Gobierno de BC quiere privatizar La Bufadora
El gobierno de Baja California está detrás del proyecto de privatización de uno de los principales destinos turísticos del país: La Bufadora, fenómeno natural que anualmente recibe más de 380 mil visitantes y provoca una derrama económica cercana a los 80 millones de pesos.
Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos
Darby Batallar Gómez, representante de la Asociación Civil “La Bufadora en Pie de Lucha”, anunció que la organización, la cual suma 157 locatarios que desde 1960 trabajan en el centro turístico vendiendo artesanías y curiosidades, emprenderá este mes una intensa campaña mediática nacional e internacional del proyecto privatizador, que incluye el uso faccioso de la Gendarmería Federal por el gobernador Francisco Vega Lamadrid para desalojarlos del sitio.
También que se abrió un espacio informal de diálogo con la directiva del ejido Coronel Esteban Cantú, grupo campesino que desde 2010 intenta despojar a los locatarios del terreno de 1.5 hectáreas que ocupan en La Bufadora alegando que pertenece al ejido.
En las charlas, ejidatarios y locatarios expresaron su decisión de alcanzar un acuerdo que beneficie a las dos partes. Permitió asimismo a los comerciantes conocer el anteproyecto del gobierno estatal para desarrollar La Bufadora, documento que es muy similar al que en 2010 financió el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Batallar reveló además que en su afán de retirar a los comerciantes de La Bufadora, el juez Séptimo de Distrito con sede en Ensenada, Víctor Manuel Bravo Melgoza, intentó involucrar al Ejército y a la Armada de México pero ambas instancias castrenses se negaron a tomar parte en el desalojo, por lo que el magistrado usó a una parte de las fuerzas policiales federales destacadas en el estado pese a que la coordinadora nacional de la corporación también se abstuvo de participar en el conflicto.
Finalmente, la fuerza federal fracasó en su intento de lanzar a los comerciantes de La Bufadora el 6 de enero.
El juez federal determinó el desalojo de los comerciantes en noviembre de 2013 luego de que el gobierno estatal no aportó pruebas ministeriales en un juicio agrario para defender la propiedad del terreno que ocupa el centro turístico y que reclama para sí el Ejido Coronel Esteban Cantú, organización campesina que en la década de los 90 del siglo pasado provocó un conflicto internacional con los Estados Unidos cuando vendió ilegalmente a 200 estadounidenses, terrenos que no les pertenecían en la lengüeta arenosa Punta Banda, que se ubica 10 kilómetros al norte de La Bufadora.
El paisaje de La Bufadora despierta codicias (Foto: Internet)
De esa fecha al 6 de enero los comerciantes han evitado el desalojo en cuatro ocasiones de manera pacífica.
De acuerdo con la Secretaría de Turismo del estado, La Bufadora recibió 380 mil visitantes en 2014. A su vez el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de Ensenada informó que las ventas comerciales en La Bufadora son en promedio por 80 millones de pesos anuales, aunque se desplomaron el año pasado en 70 por ciento.
Fue hasta el 28 de enero de 2015 cuando el gobierno de Baja California y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presentaron el proyecto para el desarrollo integral de La Bufadora, pero no dieron detalles de qué empresas privadas participarán en el programa, el monto de la inversión y cuándo se pondrá en marcha la construcción.
A continuación, la entrevista con Darby Batallar.
– ¿Qué pasó después del intento de desalojo en La Bufadora por la gendarmería federal, el pasado 6 de enero?
Poco en realidad. Lo que sucedió ese día nosotros concluimos que fue una acción punitiva, sigilosa por parte del juez del Juzgado Séptimo de Distrito –Víctor Manuel Bravo Melgoza- que penetra en nuestro lugar de trabajo, junto con la gendarmería nacional, provocando una situación inédita para el movimiento de “La Bufadora en Lucha” puesto que por primera vez el juez actúa fuera de contexto y del ordenamiento jurídico que debe de regir a las autoridades de nuestro país, que siempre deben actuar con transparencia y apego a la legalidad.
De esto deriva de una serie de declaraciones d presidente del comisariado ejidal en el sentido de que el plan era que una vez restituido el predio ellos tendrían que entregarlo al gobierno del estado para que éste iniciara un proyecto de inversión en la zona turística de La Bufadora, donde evidentemente ni los locatarios ni la comunidad de Ensenada entra dentro de este proyecto, que se declara de perfil elitista.
