Gobierno de BC pierde Controversia Constitucional por caso Next Energy; el contrato con la transnacional sigue vigente
Por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en apoyo a una resolución administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el contrato que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez inscribió en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de la interventora federal a favor de que la transnacional Next Energy cobrara mensualidades del presupuesto de Baja California por la malograda construcción de un parque fotovoltaico en Mexicali, no se canceló.
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos
Foto destacada: Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro).
Ensenada, B.C., México, miércoles 25 enero 2023.- Lo determinó así al desechar la Controversia Constitucional que el Consejero Jurídico del Estado de Baja California, Juan José Pon Méndez, presentó en marzo de 2022 en la Suprema Corte.
Así, el “Contrato Plurianual de Compra-Venta de Energía mediante suministro eléctrico para el desarrollo de una Central Eléctrica Fotovoltaica en Baja California, para el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California y/o sus Entidades Paraestatales”, sigue vigente.
La sentencia de la SCJN que no ha sido informada ni comentada públicamente por el gobierno que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda, se dio el pasado 7 de octubre.
De hecho, puede ser la causa por la cual Banca Afirme, del llamado “Rey del Acero” Julio César Villarreal Guajardo, ha optado por no regresar 123 millones de pesos al gobierno de Baja California que descontó de las partidas presupuestales estatales en pago de la primera mensualidad del tratado entre Bonilla y Next Enrgy correspondiente a enero de 2022.
Con su fallo definitivo y concluyente, que los 11 magistrados de la Corte Suprema tomaron con base al proyecto que preparó y presentó la ministro Norma Lucía Piña Hernández antes de que ésta se convirtiera, el pasado 2 de enero, en la presidente de la SCJN, se confirmó el acuerdo que el 31 de agosto de 2022 emitió la Primera Sala de la Suprema Corte, el cual fue contrario al gobierno de Baja California.
El Consejero Jurídico bajacaliforniano presentó un Recurso de Reclamación –el número 101/2022-ca.- ante el Pleno del máximo tribunal judicial del país y si bien éste consideró “procedente” el trámite, lo calificó como “infundado” (injustificado).
Ilustración: Reporte Índigo.
La historia de esta derrota jurídica del gobierno estatal se remonta al 11 de febrero del 2022, fecha en la que el secretario de Hacienda del Estado de Baja California, Marco Antonio Moreno Mexía, emitió el oficio número 0000194.
Lo dirigió a diversas dependencias de la SHCP, a quienes pidió la cancelación de la Inscripción en el Registro Público Único del Contrato que firmaron directivos de Next Energy con funcionarios del gobierno morenista que encabezó Jaime Bonilla.
Diez días después -21 de febrero-, la Directora de Deuda Pública de Entidades y Municipios (en suplencia por ausencia del Director General Adjunto de la Deuda Pública de Entidades Federativas y Municipios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda, respondió con el oficio Número 351-A-PFV-00362.
En su escrito la funcionaria federal determina que, para cancelar una inscripción, el “Solicitante Autorizado” debía acreditar los dos requisitos establecidos en el artículo 47 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
Precisó: “Presentar el documento suscrito por el representante legal del prestador del servicio o inversionista proveedor (Next Energy), en el que se especifique que la obligación ha sido liquidada o bien no fue dispuesta, incluyendo los datos principales que identifiquen la operación” a cancelar.
De acuerdo con el mismo oficio, el secretario Moreno Mexía omitió presentar ese escrito.
La gobernadora de BC y su secretario de Hacienda Marco Antonio Moreno Mexia, un personaje que en marzo de 2022 se involucró en un caso de conflicto de intereses en el Ayuntamiento de Mexicali, cuando el entonces tesorero municipal Víctor Daniel Amador Barragán le dio en adjudicación directa a Moreno, con quien realizaba en asociación laboral diversos análisis financieros a gobiernos locales y al exgobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, el estudio del refinanciamiento de la deuda de Mexicali por un monto de 10 millones de pesos (Archivo).
Ello abrió la puerta al Consejero Juan José Pon para que presentara la Controversia Constitucional ante la Primera Sala de la Suprema Corte.
En su recurso, el funcionario estatal destacó la afectación que a Baja California generaría la negativa de cancelar la Inscripción del contrato y afectar sus participaciones federales como fuente de pago a la empresa.
Textualmente, argumentó:
Ello, agregó, “pone en riesgo el normal desarrollo de la administración pública estatal, impactando en los servicios públicos y programas que debe llevar a cabo en beneficio de la colectividad, lo que evidencia la invasión de la Federación a la esfera competencial del Estado de Baja California”.
Y citó que restringir a sólo dos opciones los requisitos para cancelar la inscripción de deuda pública en el Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones con cargo a las partidas presupuestales federales del estado, es inconstitucional.
