Ensenada rompe paradigmas. Es número 1 en tasa de muertes dolosas en BC y así destaca a nivel nacional
¿Cuáles son las consecuencias de la perdida generalizada de seguridad y calidad de vida de los residentes de Ensenada en los últimos 12 años, en que fueron y son gobernados por políticos emanados de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI)?
Javier Cruz Aguirre / A los 4 Vientos
22 de abril del 2017.- La primera respuesta es que el mes pasado representó el más violento para el municipio en los pasados 12 años: la Secretaría estatal de Seguridad Pública reportó que 17 personas fueron asesinadas de manera dolosa en marzo, lo que superó por cinco el record de muertes que registró apenas en enero de este año.
También que desbordó por mucho las tasas de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes que ocurrieron a nivel nacional y estatal en el primer trimestre del año.
Y que le bastaron los tres primeros meses de 2017 para conquistar el primer lugar en Baja California, junto con Tecate, en la estadística de asesinatos alevosos con un promedio de 7.8 personas por cada 100 mil de su población.
Además, desde el punto de vista social y psicológico, el sobresalto que vive la población local por el crecimiento de este tipo de crímenes , tal y como lo afirma la doctora Aída Imelda Valero Chávez, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM,) ha llevado a la ciudadanía “a buscar espacios seguros refugiándose en sus propias casas, aislándose, encerrándose en el individualismo y en la desconfianza, en el enojo, en el resentimiento y en el deseo de venganza”.
Caso especial es el de las mujeres, que en el total de 38 homicidios dolosos que se cometieron en el lapso enero-marzo representaron 12 casos, cifra sin precedente para un periodo similar de tiempo en los últimos 11 años y que duplica los números para el género de 2016, el año más prolífero en asesinatos intencionales hasta el momento en Ensenada con 66.
También destaca el número de asesinatos que se cometieron en la zona rural de Ensenada y principalmente en el Valle de San Quintín: 23 de los 38 reconocidos en la estadística oficial.
El implacable inventario
El padrón de Incidencia Delictiva en Baja California que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado elabora con base al “Número Único de Caso” para Mexicali, y un Acta de Averiguación Previa para el resto de los municipios, confirmó el crecimiento sin precedente de la violencia en la otrora tranquila Ensenada.
El instrumento oficial de medición, que sirve como base para crear las “Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2017” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública –que no incluye al total de víctimas registradas en los homicidios, por lo cual sus números son inferiores a la estadística estatal-, revela además hechos notables.
Por ejemplo, si a la cifra de muertes alevosas de enero y marzo se suman las nueve víctimas de febrero, el número total para el municipio de Ensenada en primer trimestre de 2017 se sitúa en 38, también la cifra más alta en los últimos 12 años.
Pero si a éste dígito temible se agregan los 12 asesinatos intencionales que se contaron del 1 al 21 de abril en el municipio, el recuento mortal sube a 50, sin contar los restos óseos que cotidianamente se descubren en el extenso territorio rural de Ensenada.
La información oficial tampoco deja duda de que, hasta hoy, marzo de 2017 ha sido el más letal con 17 muertes dolosas, seguido de los meses de enero y febrero de este año (con 12 y 9, respectivamente), y enero de 2016 también con nueve, como los más mortíferos.
Asimismo, la estadística -que cubre del año 2006 a marzo de 2017- permite ubicar el crecimiento excesivo de uno de los delitos de mayor impacto en la sociedad: los 38 asesinatos dolosos ocurridos en los tres primeros meses del año representan un promedio de tres personas muertas de manera intencional por semana.
Aquí, el punto de comparación se ubica en el primer trimestre de 2012, periodo en el que se tenía el record histórico de 17 homicidios dolosos para el periodo, lo que significaba menos de un asesinato y medio semanal.
Para decirlo de otra forma: en los tres primeros meses de 2017 Ensenada aumentó a poco más del doble el número de homicidios dolosos que registró en su momento de mayor violencia criminal en los últimos 12 años.
