Guillermo Trejo y Alonso Pérez, los dos secretarios de Salud que el PAN omite en su denuncia por el fraude con medicinas en BC

Por no denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) la compra de cientos de miles de medicamentos próximos a caducar durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, lo que este año generó la pérdida de al menos 187 millones de pesos en el erario estatal, el Partido Acción Nacional (PAN) denunció penalmente ayer al secretario de Salud de Baja California Adrián Medina Amarillas, de cometer al menos ocho delitos, entre ellos administración fraudulenta, daño en propiedad ajena y asociación delictuosa.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Foto destacada: El secretario Adrián Medina, ¿el chivo expiatorio para los panistas? ¿O es realmente otro encubridor del inmoral e ilegal acto de corrupción? (Erika Gallego / La Voz de la Frontera). 

Ensenada, B.C., México, miércoles 7 de septiembre 2022.- Sin embargo, los denunciantes se abstuvieron de involucrar en el presunto ilícito al doctor Guillermo Trejo Dozal, secretario de Salud en el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, ambos del PAN, en cuya administración inició la compra de los fármacos a punto de vencer en su efectividad contra enfermedades tan riesgosas como cáncer, gastrointestinales y cardiovasculares, entre otras.

En ese periodo que abarcó de 2017 a 2021, el secretario de Salud de Jaime Bonilla Valdez, Alonso Pérez Rico –denunciado en agosto de 2020 por los dueños de la empresa Hemodiálisis del Noroeste, por cometer fraude en una licitación para subrogar servicios médicos en 2018–, y al menos otros tres funcionarios del primer gobierno del partido Morena en Baja California, también omitieron denunciar ante la fiscalía el ilícito que se gestó con Trejo Dozal. De hecho, lo continuaron,

Y tuvieron una justificación: los dos años de gobierno de Jaime Bonilla no daba tiempo para concluir una investigación ministerial, cuando en verdad se encubrió a Trejo por ser un personaje que en 2015 estuvo preso seis meses por defraudar a hospitales y pacientes californianos con seguros falsos, y que en abril de 2019 creó un grupo de “amigos” en apoyo a la candidatura de Jaime Bonilla.

Algo similar hizo Trejo Dozal seis años antes –abril del 2013- con Francisco Vega, cuando igualmente creó un “Grupo de Amigos” a favor de la candidatura del panista quien, para retribuir el favor, lo nombró secretario de Gobierno hasta que la Interpol lo detuvo en Estados Unidos. Posteriormente, al quedar libre porque se devolvió lo defraudado a los hospitales californianos, “Kiko” lo recontrató como secretario de Salud.

Durante la administración de Jaime Bonilla correspondió a la secretaria de Honestidad y Función Pública (SHFP), Vicenta Espinoza, investigar la compra de medicamentos con fecha muy cercana a la caducidad en el gobierno de Francisco Vega. Integró algunos expedientes, pero no hizo la denuncia formal ante la fiscalía estatal ni el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJABC).

Guillermo Trejo (izquierda) con su amigo Jaime Bonilla (Archivo).

La actual titular de la SHFP, Rosina del Villar Casas, una exlegisladora  que sufrió las consecuencias de rebelarse al control absoluto que Bonilla Valdez ejerció sobre los diputados del partido Morena en la XXIII Legislatura local, retomó el caso y denunció en el diario El Universal, en julio de este año, que la caducidad de un millón 622 mil 826 medicamentos en el gobierno de Francisco Vega costó al erario 93.7 millones de pesos, y que otra cantidad millonaria de fármacos vencidos este año sumaban pérdidas, hasta julio, por 131,6 millones, cifra que Medina Amarillas corrigió a casi 187 millones, para un daño total al erario de 280.8 millones de pesos.

Asimismo, trascendió que de 31 empresas farmacéuticas que venden medicinas al gobierno de Baja California, 18 entregaron productos casi a punto de caducar con pleno conocimiento y autorización de las autoridades de Salud en ambos gobiernos,

Entre ellas están Arsa-Lab, S.A. de C.V., e Impulsora de Cadenas Productivas y Comerciales, S. de R. L., las cuales vendieron fármacos al gobierno de Jaime Bonilla en 2020 y 2021 pese a que tanto el secretario de Salud Alonso Pérez Rico, como el director general del Isesalud, Carlos Gómez Valdez, conocían los pésimos antecedentes de ambas empresas.

La primera de estas compañías, de acuerdo con una investigación de El Universal, en 2020 entregó al Isesalud el medicamento vincristina, que se usa contra el cáncer, con fecha de caducidad apenas siete meses antes de su vencimiento, lo que ocurrió en los almacenes de la ciudad de Tijuana.

En ese año también entregó levetiracetam, fármaco que sirve para tratar la epilepsia, que caducó en el almacén del Isesalud de Ensenada.

Lo más grave es que mientras a pacientes con estos padecimientos se les negaban los fármacos aduciendo que no había en las farmacias de las instituciones públicas, en verdad sí existían pese a su próxima fecha de caducidad. Simplemente se les dejó en los almacenes en espera de ser desechadas.

Imagen en MedScape.

Impulsora de Cadenas Productivas es a su vez la corporación que más medicinas a punto de caducar vendió a los gobiernos de Vega y Bonilla.

Por ejemplo, en marzo de 2020 entregó más de mil 400 productos con fecha de caducidad inferior a los 18 meses comprometidos en el contrato (Isesalud-ADQ-Medicamentos-174/2020), y por los cuales obtuvo 17.2 millones de pesos.

Ayer, finalmente el partido Acción Nacional presentó una denuncia penal en contra del secretario Adrián Medina, y/o quien resulte responsable, por permitir que caducaran medicamentos con un valor de 187 millones de pesos.

Le imputa los delitos por hechos de corrupción, sabotaje, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, administración fraudulenta, daño en propiedad ajena, asociación delictuosa, y los que resulten.

De la responsabilidad de los dos anteriores secretarios de Salud –Trejo y Pérez- en la trama delictiva y de alta corrupción, el PAN simplemente se olvidó.