El consejero jurídico Juan José Pon, el fracaso (Periodismo Negro).
También reveló que lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, al no establecer un mecanismo para que los Estados puedan eliminar del registro único las participaciones federales, violenta el artículo 17 de la Carta Magna del país.
Pese a sus alegatos, la Primera Sala, primero, y luego el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron infundada la petición. Los ministros fueron contundentes en su resolución:
“PRIMERO. Se desecha de plano la demanda de controversia constitucional que hace valer el Consejero Jurídico del Estado de Baja California, por los argumentos desarrollados en el presente acuerdo.
“SEGUNDO. Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido…”
Historia que se ocultó
Cabe recordar que el 25 de mayo de 2022, Marina del Pilar Ávila informó en rueda de prensa que la transnacional había cancelado definitivamente el proyecto “Central Solar BC” que pactó en Baja California con el exgobernador Jaime Bonilla Valdez.
Detalló entonces que la decisión de Next Energy incluyó el retiro de la demanda de indemnización por seis mil millones de pesos que el consorcio pidió al gobierno estatal por la cancelación anticipada de la obra, la cual costaría finalmente al erario 29 mil millones de pesos.
En la presentación de proyecto planta fotovoltaica en Mexicali, el 16 de junio de 2021, Eugenio Javier Maiz Domene (traje negro, a la izquierda), directivo de Next Energy en México; Guadalupe Mora, ex presidenta municipal de Mexicali, Jaime Bonilla, gobernador del estado, Marina del Pilar Ávila, gobernadora electa, y Julio César Villarreal Guajardo, el “Rey del Acero” y dueño de Banca Afirme, primero a la derecha, de camisa blanca (Archivo).
El anuncio de la gobernadora aparentemente se basó en una carta que el representante común de Next Energy en México, Héctor Martínez Vivas, dirigió a Marina del Pilar Ávila el 23 de mayo de 2022, en donde le indica que la empresa cancelaría el proyecto y pediría a Banca Afirme que regresara al estado la partida presupuestal cobrada en enero de ese año, siempre y cuando, de “común acuerdo”, se firmara un acuerdo en donde ambas partes cancelaban acciones legales contra sus respectivos directivos y funcionarios públicos.
Dos días después de recibir esa misiva, la titular del poder ejecutivo del estado anunció como un hecho el acuerdo con la compañía y afirmó que la cancelación del proyecto fue “de mutuo consentimiento sin prejuicio para las finanzas estatales”, cuando la carta de Martínez Vivas indica claramente la petición de que Juan José Pon redactara, si el gobierno aceptaba su propuesta, “los documentos vinculantes” al acuerdo para su revisión por parte de los abogados del consorcio y “proceder en consecuencia”.
Igualmente, Ávila notificó que su gobierno mantendría los procedimientos administrativos y penales en contra de un grupo de ex funcionarios de la pasada gestión de gobierno, al que luego incluyó a Alberto Tulio Pani Vano, representante de la empresa Next Energy en México, y a dos directivos de Banca Afirme: Nabor “N” y David “N”.
Sin embargo, no precisó si el gobierno retiraría en específico la Controversia Constitucional que en febrero de ese año había presentado ante la Suprema Corte en contra del ejecutivo federal (Secretaría de Hacienda) y el Congreso de la Unión.
En esa fecha, 4 Vientos informó lo que la mandataria evadió decir: que la petición, contenida en el Expediente 70/2022 de la Suprema Corte, existía y que ésta combatía la disposición del artículo 47 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, de limitar a sólo dos opciones la posibilidad de cancelar la deuda Inscrita en el padrón hacendario: “que la obligación (débito) ha sido liquidada, o bien no fue dispuesta.”
Fue hasta el 25 de marzo de 2022 cuando Juan José Pon notificó que el gobierno del estado había iniciado “un juicio federal” -la Controversia Constitucional- que buscaba cancelar los contratos de servicios y nómina que el gobierno de Baja California tenía con Next Energy y Banca Afirme, del magnate del acero Julio César Villarreal Guajardo, además de instruir una estrategia jurídica y legal para proteger las partidas presupuestales del estado en la SHCP.
Jaime Bonilla Valdez, el autor intelectual de este desastre jurídico para las finanzas públicas de Baja California, sigue campante como Senador de la República ya que el poder ejecutivo de la entidad no ha presentado ningún recurso legal en su contra, como lo sería una solicitud de Juicio Político en el Congreso de la Unión para separarlo del cargo de elección que le da inmunidad jurídica a través de la figura del fuero constitucional, y presentar así cargos penales en su contra por el papel que jugó en el caso Next Energy.
NOTA DE CONTEXTO: