Ilegal, inmoral, absurda, la reforma del congreso de BC para beneficiar a Jaime Bonilla

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La decisión del Congreso de Baja California de reformar la Constitución del Estado para obsequiar a Jaime Bonilla Valdez un gobierno de 5 años, “es anticonstitucional, inmoral, absurda y busca consolidar las ambiciones y el saqueo de nuestros recursos naturales a través de las acciones diseñadas estratégicamente por Bonilla y su banda de pillos trasnacionales.”

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: ¿Aliados también en esto? (Semanario Punto y Aparte).

Ensenada, B.C., 8 de junio del 2019.- Ello lo manifestó esta noche quien fue candidato a la gubernatura del estado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jaime Martínez Veloz, en tanto que el abogado Daniel Solorio Ramírez afirmó que un partido político puede impugnar la decisión del congreso mediante el Acto de Inconstitucionalidad contemplado en el Artículo 105 de la Carta Magna del país.

Al respecto, José Luis Ovando Patrón, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), rechazó lo que llamó “la ilegal reforma a la constitución del Estado”, por lo que anunció precisamente la presentación de una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acción que el dirigente nacional panista Marko Cortés ratificó horas después y agregó al castigo la expulsión de los diputados de su partido que votaron a favor y “se corrompieron con Morena.”

“Esta decisión violenta a todas luces nuestra constitución y los derechos de los bajacalifornianos. Es una de las peores afrentas que se puede hacer al pueblo de Baja California por parte de un grupo de legisladores, incluidos los del PAN, que solo observaron el preservar sus intereses personales y de grupo, en lugar de proteger el bienestar de sus representados. Está claro que se dejaron corromper por Jaime Bonilla y contribuyeron con sus acciones a cumplir el capricho del gobernador electo”, dijo.

Por su parte, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California Jaime Vargas Flores, señaló que no existe posibilidad legal para que el periodo de la próxima gubernatura se extienda a más de dos años.

Lo afirmó precisamente el 11 de junio, cuando el Consejo General del Instituto Estatal Electoral declaró válido el resultado electoral del 2 de junio y entregó la constancia de Gobernador Electo a Jaime Bonilla por un periodo de 2 años.

El dirigente del PAN José Luis Ovando (Uniradio)

Las declaraciones son respuesta a la reforma constitucional que aprobó, a las 20 horas de hoy, el congreso estatal en una sorpresiva sesión extraordinaria que logró modificar el artículo Octavo Transitorio de la Constitución del estado, con el fin de que Jaime Bonilla Valdez permanezca en el cargo cinco años y no los dos para el cual fue legalmente electo.

El protagonista del cambio fue una vez más el diputado de Morena Víctor Manuel Morán Hernández, quien ya había intentado –sin éxito- impulsar la misma reforma constitucional en los meses de septiembre y octubre del 2018.

Tras su primera derrota, Morán se retiró como diputado en diciembre del 2018 para ejercer el cargo de Coordinador de Secretarios Técnicos de las Mesas para la Construcción de la Paz en Baja California.

Morán recibió el puesto del entonces Delegado de Programas para el Bienestar Integral en el estado -mejor conocido como “Superdelegado”- Jaime Bonilla Valdez, en tanto que la esposa del legislador, Blanca Estela Favela Dávalos, emprendía en el Instituto y en el tribunal electoral del estado un nuevo intento por ampliar el periodo de gobierno a 5 años, asunto en el que también ella fracasó.

Aún con licencia en el congreso, Morán Hernández fue designado por Jaime Bonilla y los partidos que integraron la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, candidato a diputado estatal por el Distrito 08 de Tijuana, posición que ganó para reelegirse legislador el próximo 1 de agosto.

De manera sorpresiva, el morenista decidió regresar a su curul de minoría el pasado 5 de julio. Entonces dijo ser “un hombre de palabra y no he cambiado, sino que sigo siendo el servidor público que legislará, fiscalizará y realizará gestiones sociales, siempre en beneficio de las mayorías y en especial de las clases sociales vulnerables.”

Víctor Morán y su padrino político (Facebook)

Tres días después de su regreso reveló su verdadera misión: logró que 21 legisladores de todas las corrientes políticas, con excepción del panista Antonio Osuna Millán que anuló su voto, favorecieran su propuesta: reformar el artículo Octavo Transitorio de la Constitución estatal para ampliar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla a 5 años, contados a partir del 1 de noviembre de 2019, ya que así lo “exige” la ciudadanía.

Por no estar presentes en la sesión extraordinaria los legisladores panistas Eva María Vásquez y Andrés de la Rosa Anaya, así como el diputado del Partido de Baja California (PBC) Jorge Eugenio Núñez, no se sumaron a la decisión de la mayoría.

Pero destacó el voto a favor del Presidente del Congreso del Estado, el priista Benjamín Gómez, quien el 31 de mayo denunció que representantes de Morena –Ricardo Peralta, Subsecretario de Gobernación y Alejandro Viramontes, Administrador de la Aduana de Mexicali-, le ofrecieron un millón de dólares y una cantidad similar a cada diputado que aceptara reformar la constitución estatal para ampliar el plazo de gobierno a 5 años, en una sesión extraordinaria como la que hoy ocurrió en la sede del congreso.

Igualmente sobresalió el voto a favor del diputado panista Carlos Torres Torres, quien el 9 de marzo fue acusado por su dirigente nacional Marko Cortés, de impulsar entre diputados de diversas bancadas, a cambio de dinero, una sesión extraordinaria del congreso para ampliar el periodo de gobierno a 5 años, hecho que le costó su reelección como legislador y la coordinación de la bancada panista.

Ahora, en su exposición de motivos para la reforma constitucional, Víctor Morán alegó que con ella se lograrán ahorros económicos y se desarrollarán políticas públicas que permitirán al nuevo gobierno enfrentar los desafíos financieros y de seguridad pública que tiene Baja California.

De manera extraoficial trascendió que a cambio de votar a favor de la reforma los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibirán el derecho a designar al nuevo magistrado anticorrupción del estado, en tanto que a los del Partido Acción Nacional se le concederá designar al nuevo Auditor Superior de Fiscalización, lo que abre la posibilidad de impunidad jurídica al actual gobernador Francisco Vega de la Madrid.

De todo esto Jaime Martínez Veloz opinó a las 10 de la noche: “El congreso golpista de Baja California está al servicio de un vende patrias.”

Martínez Veloz (Milenio)

Explicó: “Los diputados que endeudaron al Estado con las APPs, con más de 80 mil millones de pesos, son los mismos que nos dicen que, para ahorrar, hay que cancelar la elección del 2021 y ampliar el período de Gobierno a 5 años, cuando hace más de un mes se produjo la elección donde votamos los Bajacalifornianos para un Gobernador por un período de 2 años.”

Y aseguró estar seguro de que los tribunales federales echarán abajo la reforma que aprobó la XXII Legislatura del estado.

Es una medida ilegal que pone en ridículo a quienes hoy, desde una curul, intentan suplantar la voluntad popular.”

Finalmente, el Maestro en Derecho y Profesor de Derecho Constitucional, Garantías Individuales y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Daniel Solorio Núñez, consideró que un partido político con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, puede inconformarse con la reforma de esta noche.

Para ello deberá acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a presentar un Acto de Inconstitucionalidad dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma.

Recordó por último que esa figura jurídica la contempla el artículo 105 Constitucional como una forma de estabilizar el Poder Público en México, y para hacer uso de ella se deberá tener por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución del país.


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