EPN, “Kiko” Vega, Rueda Gómez y Juan Manuel Gastélum, acusados ante la CONAPRED por violar derechos de migrantes

El Presidente de México Enrique Peña Nieto, el gobernador de Baja California Francisco Vega de Lamadrid, el Secretario de Gobierno del Estado Francisco Rueda Gómez, y el Presidente Municipal de Tijuana Juan Manuel Gastelúm Buenrostro, fueron acusados ante la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación (CONAPRED) por violar el Derecho a la No Discriminación de los miles de migrantes centroamericanos que se encuentran de paso en el país en su viaje a los Estados Unidos de Norteamérica.

Dos organizaciones civiles de Baja California –el Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria, y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste-, presentaron su queja para que la comisión abra una investigación a los cuatro servidores públicos, a quienes además acusan de crear “un ambiente de discriminación y linchamiento” en contra de los migrantes que actualmente radican temporalmente en Tijuana, ciudad en donde un sector de la población se ha manifestado en su contra de manera desinformada, racista, manipulada, xenofóbica y violenta.

“La reacción de las autoridades de los tres órdenes de gobierno ha sido tardía e ineficiente, incapaces de contener los roces y las reacciones xenofóbicas y racistas de los tijuanenses, actitud que, de manera preocupante, se ha propagado difusamente en las redes sociales; incluso, mediante expresiones de intolerancia racial que crean un ambiente tenso en Baja California y particularmente en Tijuana”, manifiestan en su petición los activistas Gabriela Soraya Vázquez Pesqueira y Raúl Ramírez Baena.

Ambos denunciantes entregaron A los 4 Vientos una copia de su queja. A continuación presentamos el contenido del documento:

De acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, hasta el 19 de noviembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) envió a su país a 40 centroamericanos. Estas personas son parte de los 53 detenidos por agentes de la Policía Municipal local, luego de presuntamente cometer faltas administrativas (Foto: cortesía).

Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación

Ciudad de México

PRESENTE

Gabriela Soraya Vázquez Pesqueira en representación del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria, y Raúl Ramírez Baena en representación de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C., con domicilio para oír y recibir notificaciones en calle García González #9884 Col. Gabilondo en la ciudad de Tijuana Baja California, CP 22044 y dirección electrónica soraya63@hotmail.com, presentamos queja ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación en contra del Presidente Enrique Peña Nieto, del Gobernador del Estado de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid; del Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, Francisco Rueda Gómez, y del Presidente Municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastelúm Buenrostro, como autoridades responsables de fomentar la violación al Derecho a la No Discriminación, derecho amparado por el Artículo 1º Constitucional, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, conforme a los siguientes hechos:

Como es del conocimiento público, han ingresado a México en busca de asilo en los Estados Unidos, miles de personas desplazadas de sus lugares de origen, provenientes de Honduras y de otros países de Centroamérica, llegando a la ciudad de Tijuana en grupos escalonados la semana pasada, trasladándose de inmediato a la colonia Playas de Tijuana, adyacente a la barda fronteriza que divide los dos países.

De manera imprevista, un grupo de vecinos del lugar donde se instalaron estos migrantes, reaccionaron con violencia argumentando que se trataba de “delincuentes”, “drogadictos” e “invasores”. Los acusaron de ser agresivos con las autoridades mexicanas y de violar las leyes mexicanas por la forma como entraron al país y por lo mismo demandaban su repatriación inmediata bajo el argumento de que su colonia, hogares y familias estaban en peligro por la llegada de estos extranjeros. Se llegó incluso a las agresiones físicas y verbales entre los dos grupos, sin consecuencias graves.

La reacción de las autoridades de los tres órdenes de gobierno ha sido tardía e ineficiente, incapaces de contener los roces y las reacciones xenofóbicas y racistas de los tijuanenses, actitud que, de manera preocupante, se ha propagado difusamente en las redes sociales, incluso, mediante expresiones de intolerancia racial que crean un ambiente tenso en Baja California y particularmente en Tijuana.

Foto: BBC Mundo

Incluso, bajo el lema “NO QUEREMOS PANDILLEROS, DROGADICTOS, VIOLADORES, RATEROS Y MALVIVIENTES EN NUESTRAS CALLES”, grupos civiles llamaron a la población a una marcha que se llevó a cabo en Tijuana en repudio a los recién llegados.

