Gobierno de BC persiste en omitir leyes y normas nacionales en materia de búsqueda de personas
Nueve colectivos ciudadanos de búsqueda de personas desaparecidas convocaron hoy al poder ejecutivo del estado a cumplir con la creación de ocho disposiciones legales y operativas nacionales en materia de localización de personas que han sido dolosamente postergadas en Baja California.
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Foto destacada: La búsqueda colectiva (Murphy Woodhouse / KJZZ).
Ensenada, B.C., México, viernes 3 de febrero 2022.- Asimismo, denunciaron que la subsecretaria estatal de Gobierno –Rebeeca Vega– ordenó la creación de una Coordinación General de la Comisión de Búsqueda Local para la zona costera de la entidad, lo que representa “una violación al marco jurídico en materia de desaparición” que debilita los esfuerzos institucionales y civiles para dar con el paradero de personas no localizables.
En un comunicado, las organizaciones Una nación buscando T, Fundación Todos somos Erick Carrillo, Siguiendo tus pasos; Colectivo búsqueda y justicia por nuestros hijos, Armadillos rastreadores Ensenada, Madres unidas y fuertes, Familias unidas contra la impunidad en Baja California, Madres buscando a sus tesoros, y Colectivo Carlos Luna, precisaron que el incumplimiento del gobierno que preside Marina del Pilar Ávila Olmeda en materia de localización de personas abarca:
1.- La no creación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas; 2.- la no aprobación de una ley estatal en materia de búsqueda y desaparición que contemple el contexto y necesidades locales; 3.- la no instalación del Sistema Estatal de Búsqueda.
Asimismo: 4.- la no presentación de un plan integral de búsqueda que contemple las modalidades de investigación inmediata y de larga data; 5.- la no asignación de recursos estatales etiquetados específicamente para las actividades de la Comisión Local de Búsqueda.
La búsqueda solitaria (Facebook).
Igualmente: 6.- la no programación de mecanismos claros, accesibles para la rendición de cuentas y evaluación de resultados, 7.- no abrir canales de comunicación en medios oficiales; y 8.- la no conformación e instalación del Consejo Ciudadano de Búsqueda.
Finalmente piden que no se permita la creación de la ilícita Coordinación General de la Comisión de Búsqueda Local para la zona costera de la entidad para satisfacer a los colectivos de búsqueda que se oponen al nombramiento, éste sí legal y en dos procesos de selección oficial en menos de un año, del comisionado Rafael Hernández Murrieta.
“La existencia de un plan alterno detonará en una disputa por los recursos económicos, materiales y humanos, haciendo más compleja la rendición de cuentas, el ejercicio presupuestal y la evaluación de los resultados”.
La presentación del documento de protesta incluyó manifestaciones en tres ciudades de Baja California. En una de ellas, Irma Leyva, de Madres unidas y fuertes, dijo que, si no se deja trabajar al comisionado Rafael Hernández, si la Secretaría de Gobierno estatal no deja de politizar el tema, y si la gobernadora no atiende sus demandas, los colectivos podrían tomar las oficinas de la mandataria morenista.
“Es un ultimátum; no estamos de acuerdo con la subsecretaria de Gobierno, Rebeca Vega”, dijo.
A continuación, el posicionamiento de las nueve organizaciones civiles:
