Hablan Sicilia, Solalinde y padres de la ABC: “Peña mantiene adeudo en DH”

Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; los padres de la Guardería ABC y Alejandro Solalinde, sacerdote defensor de migrantes, hacen un balance del primer año de EPN, en la atención a quienes sufren violencia.

Paris Martínez/ Animal Político

Ley de Víctimas, la “simulación”

El 10 de enero de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Víctimas, impulsada por el Poder Legislativo durante el sexenio previo, pero que había sido bloqueada por su antecesor, el panista Felipe Calderón.

Pero esa acción “que prometía muchas cosas”, afirma con tristeza Javier Sicilia, representante del Movimiento por la Paz, que aglutina a víctimas de la violencia, y consultado al cumplirse un año de que Peña Nieto llegara al poder, terminó por ser “simplemente una simulación: Peña Nieto simuló que atendía la problemática de las víctimas de la violencia y de violaciones a los derechos humanos, porque sólo lo hizo en el discurso, pero en los hechos hasta ahorita no ha asumido la realidad en sus verdaderas dimensiones, ni tampoco las exigencias de justicia que esta realidad impone”.

Aunque la Ley de Víctimas fue promulgada y luego perfeccionada, recordó el activista y poeta, “el gobierno de Peña Nieto finalmente terminó por ocultar esta ley, tanto como oculta la violencia que no ha disminuido nada, en este año.”

En estos momentos, acusó, la Ley General de Víctimas –con la que se crea un andamiaje institucional para asistir a los afectados por la violencia criminal y la de los servidores públicos– “está prácticamente detenida, porque aún cuando está vigente, Peña Nieto no ha hecho nada para que funcione: no la ha publicitado, no ha promovido un proceso de armonización de las legislaciones en los estados, no se ha buscado a los procuradores estatales de justicia para decirles, aquí está la ley, cúmplanla.”

Y esto es así, abundó, porque en el fondo “la estrategia de Peña Nieto durante todo este primer año ha sido la de ocultar la guerra que, con su llegada a Los Pinos, continuó, y para ocultar una guerra, es necesario ocultar a las víctimas. Han pretendido establecer un cambio de percepción sobre la violencia en México, pero en realidad no les ha funcionado, ya que es puramente virtual, han apostado a la percepción, a la textualidad, al discurso, para negar lo que está ocurriendo, y entonces, la realidad se impone, y la mejor prueba de que la guerra y sus horrores continúan en el país son las fosas clandestinas encontradas en Jalisco y Michoacán –donde, hasta la fecha, han sido rescatados 67 cadáveres–.”

Del gabinete presidencial, concluyó, sólo el procurador General de la República (Jesús Murillo Karam) ha mostrado en este primer año de labores “mejor comprensión del problema, pero aún cuando él se empeñe, lo que haga resulta poco porque no sólo se trata de la PGR, sino que es necesaria la coordinación institucional, y esto demanda que en otras entidades del gobierno se reconozca la emergencia nacional y la tragedia humanitaria, empezando por Presidencia, pero también Gobernación y Hacienda.”

–¿Qué proyecciones haces sobre el próximo año? –se pregunta al activista.

–La violencia no ha bajado, y esto quiere decir que la situación es quizá aún peor que en el sexenio pasado, porque actualmente no sólo no se ha logrado reducir la violencia, sino que se está ocultando. Y así, para el próximo año, la situación puede dispararse para cualquier lado, principalmente porque las clases políticas, el Estado, los partidos, “son omisos, no han hecho nada para sanear las instituciones, que están profundamente corrompidas, y aunque haya elementos íntegros, éstos no son suficientes para sanear al aparato entero. Espero que Peña y los partidos entiendan ya la necesidad de un pacto nacional verdadero, no sólo entre fuerzas políticas sino entre todos los grupos civiles y políticos que existen en México, porque deben entender que no estamos contra el Estado, sino que, por el contrario, estamos tratando de salvar lo que queda…”

 Guardería ABC, el “retroceso”

En marzo de este año, los padres y madres de los 49 niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC, en Sonora, firmaron una carta en la que, en conjunto, le solicitaron una audiencia al presidente Enrique Peña Nieto. Su objetivo era discutir tres puntos: la ausencia de justicia para ellos y sus hijos; la necesidad de otorgarles atención no sólo para la salud emocional, sino también física; así como la falta de promoción a la Ley General de Servicios para Cuidado y Atención Integral Infantil.