Derivado de lo mismo nosotros lo que estamos viendo es que ha habido desde siempre una intención del gobierno del estado por disfrazar su verdadera intención de actuar de manera directa en el problema, y lo ha venido haciendo a través de los ejidatarios. Por eso hoy nos explicamos con mucha claridad por qué el gobierno del estado no se defendió en su momento en los tribunales; no presentaron ninguna pericial, dejándonos a los locatarios en el abandono jurídico total.
Esto para nosotros significa que desde siempre estaba en su plan enfrentar al pueblo contra el pueblo y ellos manejando los hilos desde arriba, y eso nos parece más que grave: nos parece muy delicada y censurable esta situación. Por eso nosotros nos acercamos con los ejidatarios y les dijimos que esta situación no puede seguir de la misma manera, que en nosotros está el resolver esto.
– ¿Cuál fue su respuesta?
Con ellos y el gobierno del estado hemos sido muy francos en dos cuestiones. La primera es que les extendemos la mano para sentarnos a platicar, a dialogar, pero también hacemos un llamado al gobierno del estado a que se aleje de proyectos elitistas, que incluya a los locatarios porque finalmente somos nosotros los que hemos estado ahí desde hace 55 años, trabajando con generación tras generación de ensenadenses y bajacalifornianos que han tenido acceso gratuito a este lugar público.
– Existe la versión de que fueron el gobernador Francisco Vega Lamadrid y el subsecretario del gobierno estatal en Ensenada, Pablo Alejo López Núñez, quienes negociaron el uso de la gendarmería el 6 de enero en La Bufadora. ¿Qué saben ustedes de esto?
Después del 21 de septiembre, en que se intentó el primer desalojo con la policía municipal, pedimos hacer mesas de trabajo con la intención de involucrar a los ejidatarios. Se hicieron cinco mesas en donde participó el gobierno del estado. La última se realizó el 21 de diciembre y ya no se presentó el licenciado Pablo Alejo. Simplemente mandó a un representante porque sabía que ya se iba a tomar la decisión del desalojo del 6 de enero.
El acuerdo, al que tuvimos acceso hasta el 7 de enero, es decir un día después del fracaso de la gendarmería, señala con precisión que la fecha inicial para el intento (de desalojo) era el 30 de diciembre. ¿Entonces a qué se presentaba el licenciado Pablo Alejo si ya sabía del uso de la violencia contra los locatarios? Ya no tenía caso su presencia en la mesa.
Y ese acuerdo es muy interesante. Primero plantea el juez una solicitud al ejército a través del cuartel de El Ciprés y los vincula para realizar el desalojo, pero la Secretaría de la Defensa Nacional niega la posibilidad de participar y los multan con algo verdaderamente ridículo. Entonces el juez se va a la Secretaría de la Marina y hace lo mismo: les pide apoyo, los vincula para que hagan el desalojo y la Secretaría de la Marina le dice también que no.
A nosotros nos extraña mucho el hecho de que una parte de la gendarmería de los 300 que están destacados en Baja California, haya venido a La Bufadora cuando la respuesta a la solicitud de apoyo que hizo semanas atrás el presidente (municipal de Ensenada) Gilberto Hirata al comisionado nacional de la gendarmería, fue negativa.
¿Qué pasó ahí? ¿Quién dio la bendición en Baja California para que una parte de la gendarmería actuara? Deducimos que fue el gobernador del estado. Tenemos esta reflexión del análisis que hemos hecho de todo esto, Por eso no queremos caer en una confrontación con el gobierno del estado, Hacemos una vez más un llamado de atención a que nos escuchen, que nos tomen en cuenta y respeten nuestros derechos como locatarios.
– ¿A qué se refiere cuando habla de un proyecto elitista? ¿Ya vieron el proyecto? Sabemos que hay una empresa privada que se alía con los ejidatarios para sacar adelante un proyecto de inversión conjunto.
