Gasto público en BC para 2020: Austeridad a lo incómodo; dispendio a la clase dorada
Para 2020, el congreso de Baja California que define cuál y cuánto es el ingreso y el gasto de cada uno de los poderes públicos en el estado, se dio un aumento presupuestal del 3.5% pero recortó los egresos en un 10 por ciento al organismo descentralizado encargado de la trasparencia y rendición de cuentas, así como a la comisión que vigila y promueve el respeto a los derechos humanos en la entidad.
En el congreso, bien saben hacerse pato (Foto de la película Howard the Duck)
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: Zona Franca
Ensenada, B.C., 10 de enero 2019.- Asimismo, redujo en un 11.5% el gasto que solicitó para este año el Instituto Estatal Electoral, pero dejó intocados los altos sueldos de los funcionarios de primer nivel del gobierno, de sus 25 diputados y del personal sindicalizado y por honorarios en nómina del congreso que en 2020 costará 209.40 pesos a cada ciudadano inscrito en el listado nominal electoral (mayor de 18 años) de poco más de dos millones 800 mil personas.
Esa cantidad per cápita de dinero es la décima más alta del país en lo que se refiere al gasto de los poderes legislativos en los 32 estados de la república, según un estudio de la asociación civil Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco).
De hecho, la discrecionalidad en el reparto del presupuesto de egresos que aprobó el congreso dominado por el partido Morena y sus aliados político-electorales, significó una vez más el quebranto de las declaraciones y compromisos hechos públicamente por representantes del bonillismo.
Es el caso de la Presidente de la Junta de Coordinación Política de la XXIII Legislatura, Montserrat Caballero Ramírez, quien el pasado 26 de noviembre dijo en Tijuana que el congreso tendría una reducción en su presupuesto y que a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se le aumentarían sus partidas presupuestales, promesas que los diputados de Morena no cumplieron.
De hecho, el Poder Legislativo de Baja California se dio un aumento presupuestal general del 8.7% sobre lo que manejó en 2019. Esto se debe a que, para este año, incrementó en un 25.5% (41.4 millones de pesos) el gasto de la Auditoria Superior del Estado para quedar en 203.2 millones de pesos.
El auditor fiscal, junto con el congreso, integra el sector parlamentario. Ambos gastarán este año 791.9 millones de pesos -es decir 61.3 millones más que en 2019-, de los cuales 588 millones 694 mil pertenecen al congreso, lo que por sí mismo representará casi 20 millones de pesos más que el año pasado
Y a la oficina del Ombudsman Miguel Ángel Mora Marrufo, que pidió un aumento de 20 millones de pesos para intentar dejar su gasto este año en casi 67 millones, los congresistas finalmente le otorgaron 42.1 millones; es decir, redujeron un 10% al presupuesto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California ejerció en 2019 (46.8 mdp).
¿Cómo lograrlo sin presupuesto suficiente en la comisión encargada de alcanzar ese objetivo? (Cortesía)
Para suicidarse
Pero en otros sectores presupuestales los diputados de la mayoría bonillista no ocultaron sus fobias personales y políticas.
Por ejemplo, la noche del 31 de diciembre negaron con 12 votos que en el presupuesto de egresos del Estado para 2020 –casi 54 mil millones de pesos- se asignaran recursos financieros al Instituto Psiquiátrico Estatal para que los destinara a la creación de la Ley para de Prevención del Suicidio para el Estado de Baja California y sus Municipios.
El recurso era importante ya que el año pasado el plantel médico especializado atendió a 144 pacientes que intentaron suicidarse, de los cuales el 5% logró quitarse la vida, y con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el suicidio es la cuarta causa de muerte entre la población bajacaliforniana de entre 15 y 29 años de edad.
Igualmente, de acuerdo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos –quien a su vez citó datos de la Fiscalía General del Estado-, de enero a octubre pasado se habían registrado 228 suicidios (103 en Mexicali, 84 en Tijuana; 30 en Ensenada; 7 en Rosarito, y 4 en Tecate), y había un promedio de 334 inmolaciones por año, por lo que la organización exhortó al gobierno “a priorizar la prevención” del problema destinando recursos a las instituciones de salud en la materia.
Aparentemente, el rechazo se justificó en el presunto “desfalco económico y la falta de insumos” que en el sector Salud dejó el gobierno del panista Francisco Vega de la Madrid, uno de los argumentos que Montserrat Caballero usó el 6 de enero para explicar el incremento en impuestos y creación de nuevos gravámenes para la población.
Nos encontramos con una deuda de 2 mil 500 millones de pesos, lo que trajo como consecuencia que los bajacalifornianos carecieran de medicamentos en los hospitales generales de la entidad y, lo más cruel, que no hubiera medicamentos para combatir el cáncer infantil”, dijo la diputada en una entrevista en Tijuana.
Imagen ilustrativa en internet
No son importantes
Asimismo, los congresistas rechazaron por 18 votos asignar los recursos necesarios para el mejoramiento y renovación del equipamiento de la Sala de Gimnasia “E.D. Eduardo Carmona Valenzuela” del Centro Deportivo UABC.