Los papás y mamás de esos 49 bebés fallecidos esperaron un mes, y al no obtener respuesta, formularon nuevamente la petición de audiencia con Peña Nieto. De entonces a la fecha, la espera ha sido más larga que en su primera petición, pero con los mismos resultados: silencio.

“Nunca nos dieron una respuesta formal –dice José Francisco García, padre de uno de los bebés fallecidos hace cuatro años, y presidente de la asociación civil Movimiento 5 de Junio–. La ley que regula la operación de todos los centros de cuidado infantil está vigente desde el 24 de octubre de 2011, pero hoy en día, si tú te acercas a una guardería, por ejemplo, y preguntas a los encargados si saben sobre la existencia de esta norma, o sobre su contenido, es prácticamente seguro que no sepan qué responder, y eso es así porque la ley ahí está, pero no se hizo del conocimiento público y es como si no existiera.”

Para José Francisco, este año ha representado, además, un “retroceso” en la búsqueda de justicia para sus hijos, ya que, recuerda, se han sobreseído los juicios abiertos contra los dueños de la guardería incendiada en 2009, bajo el argumento de que no eran ellos los directos depositarios del ‘deber de cuidado’ de los menores, mientras que a los funcionarios federales responsables de vigilar la operación de esos centros, empezando por el exgobernador de Sonora Eduardo Bours, y los ex directores del IMSS, Juan Francisco Molinar Horcasitas y Daniel Karam, la nueva administración priista los citó a rendir declaración en calidad de probables responsables, “pero ellos lo que hicieron fue entregar un papel en el que ratificaban todo lo que han venido diciendo para deslindarse del incendio, ¡y ya! En eso quedó la gran acción de las nuevas autoridades en contra de esos ex funcionarios, que son parte de la gran cadena de responsables vinculados con el incendio o la mala operación de esa guardería.”

En contraste, subrayó, a las familias de los 49 niños fallecidos “sí se pretendió someternos a una ronda de interrogatorios, por un equipo de 20 psicólogos enviados en agosto pasado, para evaluar nuestra recuperación: cuatro años después, querían hacernos revivir todos los sentimientos y dolores que padecimos en 2009, y aún cuando nos negamos, la PGR se encargó de enviar citatorios domiciliares, y lo que querían era que aceptáramos someternos a un cuestionario de entre tres y cinco horas, ¿Para qué? ¿Qué querían saber? ¿Querían derrumbar lo poco que hemos logrado reconstruir de nuestra salud mental y física, en estos años de terapias?”

Migrantes: antiguo y nuevo viacrucis

Si bien en este año transcurrido desde el regreso del PRI a Los Pinos no se ha visto modificación alguna a la política de “contención de migrantes”, establecida “en beneficio de Estados Unidos (…) lo que sí se concretó, se generalizó, fue algo que denunciamos al iniciar este 2013: el cobro de cuota a todos los hermanos y hermanas de Centroamerica que pasan por México, a manos del crimen organizado”. Ese es el corte de caja que, en materia migratoria, hace el padre Alejandro Solalinde, encargado del albergue humanitario de Ixtepec, Oaxaca.

“La violencia contra los hombres y mujeres que migran no ha disminuido en lo absoluto –señala el religioso–, y por el contrario, las agresiones contra los defensores de migrantes, en este año, se ha vuelto todavía más grande, ya que no sólo nos acosa la delincuencia, sino que los más comprometidos con la defensa de sus derechos, ahora estamos siendo acosados desde dentro mismo de la Iglesia.”

Con el arribo de Peña Nieto a la presidencia, asegura Solalinde, “el gobierno federal ha estrechado lazos con la jerarquía católica, para ver en qué forma pueden bajarnos a nosotros. Por medio de la Pastoral de la Movilidad Humana –área de la iglesia católica que coordina la red de albergues y comedores más amplia del país, dispuesta para la atención de migrantes–, han empezado acciones intimidatorias en contra de nosotros y de las personas afines a la defensa de los y las migrantes, particularmente las más vulnerables a la presión de los obispos, como son las religiosas, y esto sucedió porque nosotros no hemos dejado de señalar lo que el gobierno hace mal.”

–¿Han continuado las amenazas en contra de usted y de su equipo? –se pregunta al religioso.

–Sí, por supuesto… apenas el mes pasado, el encargado de nuestro albergue, Alberto Gómez, fue amenazado de muerte, y eso nos preocupa. Y esta fue una situación de alguna manera inducida también desde el lado de las autoridades, porque, aunque ahora ya hay una fiscal para cuestiones migratorias que sí está trabajando, su antecesor prácticamente no hizo nada, entonces, cada vez que se tenía conocimiento de que los migrantes estaban siendo extorsionados o atacados, nosotros acudíamos a esos puntos, encarábamos a los delincuentes, tomábamos fotos, presentábamos denuncia, y a la postre, algunas de esas denuncias dieron pie a detenciones, y esas personas aprehendidas lo informaron a Los Zetas, que son el grupo que abusa de los migrantes en esta zona, y entonces arreciaron sus ataques y amenazas en contra de nosotros.”

Además, destaca, la incertidumbre en la labor de defensoría de migrantes aumentó “con estas modificaciones que se discuten a la Ley de Trata, porque abren la posibilidad de que nosotros, como defensores de migrantes, seamos equiparados con tratantes: por ejemplo, si aceptamos trabajo voluntario de los hermanos o hermanas centroamericanas, trabajo que es muy necesario en nuestros albergues, porque no contamos con recursos, eso puede ser interpretado como un acto de trata con fines de explotación laboral, a los ojos de estas modificaciones a la ley, y eso es muy preocupante, porque son enmiendas estúpidas, formuladas por gente que parece no pensar, que parece no darse cuenta del daño que causarán.”

 Epílogo: focos rojos…

Si bien en este primer año de gobierno el presidente Peña Nieto ha acumulado pendientes en la agenda de derechos humanos, el futuro inmediato sólo le augura nuevos plazos de inminente vencimiento, y “sin que se pueda apreciar que el gobierno federal esté preparado para esos escenarios inminentes –señala Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia–: el primer foco rojo, por ejemplo, está en el sistema de justicia, que en 2008 fue reformado, para echar a andar el nuevo sistema de juicios orales, que debe estar andando en 2016, y hasta la fecha no vemos que haya habido un impulso real, una acción decisiva, como el otorgamiento de presupuestos para esta modernización, por lo que se corre el riesgo de que se venza el plazo y el gobierno federal termine haciendo todo a las carreras, y que al final, en vez de tener un buen aparato de justicia, tengamos uno que preserve muchos de los viejos problemas que se pretendían abandonar”.

Por otro lado, señala el académico, se siguen acumulando a lo largo de la geografía mexicana los conflictos comunitarios provocados por la imposición de proyectos privados, “como minas, carreteras u otras obras, y la gravedad de esto estriba no sólo en la división de estas comunidades, sino en que ha quedado evidenciada la complicidad de las autoridades con estos proyectos, en detrimento de los derechos humanos  de los pobladores de esas zonas”.

Y, por último, destaca Cortez, el tercer foco rojo está en materia de transparencia y rendición de cuentas, “ya que, a pesar de que ahora se habla mucho de este tema, la realidad es que se ha experimentado un franco retroceso de todos los niveles de gobierno, que busca impedir, o al menos hacer cada vez más difícil, el acceso a la información efectiva y pronta, que permita a la ciudadanía combatir la opacidad gubernamental, este problema ha crecido, de la mano de otro con el que está profundamente emparentado, que es la corrupción, y se trata de temas que tomaron renovada complejidad y vigencia, con el arribo del PRI a Los Pinos.”

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