Escena cada vez más frecuente en Ensenada
Alarmante comparativa
Y no solo eso. El municipio de Ensenada si bien ocupó el tercer lugar en el estado en cuanto al número de asesinatos intencionales cometidos en el primer trimestre del año -Tijuana fue primero con 332, Mexicali segundo con 55, Playas de Rosarito cuarto con 24, y Tecate quinto con 8-, fue número uno en la tasa por 100 mil habitantes, que es la forma real y objetiva de medir la verdadera dimensión del problema.
Estos números básicos y el informe poblacional 2015 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), permiten obtener la tasa vigente de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en cada municipio: Ensenada y Tecate, 7.8; Mexicali, 5.52; Playas de Rosarito, 2.48, y Tijuana, 2.02.
Cabe destacar que la actual tasa representa un aumento histórico para los tres primeros meses de cada año en el periodo 2006 a 2016, que en promedio era de 3.4 por cada 100 mil habitantes.
Y que la dramática comparativa también se aplica en los números finales de Baja California en el primer trimestre del año: 457 casos (139 muertes en enero, 137 en febrero y 181 en marzo) para una tasa de 1.37 por cada 100 mil habitantes, medición que a nivel nacional se estableció en 1.68.
Aquí también es importante resaltar que en las “Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2017” de la Secretaría de Gobernación, dadas a conocer el pasado 20 de abril en la Ciudad de México, se ubicó a Baja California en el tercer lugar nacional en los números absolutos de homicidios dolosos con 409 casos, sólo superado por Guerrero (550 muertes intencionales) y el estado de México (478).
El apunte es de resaltar porque Baja California se colocó por encima de otros estados de la república que son emblemáticos en la mediatización pública del conflicto delincuencial y la violencia.
Por ejemplo Chihuahua reportó 384 muertes deliberadas, Veracruz 372, Sinaloa 344, y Michoacán 338.
Y ni hablar de los casos de Jalisco (291), Guanajuato (262), Oaxaca 8211), Morelos (174), Nuevo León (151), Tamaulipas (135) o la sorprendente Coahuila, con apenas 59 asuntos.
Descuella otro hecho: la estadística federal para Baja California no cuadra con la estatal. Hay una diferencia negativa en las cifras de Gobernación de 48 casos. Esto sucede aparentemente porque en el recuento del estado no se suma el total de víctimas reconocidas en cada delito que se reporta al Ministerio Público de Fuero Común.
Y en cuanto al número de homicidios dolosos cometidos tan solo en marzo del 2017, el más sangriento en el país durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en los números federales Baja California quedó en cuarto lugar con 155 víctimas, detrás de Guerrero (210 muertes), México (168) y Veracruz (161), mientras la incidencia delictiva estatal reportó 26 sacrificados más que no se contabilizaron para llegar a un total de 181.
Lo que queda
¿Feminicidios?
Obtener la estadística oficial que determine cuántos de los 12 asesinatos de mujeres de Ensenada sucedieron porque los delincuentes actuaron violentamente por motivos de género, es imposible.
Las cifras no precisan el número de feminicidios en los primeros tres meses del año simplemente porque el tipo penal casi no se utiliza en las agencias especializadas del Ministerio Público del Fuero Común, y tampoco se reporta como tal en el padrón oficial de incidencia delictiva.
Como ejemplo vale citar el caso de Cynthia Daniela Mejía Acevedo, de 26 años, que si bien fue asesinada por un novio celoso en mayo del año pasado, retomó actualidad el pasado 19 de abril cuando la juez Patricia Galván dictó sentencia de ocho años de prisión al autor del atentado sencillamente porque la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) calificó el crimen, y así lo turnó al juzgado, como “Homicidio Simple”.
Hasta el gobernador Francisco Vega de Lamadrid declaró públicamente su inconformidad, pero con la sentencia, no con la cuestionable actuación de su fiscalía en Ensenada.
El gobernador Francisco Vega, ¿sin uñas!
¿Cosa de narcos?
El polémico mandatario también expresó su opinión respecto al incremento de muertes premeditadas que suceden en Ensenada. El 21 de abril declaró que estos delitos de alto impacto suceden por dos motivos:
1.- La guerra por el “control de la plaza” que enfrenta a los cárteles del narcotráfico Sinaloa, Arellano Félix y Jalisco Nueva Generación.