En este contexto, las autoridades locales, además de no haber previsto las medidas necesarias para la recepción y ubicación de los desplazados centroamericanos, igualmente hubo omisión en brindar protección y seguridad tanto a los migrantes recién llegados como a los residentes de Tijuana. Pudiendo aminorar el impacto social ante la inminente llegada de esta población, mediante campañas de sensibilización a la población local, por el contrario, las autoridades municipales y estatales hicieron declaraciones que, en lugar de abonar a la solución pacífica del conflicto y de fungir como mediadores entre las partes, agudizaron el clima de xenofobia y de discriminación hacia los recién llegados.

Son destacables las declaraciones hechas por el Presidente Municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien acusó que entre estos migrantes hay “mariguanos” y personas violentas que ponen en riesgo la seguridad de los habitantes. Por lo mismo manifestó que no se les quiere en esta ciudad fronteriza y anunció su propósito de realizar una consulta ciudadana para definir si se siguen aceptando o no a los migrantes centroamericanos, alegando que entre el grupo de aproximadamente 2 mil personas que se encuentran en Tijuana se “han colado una serie de viciosos, gente que se dedica a otras actividades”, llegando incluso a utilizar el calificativo de “indeseables”.

“Queremos que se les aplique el 33 constitucional, Tijuana es una ciudad de migrantes, pero no los queremos de esta manera, fue distinto con los haitianos, ellos llevaban papeles, estaban en orden, no era una horda, perdóname la expresión y Derechos Humanos se me va a echar encima, pero los derechos humanos son para los humanos derechos”, dijo Gastélum Buenrostro.

Por su parte el gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, advirtió en un mensaje videograbado que se difunde por redes, que habrá “cero tolerancia” para los migrantes que se salgan del orden, con motivo de estas caravanas de centroamericanos que han estado llegando de manera paulatina a nuestra ciudad, alimentando la criminalización de los migrantes.

Francisco Vega (Foto: El Mexicano).

A su vez, el Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, sin ofrecer más alternativa y al margen de la voluntad de los integrantes de las caravanas así como de otras alternativas de protección y asistencia humanitaria, demandó a la federación que “oriente a las otras caravanas hacia otros puertos fronterizos”, en consonancia con el rechazo a su estancia en la ciudad.

Consideramos también inconvenientes las declaraciones hechas por el Presidente Enrique Peña Nieto quien, en el marco de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Antigua, Guatemala el pasado 16 de los presentes, al expresar que mientras el fenómeno migratorio “siga ocurriendo”, los estados deben comprometerse a hacer valer los derechos humanos de los desplazados, con independencia de su condición migratoria, “pero el migrante también tiene responsabilidades” y debe acatar las leyes, reglamentos y medidas del país donde se encuentra, entre ellos los relativos al respeto del orden público, manifestó.

Estas palabras, en lugar de distensar el conflicto, de sensibilizar a la población y de proponer una salida política y social, alimentan los temores de la población y alientan a los sectores radicales que actúan contra los migrantes desplazados.

Ahora, este ambiente de discriminación y linchamiento, que se agudiza con la marcha y la protesta del domingo 18 de noviembre en el albergue instalado por el gobierno en la ciudad de Tijuana en contra de los hondureños (sin duda una provocación), lanzando insultos y cantando el Himno Nacional como si fuera una invasión, representa también un riesgo latente para las y los defensores de los derechos humanos que pugnamos por la protección y asistencia humanitaria a los migrantes, como lo muestra el video profundamente xenófobo que desde ayer circula en el facebook desde Nuevo León, claramente tendencioso, que estigmatiza y criminaliza, alentando a los tijuanenses a su rechazo, recibiendo la aprobación de buena parte de los internautas:
https://www.facebook.com/pedroalejo.rodriguezmartinez/videos/10156887270406810/

Por lo anterior solicitamos:

ÚNICO; sea admitida la queja y se lleven a cabo la investigación correspondientes para el deslinde de responsabilidades y en su caso se aplique la sanción que conforme a derecho proceda.

Atentamente: Raúl Ramírez Baena: Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. Soraya Vázquez Pesqueira: Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria.