Gobiernos de BC y Ensenada autorizan desarrollos millonarios a pesar de crisis del agua

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El fraccionamiento Colinas del Sauzal y el Hotel Lucerna: agua para desarrolladores privados, más no para la población.

En respuesta a la demanda de amparo registrada con número 140/2018 que vecinos del poblado El Sauzal presentaron ante el Juzgado Noveno de Distrito en Ensenada, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) presentó un informe previo con relación al proyecto “Colinas del Sauzal” que se autorizó en 2009 para la construcción de más de 1,500 casas, multifamiliares y comercios en una superficie de 100 hectáreas.

Info Colinas Sauzal / 4 Vientos

Ensenada, B.C., 30 de abril 2018.- En el documento la CESPE reconoce que es cierto que únicamente se cumplió con los requerimientos para llevar a cabo las obras del fraccionamiento y que solo se realizó un estudio sobre el agua que demandará la construcción del fraccionamiento, mas no el agua que consumirán las más de 1,500 familias que vivirán en el fraccionamiento, por lo que se garantiza el agua para los desarrolladores, “pero no para los habitantes del nuevo segmento urbano”.

De igual manera los vecinos de la zona habitacional Playitas presentaron diversos recursos legales bajo la base de que la construcción de Hotel Lucerna, con capacidad de 143 habitaciones, restaurante-bar para 354 comensales, y un salón social que dará servicio a 442 personas, “omitió realizar el debido análisis sobre la disponibilidad de agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como para el saneamiento de las aguas que utilizará” en la operación del proyecto turístico,

Agregaron que a tres días de que se inaugure el hotel, “los vecinos acusamos que el proyecto no previene ni analiza en ningún momento el impacto ambiental que causan sus obras tanto en su ejecución como en su operación, en razón del consumo de agua potable que demandará, así como la capacidad de tratamiento de las aguas residuales que se generen con la operación de las mismas.”

El Hotel Lucerna en Ensenada, próximo a inaugurarse (Imagen: hoteleslucerna.com)

Ambos grupos civiles argumentaron que las dos obras violan, entre otros, el derecho humano al agua, al saneamiento y a un ambiente sano.

“A pesar de ello, el Juez Noveno de Distrito -en el caso de Colinas del Sauzal- y el Juez Séptimo de Distrito -en el del Hotel Lucerna- han negado la suspensión de ambas obras, ante lo cual los vecinos se inconformaron por la discrecionalidad y falta de argumentos con las que los juzgados dieron las negativas.”

Y destacaron que los magistrados dejaron a los habitantes afectados la responsabilidad de demostrar que sufrirán un daño “inminente e irreparable”, cuando en realidad debería recaer en los desarrolladores la obligación de analizar los impactos de sus obras y proponer medidas de prevención y mitigación.

En su pronunciamiento conjunto, los vecinos de Colinas del Mar, Colinas del Sauzal, Cuatro Milpas y Playitas, asentaron su “decepción e impotencia” ante la autorización de “obras millonarias, sin contar con certeza alguna sobre la disponibilidad de agua a futuro para los ciudadanos”.

Y agregaron: “Todos en Ensenada hemos vivido en carne propia el desabasto de agua de una forma u otra, y aun así pretenden incrementar dramáticamente el número de usuarios, sin prever la suficiencia y calidad del abasto del líquido.  Los derechos elementales de los ciudadanos han sido violados.” 

La visión del gobierno estatal de un problema que agobia a decenas de miles en la ciudad-puerto (Infografía: CESPE)

Recordaron que son innumerables los casos de desarrollos inmobiliarios en Baja California en los que los inversionistas, generalmente foráneos, llegan, construyen, venden y se van sin importar si sus construcciones se derrumban o cuentan con los servicios públicos adecuados.

En otras palabras, sin responsabilidad social alguna y en total impunidad.  Como ejemplo basta mencionar los casos de Urbi, Geo (ahora “Gaia”), y Vehcsa en el fraccionamiento Montemar, que vendieron durante décadas millares de casas sobrevaloradas y mal construidas. Se trata de viviendas en hasta 22 colonias de Tijuana y Ensenada que presentan importantes fallas estructurales, problemas de cimentación y de drenaje”.

Reiteraron que los vecinos de Playitas, Colinas del Mar, Colinas del Sauzal y Cuatro Milpas se sienten profundamente ofendidos y decepcionados por la falta de transparencia y de respaldo de las autoridades.

“La ciudad de Ensenada se ha convertido en un foco de atracción del turismo y la inversión, entre otras cosas por el floreciente turismo del Valle de Guadalupe; pero este turismo y el crecimiento de la ciudad se ponen en riesgo al promover el desarrollo (urbano) desordenado sin primero garantizar el suministro de los servicios básicos como vialidades alternas, recolección de basura, pavimentación, iluminación y seguridad para los habitantes actuales.”

Informaron que el arquitecto César Cuevas, Director de  Infraestructura y Servicios Públicos del Ayuntamiento local y a quien los vecinos señalan como el primer responsable de la situación que viven El Sauzal y Playitas, reconoció las limitaciones que presenta la zona en cuanto a la cobertura de servicios públicos.

El arquitecto Cuevas, primer responsable del caos urbano en la ciudad (Foto: Ayuntamiento Ensenada).

“Esto legitima las demandas de los ciudadanos sobre detener todos los desarrollos en la zona hasta que se demuestre que están en regla; y lo más importante: que primero se construya y adecúe la infraestructura pública y se provea de los servicios públicos necesario antes que  construir  más desarrollos, como lo estipula la normatividad”.

Por ello –insistieron- les preocupa que los nuevos fraccionamientos, al no estar reglamentados, fácilmente se conviertan en nuevos casos de zonas urbanas “caídas” o de muy mala calidad.

Los vecinos cerraron su pronunciamiento conjunto señalando que los desarrollos urbanos sin autorización ni estudios técnicos, “son hoy en día una práctica común en el gobierno municipal”, por lo que exhortaron a la ciudadanía a “no dejarse llevar por falsas promesas de desarrollo” y exigir lo que por derecho les corresponde.


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