Gilberto Hirata y Samuel Jaime serán enjuiciados por un peculado de 3.5 mdp
El ex presidente municipal de Ensenada Gilberto Hirata Chico y quien fuera tesorero en su administración municipal, Samuel Jaime Aguilar, fueron vinculados a proceso por un juez federal bajo cargos de peculado por 3.5 millones de pesos, cantidad mínima de los fondos federales que desviaron durante su gobierno.
4 Vientos / Foto principal: Vanguardia
Ensenada, B.C., 5 de agosto del 2020.- La Fiscalía General de la República (FGR) hizo la denuncia penal luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó los resultados de una auditoría que se practicó a fondos públicos que el edil manejó durante su gobierno, que fue de 2013 a 2016.
Al congratularse del hecho, la Síndico Procurador de Ensenada, Elizabeth Muñoz Huerta, coadyuvante en la investigación de la fiscalía federal bajo carpeta judicial 14/2020, dijo en un comunicado: “ningún servidor público debe estar por encima de la ley”.
Explicó que el peculado es un delito previsto y sancionado por el Artículo 223 Fracción IV, del Código Penal Federal.
Hirata, en foto de archivo
Y detalló que Hirata Chico y Jaime Aguilar, identificados en el proceso judicial como Gilberto “N” y Samuel “N”, presuntamente cometieron el ilícito al desviar para el pago de nómina municipal, 3.5 millones de pesos del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR).
Esos recursos fueron liberados por el gobierno federal para habilitar la Estación de Bomberos de la colonia Nueva Era en San Quintín y pavimentar una calle en el exejido Chapultepec en la ciudad de Ensenada.
Ambos funcionarios habían logrado evadir juicios por peculado y abuso de autoridad desde 2017 y actualmente esperan el regreso a la actividad de los juzgados estatales para rendir declaración en torno a otro presunto desvío de fondos públicos asignados a programas federales por 26 millones de pesos.
En Baja California también han logrado que el ministerio público del fuero común en el gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid, elimine cargos en su contra por el presunto desvío de recursos por más de 280 millones de pesos, muchos de ellos identificados por la ASF.