del organismo en la entidad, y con las que se midió el nivel de involucramiento de las autoridades en el delito, en la variante más censurable: la “Desaparición Forzada”.

El 27 por ciento de los quejosos responsabilizaron directamente a elementos de la FGE; el 42% señalaron la participación de la Policía Municipal de Tijuana; y el 32 por ciento englobó señalamientos en contra de autoridades como la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tecate; la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, entre otras.

 

A los buscadores comunes, los que salen todos los días con una esperanza en la mente y en sus corazones, a veces sólo les queda rezar en espera de que las autoridades se apiaden de su inmenso y permanente dolor (Foto Cristina Gómez / La Jornada).

 

¿LA LUZ AL FINAL DEL TUNEL?

Lo bueno es que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en medio de la presión que ejercen en contra de su naciente administración los familiares y demás integrantes civiles de los colectivos que buscan a desaparecidos, ya salió un día a “acompañar” a los buscadores, ya les dijo –abrazo y beso de por medio- que es su “aliada para seguir trabajando en reforzar los mecanismos de búsqueda”, que ya consiguió e invirtió dinero público para fortalecer a la CLB, y que el fiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez tiene “la voluntad de coordinación” para avanzar en la identificación de los casos en los cuales los operativos redunden en el hallazgo de restos humanos.

Resolverá, pues, la grave crisis humanitaria que Baja California vive por los miles de desaparecidos.

 


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