De nada sirvió que dicha instalación deportiva fuera reconocida por la Federación Mexicana de Gimnasia como “El Mejor Club Varonil de México”, tras conquistar 32 medallas durante el Campeonato Nacional de Gimnasia 2019, sumadas a las 15 medallas obtenidas en la Olimpiada Nacional 2019.
Diablos y Ángeles
Coincidentemente, ambas propuestas las hizo la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Eva María Vázquez Hernández, quien se opuso a la reforma constitucional que la pasada legislatura aprobó para ampliar el periodo de gobierno a Jaime Bonilla Valdez de 2 a 5 años.
Contrario a esa cerrazón, otra diputada que en la pasada legislatura era del PAN pero sí votó a favor de la llamada “Ley Bonilla” -Trinidad Vaca-, lo que provocó su expulsión de ese partido por lo que ahora se presenta como “independiente”, sí logró que la mayoría bonillista suscribiera -con 17 votos a favor-, su petición de que el Presupuesto de Egresos asigne “fondos suficientes” al programa de estancias infantiles del DIF estatal para apoyar a familias en situación o riesgo de vulnerabilidad social.
Esto de cualquier forma es bueno porque el ejecutivo ya había eliminado esa partida del Sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) pese a que el programa, desde 2014 hasta el año pasado, benefició a más de 40 mil infantes y a que en septiembre del 2019 el mismo congreso, ya con mayoría calificada de Morena y sus aliados, hizo un exhorto a Bonilla para que en el presupuesto 2020 asignara recursos a las estancias infantiles.
Ángeles y diablos, obra de Julián Ratatine
Por el “No” a los 5 años
También se presume revanchismo político en la asignación de recursos al Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), quien fracasó en dos intentos por aumentar su gasto. Primero en 2019 y después para este 2020.
El 19 de diciembre, el consejero electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza presentó ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del congreso, un proyecto de presupuesto de egresos por la cantidad de 264 millones 330 mil 392 pesos para el ejercicio fiscal 2020.
Explicó que del total del presupuesto, se asignarían 157 millones de pesos al financiamiento a partidos políticos, 87 millones a la operatividad del instituto, y 18 millones a motivar la participación ciudadana en el próximo proceso electoral 2020-2021, en respeto a la temporalidad oficial de 2 años de gobierno.
Y manifestó que en aras de mantener una disciplina presupuestaria de austeridad, este año no habrá aumento a las remuneraciones, se reducen los gastos en viáticos, se eliminan las prerrogativas para telefonía móvil y se excluyen inversiones necesarias para modernizar y fortalecer diversos equipos y programas de cómputo del Instituto, entre otras acciones de ahorro.
La respuesta de los congresistas fue aprobar un gasto de 234 millones de pesos que representan un 11.5% menos (30.3 millones) de lo que solicitó el Instituto, cuyos consejeros reiteradamente se negaron a consentir el proyecto de aumentar a 5 años el gobierno de Jaime Bonilla.
Pero bien se cuidaron los diputados locales de no tocar la partida de 157 millones de pesos asignados al financiamiento de sus partidos políticos para este año.
Señores y damas de la opacidad
Destaca asimismo el caso del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California.
El 18 de diciembre, la Comisionada Presidente del instituto –Lucía Ariana Miranda Gómez– presentó un proyecto de presupuesto de egresos por casi 25 millones de pesos, el cual certificó en su aplicación principalmente “en programas que difundan la transparencia, garanticen el derecho de acceso a la información pública, en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.”
Subrayó que el organismo ha atendido 13 mil solicitudes de información y generó más de 840 expedientes, y que la crónica falta de presupuesto “ha impedido que el Instituto se incorpore al Sistema Nacional de Transparencia”, lo que representa un atraso en la rendición de cuentas y opacidad en el manejo de la administración pública y sus recursos.
Igualmente, la falta de dinero impide al organismo cumplir con su responsabilidad de atender las verificaciones y capacitación de los 152 sujetos obligados en el estado, así como en la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, y del Sistema de Comunicación entre Sujetos Obligados y Organismos garantes (SICOM).
La respuesta de los diputados bonillistas fue lamentable para una institución que trabaja con tan solo 26 personas: aprobaron un presupuesto de 13 millones 888 mil 305 pesos, lo que representó una disminución del 10% a su raquítico gasto del año pasado (15.4 mdp) para cubrir una función vital para identificar y denunciar actos de corrupción y simulación en el sector público.
Imagen: Las 2 Orillas
Haciéndose patos
Y si bien a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) el congreso le otorgó un aumento en su gasto del 6.35% para el presente año –subió de 1,442 millones a 1,533 millones de pesos, para una diferencia a favor de 91,5 mdp-, el problema de la máxima institución educativa del estado sigue siendo la moratoria de pago del gobierno.
El pasado 7 de enero, el Rector Daniel Valdez Delgadillo informó que la administración bonillista no restablece aún el flujo normal de dinero a la institución -salvo un pago extraordinario en diciembre de 55 millones de pesos para cubrir aguinaldos-, por lo que el débito del gobierno aumentó ese día a mil 870 millones.