2.- La “lucha muy fuerte” que los tres niveles de gobierno están dando al “crimen organizado” con acciones que incluyeron en los últimos meses, afirmó Vega, la confiscación de 13 millones de dosis de droga, 17 cateos a domicilios donde previsiblemente operaban delincuentes, y la consignación de 450 presuntos criminales a jueces penales del estado y la federación.
Esto último lo sintetizó así el gobernador: “Cuando hay una acción hay una reacción. Sabemos perfectamente que en los últimos años tanto Baja California Sur como nuestro estado han estado amenazados por un gran trasiego de droga y es por eso que se están reforzando las estrategias a nivel nacional para solucionar eso. No vamos a permitir que el crimen organizado se asiente en Baja California”.
Pero esta simplicidad en el enfoque de las causas y efectos del crimen, así como en el deslinde de responsabilidades, no la concibe igual la comunidad de Ensenada que vive el horror de perder amigos, familiares, vecinos o conocidos.
Para entender esa angustia e impotencia es necesario ponerse en el lugar de los familiares de personas lesionadas o sacrificadas en tres casos recientes:
1.- Magdalena Contreras, de 84 años, murió el 20 de abril a consecuencia de la golpiza que le propinó, a ella y a su esposo, de 83, un individuo que se metió a su casa a robar, bajo efecto de las drogas y por necesidad de comprar nuevas dosis de estupefacientes, en el poblado Maneadero.
2.- Ese mismo día una mujer embarazada que viajaba en un automóvil con destino al Valle de Guadalupe, rumbo a Tecate, recibió el impacto de balas que provocaron la muerte de su feto de siete meses de gestación. Por la misma agresión falleció otra persona y otra más quedó herida.
3.- El comandante de la policía municipal preventiva Sergio Echeverría Solís fue asesinado el 29 de marzo en las inmediaciones del poblado El Marmol, cuando el vehículo en el que viajaba con dos compañeros recibió una ráfaga de tiros.
Calificado por sus compañeros como “un buen policía, honrado y buen padre”, Echeverría murió meses después de que desconocidos colocaron en tres puntos del poblado Lázaro Cárdenas, en el Valle de San Quintín, mantas en donde se denunció como “protector de delincuentes” a uno de los policías que lo acompañaban al momento de la agresión sin que pasara nada
Es obvio concluir que no se trata solo de “asuntos entre narcos.”
El automóvil en donde viajaba el comandante Echeverría al momento del atentado.
La corresponsabilidad
En el ensayo “Violencia social en México: su impacto en la seguridad ciudadana”, la doctora en ciencias por la UNAM Aída Imelda Valero Chávez, destaca que la violencia acaba con la vida comunitaria y cuando esto sucede, se propicia la violencia.
“La violencia está íntimamente ligada a la vulnerabilidad de la población. Al deteriorarse la vida comunitaria por el clima de inseguridad que provoca miedo, aislamiento y que desanima a participar en la vida común, se debilita el tejido social que brinda seguridad a los miembros de la comunidad”.
Otro especialista en la materia, Carlos Beristain, perito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destaca:
“Hay impactos en el comportamiento colectivo, impacto en las víctimas que quedan en la marginación, en los hijos e hijas que tienen problemas con el manejo de la rabia, el odio, el miedo. También hay una deshumanización que se insensibiliza ante la violencia y se pierde la capacidad de empatía”.
Y esa es precisamente la realidad que hoy sobrellevan muchas familias del municipio de Ensenada, ante el incremento desproporcionado de los delitos de alto impacto como el homicidio doloso y todo tipo de robo.
Considera el experto de la CIDH:
“La inseguridad pública y la delincuencia son un reflejo de grandes contradicciones: la falta de profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, su forma de reclutamiento, el perfil socioeconómico del policía preventivo, auxiliar y judicial, los sueldos que reciben, la corrupción, la incorporación del ejército en tareas de seguridad en zonas de alta incidencia delictiva, la ineficiencia de las instituciones de prevención y readaptación social, el desempleo, la sobrepoblación y migración del medio rural al medio urbano, el narcotráfico, etcétera”.
Todos ellos son, sin duda, los factores que hoy se encuentran interactuando en Ensenada para destrozar su paradigma de seguridad.