En protección a las víctimas de la delincuencia, proponen reforma legislativa

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      Actualmente en la Ley de Atención y Protección a la Víctima o el Ofendido del Delito para el Estado de Baja California en vigor, se consideran distintos elementos para garantizar mecanismos institucionales de protección a los ciudadanos víctimas de un delito.

A los 4 Vientos

Sin embargo, señaló la diputada Claudia Agatón Muñiz al presentar su iniciativa de reforma este jueves 29 de junio de 2017, “considero que es necesario abundar en precisiones de dicha ley para establecer las suficientes medidas, tendientes a la reparación integral del daño, particularmente referidas a las medidas de restitución e indemnización, en cumplimiento de principios rectores de la materia, de conformidad con la Ley General de Víctimas”.

La legisladora del Partido del Trabajo dijo que es relevante precisar que de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Víctimas, en materia de compensación e indemnización debe atenderse con base a los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

“Como sabemos, la indemnización compensa de forma pecuniaria, el daño, pérdida o menoscabo de un bien, y estos criterios ya están configurados en nuestro marco jurídico a través de la ley estatal en comento, así como en los artículos 32 al 47 de código penal del estado”, comentó Agatón Muñiz y enfatizó que la iniciativa de reforma a la Ley de Atención y Protección a la Víctima o el Ofendido del Delito para el Estado de Baja California, se precisan algunos términos para “garantizar que la autoridad deberá investigar desde inicio la afectación del daño a la víctima, ya que en la actualidad se señala que la autoridad podrá investigar desde el inicio la afectación del daño a la víctima”.

Esto es importante, observó la legisladora ensenadense, ara que desde un inicio se enumeren y cuantifiquen las pérdidas económicas evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos considerados como patrimoniales o en contra la vida, la libertad y la integridad física o mental.

Y agregó:

“Al igual que los casos donde la víctima ha fallecido o quedado física o mentalmente incapacitado como consecuencia del delito, incluyendo el pago de los salarios cuando se cause incapacidad, el pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico, el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos y los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a los Derechos Humanos”.

En este último señalamiento, dijo, es importante incluir en la ley el supuesto de que quien comete el delito sea un servidor público en funciones, lo que implicaría que aparte del delito en sí, se estaría incurriendo en una violación a los derechos humanos de la víctima.

La iniciativa de reforma también incluye que las autoridades estatales, a través de sus mecanismos de asistencia social, deberán apoyar los gastos funerarios de las víctimas directas cuando la causa de muerte sea homicidio y cuando sus familiares no tengan los medios para solventar los gastos.

A los 4 Vientos incluye aquí la propuesta textual de la diputada Cladia Agatón.

Dip. Claudia Agatón

INICIATIVA DE REFORMA. (Las reformas en mayúscula)

ARTICULO 19.- El Agente del Ministerio Público, DEBERÁ dictar desde el inicio de la averiguación previa o investigación y durante el ejercicio de la acción penal o de la acción de remisión, las medidas necesarias a efecto de recabar pruebas para acreditar los daños y perjuicios causados a la víctima o el ofendido, incluyendo la fijación del monto de la reparación del daño, así como el aseguramiento y embargo precautorio de bienes para ese fin, LA REPARACIÓN DEL DAÑO DEBERÁ CONCRETARSE DENTRO DE UN PLAZO NO SUPERIOR A UN AÑO.

EN CASO DE QUE EL DELITO IMPLIQUE ADEMÁS UNA VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS, EL MINISTERIO PÚBLICO DARÁ PARTE A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, EN EL ENTENDIDO DE QUE, EN ESTOS CASOS, LA REPARACIÓN DEL DAÑO QUEDARA A CARGO DE LAS AUTORIDADES ESTATALES O MUNICIPALES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, CIVILES O PENALES DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE COMETA EL DELITO Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA VÍCTIMA.

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN CASO DE QUE EL DELITO IMPLIQUE LA PERDIDA DE LA VIDA DE UNA O MÁS PERSONAS POR HOMICIDIO, CANALIZARÁ A LOS FAMILIARES A LA DEPENDENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE ÉSTA LOS APOYE CON LOS GASTOS FUNERARIOS DE LAS VÍCTIMAS SIEMPRE Y CUANDO LOS FAMILIARES NO TENGAN LOS MEDIOS PARA SOLVENTAR LOS GASTOS.

Foto de portada: internet/Acapulco News

 


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