Extracción vandálica de arena: La modificación del ciclo hidrológico de BC a cambio de 20 mil mdp (Parte 2 de 4)
En la documentación que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) proporcionó a 4 Vientos en respuesta a la solicitud de información sobre las concesiones de explotación de arena en los arroyos del norte de Baja California, existen abundantes pruebas de que este enorme negocio se da sin que el gobierno, en sus tres niveles, cuente con una regulación legislativa y administrativa de gestión ambiental, social y climática que identifique de manera técnica, científica y sustentable las consecuencias de la extracción del material pétreo.
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Edición: Olga Aragón
Foto destacada: El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente determinó en abril de 2022 que la extracción de arena en lugares en donde desempeña un papel activo, como los ríos y los ecosistemas costeros o marinos, “puede provocar la erosión, la salinización de los acuíferos, la pérdida de protección contra las mareas de tempestad y el deterioro de la biodiversidad” (Foto: PNUMA)
Ensenada, B.C., México, martes 14 de marzo 2023.- Además, es inevitable pensar que detrás de las cifras oficiales de extracción y ganancia existen otros datos relativos a la explotación ilegal del recurso, los cuales adquieren sustento en dos revelaciones:
A.- La CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) tenía en noviembre de 2021 solo 80 inspectores para verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las 517 mil concesiones que hasta esa fecha entregó a particulares en México, entre ellas las de explotación de recursos pétreos en Baja California; y al día practicaba un promedio de 12 visitas de fiscalización en el país (www.jornada.com.mx/notas/2021/11/29/politica/solo-ochenta-inspectores-tiene-conagua-para-vigilar-517-mil-concesiones/).
B.- El número de inspectores acreditados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en todo el país pasaron de 489 a 432 entre los años 2018 a 2022, lo que representó una reducción de 11.6 por ciento en el periodo (www.xevt.com/nacional/disminuye-numero-de-inspectores-federales-de-profepa-en-el-pais-/212291).
La insuficiencia en el número de supervisores del gobierno y de recursos materiales para que éstos realicen su trabajo de manera profesional, evidentemente impacta en la calidad y cantidad de protección a los bancos areneros bajo concesión o permiso de explotación no sólo de Baja California, sino de toda la república.
Tan sólo en el listado de permisos y concesiones que el titular de la Unidad de Transparencia de la Semarnat –Daniel Quezada Daniel– proporcionó en su respuesta a la petición de información 330026722002437, el 17 de agosto del 2022, la cual el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) notificó a 4 Vientos en correo electrónico cinco días después, se concluye de manera indiscutible que no hay verificadores suficientes para cuidar la correcta y legal extracción de arena.
De hecho, el funcionario federal se limitó a suministrar los números de registro a 126 Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) y 14 proyectos mineros relacionados con el tema, en el periodo 2002 a mayo de 2022.
Cabe destacar que, para presentar la lista y el enlace a consulta del estatus de trámites de resolución en los 140 expedientes, la unidad administrativa se tomó casi dos meses en contestar la petición que se formuló el 28 de junio del 2022.
Destaca en la respuesta que la dependencia federal evadió contestar preguntas concretas sobre diversos temas relacionados con el lucro de arena en Baja California y el resto del país
Por ejemplo, no presentó los argumentos técnicos y legales que originaron sanciones y/o cancelación de permisos o concesiones para extraer arena en los arroyos y ríos de Baja California, así como el número de inspecciones de verificación que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) practicó, y el monto de las multas que aplicó a los infractores.
Tampoco proporcionó el número de la Norma Oficial Mexicana que regula la extracción y aprovechamiento comercial de los bancos de arena ubicados en los arroyos y ríos de México, pauta que la Secretaría del Medio Ambiente debe usar –si la norma existe- como base técnica y obligatoria para otorgar los permisos ambientales de aprovechamiento del material pétreo.
Igualmente, no citó la cantidad y nombre de los estudios científicos nacionales o internacionales que la SEMARNAT consultó y aplicó para consentir los permisos ambientales en los proyectos de explotación de arena durante el periodo que va de 1990 a junio de 2022.
Finalmente, omitió dar información acerca de los nombres de los convenios, acuerdos, reuniones y/o análisis técnicos que la Secretaría sostuvo, organizó y discutió con la Conagua para evaluar técnicamente los volúmenes de utilización de arena a conceder.
En septiembre de 2016, cansados del enorme saqueo de arena en el arroyo Guadalupe, un centenar de residentes del valle vinícola más importantes de México bloquearon parcialmente la carretera Tecate-Ensenada para exigir castigo a los funcionarios de la Conagua y la Semarnat que permitían la extracción de grandes volúmenes del material (Foto: El Vigía).
