Por negligencia y corrupción, el gobierno de BC es responsable del 20% de la pérdida de agua potable en zonas urbanas

El diputado del congreso de Baja California, Catalino Zavala, consideró “una gran irresponsabilidad” que el Gobierno del Estado quiera cobrar a la población los errores que cometen sus funcionarios, en especial con el tema del agua potable.

A los 4 Vientos / Foro Ensenada / Foto principal: El Vigía

Pésimo, el sistema estatal de distribución de agua a la ciudad de Ensenada por la irresponsable administración del recurso (Foto: agua.org).

Ensenada, Baja California, 20 de marzo de 2017.- En el grupo civil Foro de Ensenada que preside Jorge Menchaca, el legislador destacó la incongruencia de que los habitantes tengan que pagar las consecuencias de que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada “no reparó en tiempo y forma las tuberías” de suministro del agua a la ciudad, por lo que hoy éstas tienen más de 30  años sin cambiarse.

“¿Qué pasó con el llamado crédito japonés, destinado para ese concepto y del cual se habló de millones de pesos de inversión?”, interrogó.

Y agregó: “Es irresponsable no haber tomado las medidas oportunas para atender el desabasto del líquido y ahora se diga a la población que deberá pagar más por el agua que provendrá de una desaladora –Aguas de Ensenada, S.A de C.V, filial de la trasnacional española de ingeniería GS Inima Environment, S.A.-, cuya infraestructura debió haber iniciado a operar desde hace tiempo”.

Con relación a la propuesta de un acueducto para abastecer a Ensenada del agua del Río Colorado, el legislador especificó que sí existe un proyecto ejecutivo al respecto.

En él -afirmó- se reconoce tácitamente la existencia de un rezago en la dotación de agua a la ciudad-puerto, conforme a los acuerdos establecidos en México para el uso del recurso.

También reveló que el 20 por ciento de las pérdidas que tienen las comisiones estatales de servicios públicos, se origina en la mala administración que hacen de los sistemas de distribución y almacenamiento.

Corrupción estatal sin fin

Francisco Vega y la beca “Progreso”. ¿Vil demagogia? (Foto: Gobierno de BC).

Por otra parte, destacó que existen problemas en otros sectores productivos por la deficiente administración del Estado, como la falta de atención a la infraestructura pública y el deficiente equipamiento a los planteles escolares.

“La realidad es que se tienen diferentes ejemplos de presupuestos inflados, como la asignación de uniformes con facturas que superan tres veces más el valor real que tienen en el mercado”.

Consideró incongruente eliminar el beneficio de la “Beca Progreso”, que era un beneficio real para los planteles educativos.

“Pero ahora resulta que la propia autoridad estatal determinará a cuáles planteles se asignará el recurso, pero con presupuestos mayores a los que pudieran conseguir los padres de familia, a quienes acusa de ser incapaces de reducir los costos de operación de las instituciones educativas”.

Bienvenida la participación ciudadana

Foto: Facebook.

Finalmente, consideró positiva la intervención social que Baja California vive a raíz de la inconformidad ciudadana con la Ley estatal del Agua y el “gasolinazo”, que generó la presencia permanente de la sociedad en las reuniones del Congreso.

“Ahora la gente no solo tiene una mayor presencia, sino que en el pleno de las sesiones (del congreso) participa, cuestiona y critica, actitudes (cívicas) sin precedente”.

Y destacó que las marchas de protesta, que en un principio generaron la risa de algunos legisladores, provocaron incluso miedo, “al grado de que hubo quienes se escondieron en sus oficinas, temerosos por la respuesta ciudadana”.

Afirmó que la participación social en el análisis de propuestas como la legislación anticorrupción, abrieron el debate y evitó que sólo se analizara la propuesta del gobernador Francisco Vega.

“Esta participación social deberá seguir abriéndose. De hecho, en forma personal he sometido rubros como diversas leyes de ingresos y egresos al análisis del Colegio de Contadores Públicos, lo que permite la intervención de sectores especializados en los temas donde la población debe contribuir”.