Sabemos que esa alianza existe pero desconocemos el nombre de la empresa y el monto de la inversión que quieren aplicar, pero quiero aclarar que no estamos en contra de la inversión. Observamos que las últimas declaraciones del secretario estatal de Turismo, Oscar Escobedo (Carignan), nos hablan de que tienen un proyecto identificado como un corredor lineal pero nos hace falta más información y los nombres de los inversionistas para conocer quién está detrás de este proyecto para privatizar La Bufadora.
– ¿Cuál es el impacto que hasta hoy ha generado el conflicto?
Son ya más de 400 días los que han pasado desde que comenzó. Evidentemente hay un impacto económico muy grave en el bolsillo de los locatarios porque nuestra actividad ha sido muy irregular por las mismas características del conflicto, por las amenazas constantes de desalojo a las que nos ha sometido el juzgado de distrito.
– Antes de que estallara la pugna, ¿cuánto ganaba en promedio un locatario en La Bufadora?
La cantidad varía, pero digamos que hemos perdido hasta el 70 por ciento de nuestros ingresos netos, independientemente de los inconvenientes que estaba provocando el problema económico presente en los Estados Unidos, que es una base importante de nuestros clientes. En ese sentido vemos con mucha preocupación que este proyecto no vaya a ser aquél que en el 2010 nosotros tuvimos una participación muy activa y de propuesta, que es el plan parcial de desarrollo urbano de La Bufadora que realizó el FONATUR (Fondo Nacional de Fomento al Turismo).
Si ese es el proyecto, nosotros estamos de acuerdo. Lo único que tendría que hacer la Secretaría de Turismo es que de las 198.5 hectáreas que quieren incorporar a las 1.5 hectáreas en donde los locatarios estamos, es buscar que toda la gente que reside o trabaja en la zona esté de acuerdo.
Esto lo menciono porque hay pequeños propietarios que dicen: “espérame; lo vocación de mi tierra en este proyecto no se está manifestando y por ello no estamos de acuerdo”. Entonces hay sectores que están involucrados en bienes y raíces en este importante número de hectáreas y que no están muy convencidos de que sea el plan correcto. Por eso le hemos dicho a la Secretaría (estatal de Turismo) que abra un espacio de reflexión para armonizar todos los intereses en la zona e impulsar un proyecto realmente incluyente, donde se detonen integralmente esas 200 hectáreas que le darían a La Bufadora un nuevo vigor, una nueva oferta.
– ¿Ya platicaron de esto con los ejidatarios?
Con ellos hemos tenido en las últimas semanas dos charlas informales y el 28 de enero se nos presentó lo que parece ser el proyecto, pero aun así hemos trazado una estrategia de negociación y difusión del problema en la prensa nacional y ante organismos internacionales de derechos humanos. En ese sentido queremos ir cubriendo cada eslabón, cada paso e ir a la ciudad de México para dar a conocer lo que está pasando en La Bufadora, uno de los principales destinos turísticos no sólo de Baja California, sino del país en general.
EL PROYECTO
Cabe destacar que el 28 de enero el director nacional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Héctor Gómez Barraza, presentó el proyecto “Programa Parcial de Desarrollo Turístico La Bufadora”, a los locatarios y ejidatarios en conflicto.
Si bien Batallar Gómez reconoció que se trata del mismo proyecto con el cual los locatarios están de acuerdo desde 2010, es necesario que los gobiernos federal y estatal primero resuelvan el problema de la tenencia de la tierra vigente en la zona que pretenden desarrollar
El plan incluye la declaratoria de Parque Natural La Bufadora -de carácter estatal-, el desarrollo de zonas turístico residenciales y comerciales, un área de conservación ambiental, una zona de crecimiento y equipamiento urbano, la construcción de una desalinizadora y una planta de tratamiento de aguas negras, un centro cultural, un club spa y comercio de cata de vinos y quesos, un museo interactivo, un club de playa y muelle para yates de placer y la utilización de un sistema de transporte eléctrico interno, entre otra infraestructura que desarrollarán la iniciativa privada y los gobiernos federal y estatal.
En la reunión informativa, en la cual estuvo el secretario Escobedo Carignan, no se dieron mayores detalles del monto de la inversión y el nombre de la o las empresas privadas que participarán en el desarrollo del proyecto de desarrollo.
Visión arquitectónica del proyecto de desarrollo turístico inmobliario en La Bufadora que presentó el gobierno de Baja California a los 157 locatarios (Foto: archivo)