GOBERNAR PARA ALIMENTAR A LA AVARICIA
De hecho, el único intento que el gobierno mexicano hizo en 30 años para estudiar la “Cadena Productiva de la Arena” lo concibió, en agosto del 2015, el entonces secretario de Economía Idelfonso Guajardo Villarreal, preso desde julio del 2021 por un juez federal que lo vinculó a proceso penal por el presunto delito de Enriquecimiento Ilícito.
Se trata de una propuesta que basó su investigación en el estado de México, colindante con la Ciudad de México y que no avanzó en materia normativa, pero sus limitaciones y tendencias son muy evidentes.
Por ejemplo, en sus conclusiones enuncia de manera genérica, sin aportar ningún dato específico, que “México tiene un alto potencial en la producción de arenas” y que “la mayor parte de las reservas (…) se encuentran sin explotar”.
Asimismo, tras destacar la “importante labor del intermediario como facilitador de las transacciones y como vía de ahorro de costos de transacción”, el estudio subraya que “es posible desarrollar mercados con base a productos secundarios, directamente del yacimiento o como productos con valor agregado”, que “se cuenta con un marco legal y normativo que cubre aspectos laborales”.
Y que “las arenas tienen estabilidad en su precio y demanda ascendente en las zonas de desarrollo inmobiliario”.
Por último, enfatiza en que “es poco común apreciar prácticas de mercado desleales entre las empresas participantes”, y en que “los obstáculos a superar por parte de intermediario o comercializador para incursionar en el mercado son relativamente simples”.
Del impacto ambiental o ecológico que la extracción intensiva de arena provoca y genera en el patrimonio natural de los arroyos, ríos y playas bajo explotación, el documento no mencionó nada.
Al amparo de permisos y concesiones federales de extracción, los bancos de arena en los arroyos del norte de Baja California no dejan de ser sobreexplotados (Foto: El Vigía).
LAS NORMAS QUE NO SE CUMPLEN
La evidente omisión informativa y política contenida tanto en la respuesta de Daniel Quezada como el estudio de Idelfonso Guajardo Villarreal, cobra relevancia para México el 26 de abril el 2022.
Ese día, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) hizo un llamado a los gobiernos del mundo a que reconozcan a la arena como un recurso estratégico tanto por su utilidad para la construcción como por sus múltiples funciones en la naturaleza.
La directora de la División de Economía del PNUMA, Sheila Aggarwal-Khan, manifestó que la arena es un material esencial para el desarrollo económico dado su papel en la construcción de viviendas y otra infraestructura.
“Pero su extracción de lugares en los que desempeña un papel activo, como los ríos y los ecosistemas costeros o marinos, puede provocar la erosión, la salinización de los acuíferos, la pérdida de protección contra las mareas de tempestad y el deterioro de la biodiversidad” –El uso de la arena debe regularse para proteger la biodiversidad | Noticias ONU (un.org)–, algo que ya sucede en México al pie de la letra.
Además, Aggarwal-Khan destacó que la arena proporciona hábitats y zonas de cría para una gran diversidad de flora y fauna, y desempeña “una función vital de apoyo a la biodiversidad”, como ocurre en el caso de las plantas marinas que actúan como sumideros de carbono o filtran el agua, aparte de que en las costas protege contra las mareas de tempestad y los impactos del aumento del nivel del mar.
Por su parte Pascal Peduzzi, coordinador general del informe “Arena y sostenibilidad: 10 recomendaciones estratégicas para evitar una crisis” (www.unep.org/resources/report/sand-and-sustainability-10-strategic-recommendations-avert-crisis), destacó:
“Nuestros recursos de arena no son infinitos y tenemos que utilizarlos de forma inteligente. Si conseguimos controlar la forma de gestionar el material sólido más extraído del mundo –50 mil millones de toneladas al año-, podremos evitar una crisis y avanzar hacia una economía circular” –El uso de la arena debe regularse para proteger la biodiversidad | Noticias ONU (un.org)–.
En resumen, el informe de Naciones Unidas incluye 10 propuestas fundamentales, entre ellas:
Igualmente, emprender acciones por hoy ni siquiera son concebidas en el sector oficial mexicano que regula el “aprovechamiento” del recurso: permitir la práctica de un abasto responsable mediante la adquisición consciente de arena de manera ética, sostenible y socialmente consciente; y restaurar los ecosistemas y compensar las pérdidas con conocimiento, medidas de mitigación y soluciones basadas en la naturaleza.
La escueta respuesta de Daniel Quezada a la solicitud de información de 4 Vientos desnuda la realidad: Hasta el 14 de marzo de este año, el gobierno federal mexicano no adoptaba ni aplicaba las 10 recomendaciones esenciales del PNUMA, y se desconocía si las incorporará en un plan oficial de manejo sostenible de los bancos de arena en playas, arroyos y ríos de México que frene los daños ambientales que provoca el irracional saqueo del recurso pétreo.
(CONTINUARÁ).
PARTE 1 DEL REPORTAJE:
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