Hay un compromiso, de parte del gobernador, de pagar 200 millones de pesos para este enero porque tenemos una situación, una deuda que sufragar, y es importante que ya la podamos resolver. No es una deuda de préstamo ni nada que ver; es un tema de compromisos que tenemos que resolver” expuso el decano.
Lo peor es que de acuerdo con el Secretario General de la UABC, Edgar Ismael Alarcón Meza, hasta hoy ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Fiscalía General del Estado (FGE) han dado respuesta a la denuncia presentada por el cuerpo jurídico de la universidad en contra del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, por el adeudo que el anterior gobierno estatal dejó con la institución.
“No han solicitado mayor información o mandado a llamar a declarar a algún actor con relación a las denuncias interpuestas en octubre del 2019. Hasta el momento no hemos tenido respuesta de cómo va avanzando dentro de los juzgados la acusación también dirigida contra los ahora ex secretarios Francisco Rueda Gómez (General de Gobierno), Miguel Ángel Mendoza González (Educación y Bienestar Social) y Bladimiro Hernández Díaz (Planeación y Finanzas)”, sintetizó el directivo universitario el 8 de enero.
Imagen: El Mañanero Diario.
Los “chiquiados”
Es en este entorno presupuestal que el poder legislativo decidió para sí un incremento a su gasto del 8.7%, que incluye un gasto general del erario de 23.5 millones de pesos por cada uno de los 25 diputados sentados en el congreso, 13 de los cuales son del partido Morena que consumirán el 52% del egreso aprobado de 588 millones 694 mil 542 pesos.
Hasta donde hoy se sabe, los legisladores dejaron intocado su sueldo mensual en tabulador de 84 mil 289.50 pesos, así como la alta retribución a su personal sindicalizado y de confianza que incluye pagos mensuales para secretarias que van de 42 mil 601 a 64 mil 600 pesos, guardias de seguridad desde 25 mil 104 hasta 55 mil 782 pesos, oficiales de mantenimiento por hasta 45 mil 129 pesos, mensajeros desde 37 mil 808 hasta 46 mil 451 pesos, recepcionistas por 34 mil 640 pesos, y ayudantes de oficios varios por 29 mil 66 pesos.
Asimismo, asesores en asuntos jurídicos que ganan hasta por 50 mil 58 pesos al mes, capturistas de informática por 38 mil 538, coordinador de medios de comunicación por 65 mil, coordinador general de asesores por 79 mil 666, coordinador general de administración por 76 mil 268, coordinador de seguridad por 64 mil, y asesores de los diputados que ganan desde 25 mil hasta casi 72 mil pesos, que es el caso de Jesús Espinoza Sánchez, “asesor JCP” del diputado Elí Topete Robles del partido Movimiento Ciudadano.
Casta Dorada
Finalmente, porque el sistema de transparencia del portal oficial del gobierno estatal no actualiza hasta hoy la información, se desconoce si los altos funcionarios de la administración bonillista se redujeron el sueldo, empezando por Jaime Bonilla Valdez.
Por información del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, en agosto del año pasado se supo que Francisco Vega era el gobernador que menor salario mensual percibía en el país: 66 mil 667 pesos. Esto porque durante su sexenio aplicó reducciones personales a su ingreso que lo bajaron de 133 mil 352 pesos en noviembre de 2013, a la cantidad antes señalada.
Además, el entonces general de Gobierno Francisco Rueda Gómez (hoy ocupa ese cargo el ex priista Amador Rodríguez Lozano), y la procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva (hoy es Guillermo “Titi” Ruiz Hernández, con título de Fiscal General) percibían un sueldo mensual de 90 mil pesos.
Asimismo, puestos como el del Contralor General del Estado y secretarios de Planificación y Finanzas, y de Seguridad Pública, se ubicaban en 85 mil 499 pesos; seguidos por los del Secretario de Infraestructura y de Desarrollo Urbano del Estado (Sidue), y Oficial Mayor con ingresos al mes por 79 mil pesos.
Después venían ingresos por 72 mil pesos al mes para los titulares de Desarrollo Social, de Economía, de Pesca y Acuacultura, de Protección al Ambiente, de Turismo, del Trabajo y Previsión Social.
Finalmente, cabe recordar que el ex Presidente Municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, ganaba 93 mil 216 pesos mensuales, que la ex síndico procuradora de esa jurisdicción obtenía 91 mil, y el comisario municipal de Policía y Tránsito percibía 90 mil pesos.
Por insolvencias de transparencia y rendición de cuentas en el XXIII Ayuntamiento de Tijuana, se desconoce si Arturo González Cruz, actual alcalde, aumentó o disminuyó su salario, así como el de sus principales funcionarios entre los que se encuentra la hija del fiscal Guillermo Ruiz, la comunicóloga y productora de programas de asesoría legal en la cadena Primer Sistema de Noticias (PSN), de Jaime Bonilla Valdez, Karla Patricia Ruiz Macfarland, quien además de ser Presidente Municipal suplente, es Secretaria de Educación Pública en el gobierno de Tijuana.